La causa dio un paso clave hacia el juicio oral

Leonardo Petricio

Los defensores pidieron el cierre de la causa; la fiscalía y los querellantes quieren ir al juicio oral.

NEUQUÉN (AN).- En una audiencia tensa con algunos cruces fuertes entre la acusación y la defensa, la causa de la Cooperativa Obrera dio ayer un paso fundamental hacia el juicio oral. El juez Marcelo Muñoz aceptó la nueva formulación de cargos contra los imputados, que ahora serán acusados de estrago culposo seguido de muerte, y rechazó los pedidos de sobreseimiento. El fiscal Marcelo Jara anticipó a “Río Negro” que “en un mes y medio o dos” pedirá la audiencia de control de acusación, en la cual se discutirá sobre las pruebas y se fijará la fecha del juicio oral. El querellante Gustavo Lucero dijo que la intención es hacer el debate antes de fin de año. A pesar de que la nueva acusación tiene una pena inferior a la anterior, que era estrago doloso (con intención), los familiares de las víctimas aplaudieron la decisión del juez Muñoz, quien rechazó todos los planteos de la defensa. La audiencia de ayer fue extraordinariamente larga (cuatro horas) para un caso de control de acusación, que suele demandar poco más de 30 minutos. Los sucesivos planteos de los abogados y sus cruces (ver aparte) la estiraron tanto que por momentos parecía que se estaba asistiendo a los alegatos finales de un juicio oral. El derrumbe de la Cooperativa Obrera ocurrió el 25 de octubre de 2012 y provocó la muerte de Fedra Yáñez (18), Thiago Yáñez (5), Juan Yáñez (3), Lorena Ockier (38), su esposo Evans Aguilar Quinteros, Ida Martínez (74) y Carlos Arrigoni (40). Además hubo una veintena de heridos. Los imputados son Néstor Guerrero (53) dueño del edificio, Alberto Diez (52) arquitecto, y José Silva (50) capataz de la obra. Estuvieron detenidos con prisión preventiva 5 meses y recuperaron su libertad. El fiscal Jara, con la adhesión de los querellantes Lucero, Carlos Iribarne, Héctor Stagnaro y Alejandro Marco, repitió los argumentos de una frustrada audiencia realizada el 19 de mayo: existió “una evidente impericia y negligencia” de parte de los imputados, lo que provocó el derrumbe de diez departamentos que se construían sobre el supermercado. Añadió que “por cuestiones económicas” hicieron “una obra clandestina” ya que “querían empezar a cobrar cuanto antes el alquiler” de los departamentos. Los defensores oficiales Raúl Caferra (Silva), Leandro Seisdedos (Diez) y el particular Martín Segovia (Guerrero) rechazaron la nueva formulación de cargos, dijeron que se violaba el principio de congruencia, y pidieron la absolución de los imputados. Segovia agregó que “la acusación es bastante pobre” porque “no describe la conducta de cada imputado”. Al resolver la cuestión el juez Muñoz señaló que la investigación no está cerrada y por eso se puede cambiar la calificación. Rechazó los pedidos de sobreseimiento y mantuvo la obligación de los imputados de presentarse cada 15 días en una comisaría.

tragedia del supermercado