La Cámara resolverá la apelación de la fiscal Soly
El cuerpo judicial debe analizar los pedidos de detención que no fueron ordenados por el juez Igoldi.
Ataque a la Justicia
La Cámara en lo Criminal pidió el expediente completo de la investigación del incendio intencional en la sede del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
El pedido fue formulado por el presidente de la Sala A de esa Cámara, Marcelo Chironi, a los efectos de analizar el trámite realizado hasta el momento y resolver la queja elevada por la fiscal de la causa Itziar Soly.
El Tribunal estará integrado por Chironi, Guillermo Bustamante y resta la designación del tercer camarista en reemplazo de Jorge Bustamante que se encuentra de licencia.
En esta instancia los jueces no se pronunciarán sobre el fondo de la cuestión sino que sólo analizarán si la apelación planteada por la fiscal está bien o mal denegada por el juez penal Favio Igoldi.
En el caso de concluir que estuvo denegada correctamente, la causa continuará como hasta ahora pero si el Tribunal interpreta que el juez incurrió en un error se hará lugar a la queja y se ordenará que la apelación sea concedida. En ese caso la Cámara si analizará el fondo de la cuestión. Para resolver el Tribunal tiene un plazo acotado de tres días a partir de la conformación total de sus integrantes.
La fiscal de la causa que investiga el incendio intencional al Poder Judicial, Itziar Soly, recurrió en queja ante la Cámara por las detenciones y allanamientos que solicitó y que el juez penal Favio Igoldi no autorizó. Primero la funcionaria apeló esa denegatoria pero el juez tampoco le hizo lugar, recurriendo entonces en queja al Tribunal Penal.
Con pruebas y más de 100 horas de escuchas telefónicas consideradas por Soly importantes y suficientes para imputar le pidió al juez las detenciones de los dos hermanos Collman y Ricardo “Chanchi” Becerra por considerarlos presuntos autores materiales del incendio que destruyói el juzgado penal a cargo del juez Carlos Mussi. En el mismo escrito solicitó igual medida para el abogado viedmense Ignacio Galiano por estimar que habría sido quien habría encargado ese accionar por una determinada suma de dinero. La quinta detención fue solicitada para el policía Gustavo Salinas, a quien le imputó el delito de presunto encubrimiento en favor del abogado.
Sólo fueron detenidos y recuperado luego la libertad Ricardo Collman, Salinas y Becerra pero por resistencia a la autoridad al momento de ser allanados sus domicilios. Otra de las medidas requeridas por la fiscal y denegadas por el juez fue el allanamiento del estudio y el domicilio de una abogada joven por el presunto delito de “encubrimiento”, también en beneficio de Galiano.
Ahora serán tres camaristas penales los que definirán si la apelación ante la no autorización de detenciones y allanamientos denegada por el juez fue correcta o no.
Momentos claves del proceso
* El incendio se produjo pasadas las seis de la mañana del domingo 26 de julio pasado.
* El fuego afectó el juzgado penal a cargo de Carlos Mussi.
* En un principio se habló de un cortocircuito como el foco del fuego hasta que el propio juez Mussi advirtió la presencia de combustible.
* A medida que se fue despejando el hollín y lo que el incendio dejó se descubrió hasta un bidón con resto de líquido que el fuego perdonó.
* La primera fiscal que actuó fue Paula Rodríguez Frandsen y luego tomó el caso Itziar Soly, quien trabajó con tres policías: el comisario Carlos Bruno a cargo de la Dirección de Toxicomanía en Viedma y el subcomisario Gastón Leiva de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti. Participó al principio otro policía del Gabinete de Criminalística de Roca.
* El trabajo fue de campo, calle y escuchas telefónicas.
* A principios de setiembre la fiscal denunció ante Igoldi una presunta filtración de información sobre la investigación desde ese juzgado, iniciándose un sumario interno.
* A los dos meses del incendio pruebas científicas determinaron presencia de hidrocarburos derivados del petróleo en el bidón peritado y muestras de ADN en la escena del incendio.
* El 14 de octubre la fiscal pidió las detenciones y allanamientos. Estos últimos fueron autorizados al día siguiente.
DeViedma
