La Cámara Criminal investigará el incendio del Juzgado
La fiscal Soly fue en queja ante ese tribunal luego que el juez Igoldi no hiciera lugar a su apelación.
Ataque a la justicia
La Cámara en lo Criminal de esta capital intervendrá en la investigación por el incendio intencional en el edificio sede del Superior Tribunal de Justicia.
La fiscal de la causa Itziar Soly recurrió en queja ante la Cámara por las detenciones y allanamientos que solicitó y que el juez penal Favio Igoldi le denegó. En realidad la funcionaria primero apeló esa medida, el magistrado no le hizo lugar y entonces la fiscal se fue en queja al Tribunal Penal.
Soly pidió las detenciones de los dos hermanos Collman y Ricardo “Chanchi” Becerra por considerarlos presuntos autores materiales del incendio intencional que afectó el juzgado penal a cargo del juez Carlos Mussi. También solicitó la privación de la libertad del abogado viedmense Ignacio Galiano por estimar que habría sido quien encargó el “trabajo” por una determinada suma de dinero que aún no ha sido determinada. La quinta detención fue solicitada para el policía Gustavo Salinas, a quien le imputó el delito de presunto encubrimiento en favor del abogado.
Sólo fueron detenidos y recuperado luego la libertad Ricardo Collman, Salinas y Becerra pero por resistencia a la autoridad al momento de ser allanados sus domicilios. Otras de las medidas requeridas por la fiscal y denegadas por el juez fueron dos allanamientos al estudio y el domicilio de una abogada joven por el presunto delito de “encubrimiento”, también en beneficio de Galiano. Trascendidos señalaron que se habría pedido la detención de la abogada, información que no pudo ser confirmada.
No obstante se supo que la letrada se habría presentado en la dependencia policial donde fueron detenidos los imputados para ejercer la defensa de alguno de ellos, trámite que no se le habría permitido por su inclusión en la causa por el incendio intencional en el Poder Judicial, teniendo en cuenta el pedido de la fiscal de allanar el estudio donde se desempeña y su domicilio particular.
Por otra parte, varios de los imputados tendrían antecedentes penales. En tanto desde la Policía se confirmó la suspensión en sus funciones del suboficial Salinas, quien se desempeñaba como notificador en la comisaria 34 de esta capital. Desde hacía un tiempo permanecía con adecuación de tareas sin la portación del arma reglamentaria. Además pesa en su contra, por lo menos, una sanción disciplinaria impuesta por la fuerza.
A la gravedad de este atentado contra el Poder Judicial, sin registros anteriores, se le suman las sospechas contra dos abogados, un uniformado y una presunta filtración de la información sobre la causa desde el juzgado de Igoldi que generó un sumario interno que desde hace un tiempo está a cargo de la jueza del Superior Tribunal de Justicia y delegada de esta circunscripción judicial, Liliana Piccinini.
DeViedma
