La herencia que recibe el nuevo presidente

Néstor o. scibona

Por Néstor O. Scibona | Con el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje se cerró la principal incógnita que mantuvo al país en suspenso durante buena parte del año y se abrirá a partir del 10 de diciembre una nueva etapa política y económica. La gobernabilidad será clave, ya que ninguna fuerza tendrá mayoría propia en la Cámara de Diputados de la Nación y ello obligará a negociar acuerdos para sancionar, reformar o derogar leyes, así como para buscar consensos y respaldo a nuevas políticas.

Los votos que consagraron al nuevo presidente incluyen además una expectativa de cambios y mejoras que contrastan con la real situación económica del país, afectada por cuatro años de estanflación, casi nula creación de empleos privados y una serie de desequilibrios de arrastre que se han agravado en el último año, aunque nunca fueron admitidos por el gobierno de Cristina Kirchner. También por un contexto externo más desfavorable, tras la caída de los precios internacionales de productos exportables, la devaluación de muchas monedas frente al dólar (entre ellas el real y el euro), la recesión en Brasil y la desaceleración económica de China.

Precisamente, una de las primeras tareas que tendrá por delante el presidente electo será sincerar la preocupante herencia macreoeconómica que recibirá del gobierno de CFK que –salvo grandes trazos– estuvo ausente de la campaña electoral, tanto de Macri como de Scioli. No es una cuestión irrelevante. Si no existe información sobre la real dimensión de los principales problemas que heredará el nuevo gobierno, la relación causa-efecto de muchas medidas puede ser confundida cuando se ponga en marcha un nuevo programa económico y afectar las expectativas a futuro, que juegan un rol clave para su éxito o fracaso.

Un trabajo elaborado por el economista Lisandro Barry (exsecretario de Finanzas en el 2002), permite ordenar parte de ese inventario (y al autor de estas líneas comentar –entre paréntesis– la magnitud y consecuencias de los problemas). A su juicio, si la Argentina aspira a retomar el crecimiento económico, con inversiones genuinas que permitan crear empleos formales y de mayor calidad, no podrá continuar con las siguientes condiciones:

• Viviendo con inflación. Aunque este año se reducirá al 26/27%, se ubica entre las cinco más altas del mundo. Este nivel conspira contra cualquier esfuerzo para disminuir seriamente la pobreza. Anula la perspectiva de promover el ahorro en pesos y el crédito hipotecario a largo plazo para que más familias puedan acceder a la vivienda propia.

• Perdiendo competitividad internacional, a través de un manejo cambiario deliberadamente negligente. El tipo de cambio real es hoy inferior al del fin de la convertibilidad y el segundo más bajo de los últimos 35 años. El deterioro se agrava –casi -40% vs. febrero del 2014– si se computa la devaluación de las monedas de los principales socios comerciales, en especial, Brasil y Europa. Las exportaciones totales de este año serán 20.000 millones de dólares más bajas que en el 2013.

• Despilfarrando reservas internacionales hasta llegar prácticamente a su agotamiento. Según el BCRA, las reservas brutas bajaron a 25.833 millones de dólares, o sea, 22.000 millones en cuatro años. Pero si deducen los pasivos en divisas (swaps, encajes, pagos bloqueados a bonistas, títulos en dólares, etcétera) las reservas netas llegarán en diciembre a una posición negativa de unos 6.000 millones. El economista Dante Sica explica este cuadro con una frase folclórica: “Las deudas son de nosotros; las reservas son ajenas”.

• Estableciendo severas restricciones a empresas y particulares para acceder libremente a divisas extranjeras. El BCRA acaba de endurecer el cepo y reducir al mínimo el cupo de dólares para importar, al igual que para agencias de viajes. Acumula pagos pendientes de importaciones por 9.000 millones de dólares y de 11.000 millones por giros retenidos de utilidades. No obstante, mantiene –y baten récords– las ventas de dólar ahorro.

• Castigando la generación genuina de divisas a través de gravámenes, trabas burocráticas y prohibiciones directas a la exportación. Las retenciones no se redujeron, aunque representan un 7% de la recaudación total. No se pueden exportar granos y carnes sin permisos previos –ROE– o están sujetos a cupos.

• Manteniendo al país en default en parte de su deuda internacional y en condiciones jurídicas de tal complejidad que traban cualquier acceso a recursos financieros externos. La deuda con los holdouts totalizaría unos 25.000 millones de dólares, incluyendo intereses y punitorios. De ese total, unos 6.100 millones están amparados por las sentencias de Griesa.

• Agravando el déficit y el desorden fiscal y financiándolo casi exclusivamente en forma monetaria por el Banco Central. El déficit se ubicará este año en 6/7% del PBI. La emisión para financiarlo superará los 200.000 millones de pesos y la colocación de nueva deuda interna, los 100.000 millones.

• Sosteniendo un sistema inconsistente de tarifas de servicios públicos que ha comprometido el abastecimiento energético, generado pérdida de reservas de gas y petróleo y dependencia de suministros externos que consumen divisas y abultan, a su vez, el déficit fiscal. Los subsidios a la energía y el transporte equivalen a casi 5% del PBI, casi 80% del desequilibrio fiscal. El atraso tarifario real es, en promedio, el mayor en siete décadas.

• Con las relaciones comerciales internacionales tensionadas o en conflicto con gran parte del mundo. Los permisos previos de importación (DJAI) caducarán el 31 de diciembre, según lo acordó CFK con la Organización Mundial del Comercio tras un fallo adverso de este organismo. No se definió aún el mecanismo de reemplazo.

• Tergiversando u ocultando las estadísticas públicas. El Indec discontinuó las cifras de pobreza y el nuevo Ipcnu no es creíble, al igual que la medición del PBI.

• Degradando la coparticipación impositiva con las provincias, debilitando así el federalismo y la democracia republicana. (Sin comentarios)

• Manteniendo porciones obscenas de ciudadanos en la pobreza y, a la vez, desincentivando la creación de empleos formales y de calidad. Según la UCA, la pobreza estructural se ubica en 28% de la población. La AUH permitió reducir la indigencia y elevar la escolaridad infantil, pero hay mucho por hacer para mejorar la calidad educativa y la formación laboral. El empleo en negro sigue en torno del 34% y en los últimos cuatro años sólo creció el empleo público.