La comunidad mapuche Buenuleo rechazó el fallo que confirmó el desalojo
Criticaron la sentencia del Tribunal de Impugnación Provincial que confirmó el desalojo de un lote en el cerro Ventana de Bariloche que usurparon, según la acusación fiscal, en septiembre del año pasado.
La lof mapuche Buenuleo se instaló en un predio al pie del cerro Ventana en septiembre de 2019. Archivo
La comunidad mapuche Buenuleo rechazó el fallo del Tribunal Provincial de Impugnación (TIP) que desestimó el recurso de la defensa de 9 mapuches imputados por el delito de usurpación de un lote, que está ubicado en el cerro Ventana, en Bariloche.
Los jueces del TIP confirmaron la orden de desalojo que había dictado el 16 de septiembre del año pasado el juez de garantías de esta ciudad Sergio Pichetto para restituir el lote a los dos particulares que hasta el 10 de septiuenbre de 2019 tenían la posesión del lote en litigio.
Aunque el TIP resolvió por mayoría que el desalojo se ejecute en un plazo de 90 días. Otorgaron ese plazo a pedido de la fiscalía para tratar de establecer una mesa de diálogo.
“Desde la Lof Che Buenuleo queremos hacer pública la resolución 90/2020 del Estado Nacional a través de su Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en la cual resuelve dar por cumplido el relevamiento técnico jurídico y catastral dispuesto por la ley nacional 26.160 y reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad lof Che Buenuleo”, destacaron en un comunicado.
“Asimismo, declaramos que rechazamos la resolución del Tribunal de Impugnación donde se ratifica el desalojo de la comunidad de su propio territorio, siendo esté ocupado históricamente por los Buenuleo”, afirmaron.
“De igual manera denunciamos públicamente al municipio de Bariloche que en su Carta Orgánica reconoce la presencia de los Pueblos Originarios y, sin embargo, a la Comunidad la deja a un lado, teniendo en su cartografía cientos de hectáreas nombradas Pampa de Huenuleo”, manifestaron.
“¿Dónde queda la interculturalidad del municipio?, ¿queda solo en una declaración o en algún momento se hará efectiva?”, plantearon.
“A su vez, la provincia pionera en leyes indígenas avala el pedido del fiscal jefe, Dr. Martín Lozada, que da cátedra sobre derechos humanos en la Universidad Nacional de Río Negro, pero en paralelo avasalla los derechos de nuestro pueblo avalando el accionar de matones como los que agredieron a pequeños y mujeres el pasado 29 de abril, hecho por el cual aún no se ha tenido respuesta alguna”, afirmaron en el comunicado.
Aunque se trata de dos causas penales que transcurren por caminos distintos. La causa penal por el delito de usurpación que Lozada, como fiscal jefe, impulsó, junto al fiscal Tomás Soto y el fiscal adjunto Gerardo Miranda, tiene como imputados a 9 personas, entre ellos, varios miembros de la comunidad Buenuleo a los que se les atribuyó haber despojado de un lote que poseían dos particulares.
La usurpación que la fiscalía les atribuye a 9 imputados ocurrió el 10 de septiembre del año pasado. Los cargos que los fiscales formularon -con la adhesión de la querella- fueron admitidos el 16 de septiembre de 2019 por Pichetto, que además ordenó el desalojo para restituir el lote a las personas que tenían la posesión.
La decisión de Pichetto la revisó y confirmó el juez Marcos Burgos, a principios de octubre pasado. Y el Tribunal de Impugnación Provincial resolvió el martes confirmar el fallo de Pichetto, que admitió la acusación fiscal.
Mientras que las lesiones denunciadas por miembros de la comunidad Buenuleo a manos de “matones”, que ocurrieron el 29 de abril pasado, se tramita en otro expediente.
De hecho, Soto formuló cargos el 1 de mayo pasado contra cuatro hombres por los delitos de lesiones leves, violación de domicilio, daño agravado por ser cometido en poblado y en banda, en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Buenuleo de esta ciudad.
“¿Cuál es el negocio que tiene tanto el municipio como la provincia sobre nuestro territorio ancestral? ¿Por que la provincia hace oídos sordo a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió sobre respetar nuestros derechos como pueblo originario?”, preguntaron en el comunicado.
“Nos sentimos totalmente desamparados y discriminados por la justicia provincial y la por la fiscalía de Bariloche quienes en lugar de juzgarnos nos persiguen”, denunciaron.
“Queremos hacer pública la decisión de la comunidad de defender nuestro territorio en la justicia y de que no nos despojaran nuevamente«, aseguraron.
«También queremos dejar en claro que qué somos una comunidad jurídicamente reconocida por el Estado con la personería jurídica 31/11 expedida por el INAI. No somos un privado como pretende mostrarnos la justicia provincial, somos una comunidad originaria”, afirmaron.
“Tampoco somos unos delincuentes, somos víctimas de la inacción estatal, del racismo y de la violencia de quienes pretenden adueñarse de nuestro territorio comunitario. Siempre estaremos dispuesto al diálogo, es lo que nuestro abuelo nos dejó”, aseguraron.
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