Una pericia clave acelera los tiempos
en el caso Mandagaray

Un informe del cuerpo forense de la Corte avala la teoría del “trato inhumano” antes de la muerte del joven policía de Río Negro. La audiencia previa al juicio podría llegar en noviembre.

La causa judicial por la muerte de Gabriel Mandagaray podría tener su control de acusación en noviembre. De ser así, el juicio contra los seis imputados se concretaría en el primer trimestre de 2023, a casi dos años del hecho que le costó la vida al joven oficial de la Policía de Río Negro. Todo ocurrió el 15 de abril de 2021, durante un curso para ingresar al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) que se realizaba en Bahía Creek.

El trabajo que realizan el fiscal Guillermo Ortíz y el abogado Damián Torres, por la querella, recibió un fuerte espaldarazo en los últimos días, a partir de una pericia del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, que complementa el trabajo de la forense local Araseli Panetta. Ese informe final de la perito todavía no fue incorporado al expediente.

El estudio del Departamento de Tanatología de la Morgue Judicial de la Suprema Corte de Justicia, al que tuvo acceso Río Negro, indica sobre una hemorragia subaracnoidea de forma bilateral que se observó en el cuerpo de Mandagaray que «teniendo en cuenta las circunstancias del hecho», «no se describe a la asfixia por sumersión como la causal de la misma».

Además, ante la consulta sobre si pudo surgir «secundariamente a los traumatismos padecidos en la región frontal por el impacto de la cabeza contra el tronco» y debido a los movimientos de «aceleración y desaceleración de la cabeza», la médica Patricia Estela Gómez llegó a la conclusión de que «sí, la misma pueden tener origen secundario o causa traumática».

«No necesariamente debe ser un mecanismo craneoencefálico grave acompañando o no de fractura ya que puede deberse a un traumatismo de cráneo moderado o grave por causa directa o por flexo-extensión», agregó.

En concreto, el informe -que demoró casi diez meses- determinaría que la muerte se produjo por ahogamiento, reforzando las teorías expuestas por el fiscal y el querellante durante la formulación de cargos. Para Torres, además, «entra en juego el derrame» que dijo «fue producto del maltrato, porque lo provocó el traumatismo con el tronco» con el que los aspirantes ingresaron al agua. «Eso es más grave y demuestra el trato inhumano que hubo en el curso» agregó el profesional.

Para completar la investigación, cuyo plazo prorrogado vence en los primeros días de noviembre, falta incorporar el informe final de la autopsia y la reconstrucción virtual que lleva adelante el área técnica de la Justicia rionegrina.

Con esos elementos a su disposición, el fiscal Ortíz y el querellante Torres coincidieron en que noviembre sería un plazo razonable.


Una causa con seis imputados


En noviembre pasado se realizaron dos audiencias de formulación de cargos y el fiscal Ortiz presentó cuatro hechos que fueron aceptados por el juez Juan Brussino, como así también la imputación de los instructores Marcelo Contreras, Alfredo Nahuelcheo, Maximiliano Vitali Méndez; además del jefe del COER, Alejandro Gattoni, por el delito de abuso de autoridad como coautores, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y como coautores de homicidio culposo en concurso real con el hecho anterior.

A Carlos Grasso y Oscar Szymansky -responsables del área de Capacitación de la Policía- los imputó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en calidad de autores y, finalmente; Contreras también fue imputado por lesiones leves, como autor en concurso real con los dos primeros hechos, sufridas por otro participante en el curso.

Todos los imputados llegarán a la audiencia de control de acusación en libertad y en principio como parte de una misma causa, aunque una alternativa es que el Ministerio Público Fiscal pida el desdoblamiento con los cuatro primeros imputados por un lado y los otros dos por otro.


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