La Justicia investiga a Duhalde por frenar juicios

Fiscales lo acusaron por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violación a pactos de derechos humanos

BUENOS AIRES (DyN) El presidente Eduardo Duhalde fue acusado ayer por la fiscalía federal de avasallar las "garantías judiciales" de los ciudadanos y violar pactos internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional, a raíz de la paralización de los juicios "anticorralito" que el gobierno dispuso por decreto el lunes último.

La acusación fue formulada por los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Gerardo Pollicita, quienes requirieron una serie de medidas de prueba al juez federal Rodolfo Canicoba Corral para determinar si Duhalde cometió delito al suspender, mediante el decreto 214/2002 y por 180 días, todos los procesos judiciales contra el "corralito" bancario.

Además del presidente, bajo investigación penal se encuentran ahora el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el canciller Carlos Ruckauf y los ministros Jorge Vanossi (Justicia), Jorge Remes Lenicov (Economía), Alfredo Atanasof (Acción Social), Ginés González García (Salud), José de Mendiguren (Producción), Rodolfo Gabrielli (Interior), Horacio Jaunarena (Defensa) y Graciela Gianettasio (Educación).

Si bien Duhalde y su gabinete ya habían sido denunciados ante el juez por presunta traición a la Patria, los fiscales se abstuvieron de acusar por ese delito y, en cambio, promovieron acciones para investigar a los funcionarios por abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes y violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo VIII), Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre ( XVIII y XXIV) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (I, VIII y XXV).

En el requerimiento de la fiscalía, al que tuvo acceso DyN, figuran principios internacionales sobre Derechos Humanos que, a criterio de Alvarez Berlanda y Pollicita, habrían sido vulnerados por el gobierno mediante el decreto 214/2002, que dispuso la suspensión de las causas contra el "corralito" en respuesta al fallo mediante el cual la Corte Suprema de Justicia declaró el viernes la inconstitucionalidad de las medidas que prohíben a los ahorristas recuperar fondos confiados a los bancos.

Acusaciones puntuales

Puntualmente, los fiscales acusaron a Duhalde y sus colaboradores por la supuesta violación de normas que garantizan a los ciudadanos el "Derecho de Justicia", el "Derecho de Petición" a las autoridades y la facultad de buscar amparo en la "Protección Judicial".

Los fiscales propusieron al juez que requiera al Ministerio de Economía y al Banco Central los antecedentes que dieron origen al decreto 214 y que reclame, además, informes sobre comunicaciones oficiales destinadas a hacer cumplir la suspensión de los juicios.

También sugirieron pedir copias del decreto a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Por su parte, el abogado Gustavo Romano Duffau se presentó ayer ante los tribunales de Lomas de Zamora para pedir que se declare la inconstitucionalidad del decreto 214: "Se está violando la Constitución de manera flagrante", argumentó.

En consonancia con el letrado, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, falló en favor de un ahorrista al establecer que el decreto 214 es contrario a la Carta Magna.

La medida dispuesta por Duhalde tendía a mitigar los efectos de la resolución de la Corte Suprema que consideró inconstitucional al denominado "corralito financiero".

Un fallo declaró inconstitucional el decreto

Bahía Blanca (Télam).- Un juez federal de Bahía Blanca declaró inconstitucional la medida del gobierno de prohibir durante 180 días la acción judicial contra el llamado "corralito" financiero, señalando que también viola el Pacto de San José de Costa Rica.

"Nadie ignora que la Nación afronta la crisis económica más seria desde los mismos albores de la Patria, pero no ha de suponerse por eso que la solución esté en violar la Constitución Nacional", dijo en un fallo el titular del Juzgado Federal 1, doctor Alcindo Alvarez Canale.

La decisión judicial se originó ante un requerimiento del fiscal federal Antonio Castaño, dentro de una causa en la cual el juez también rechazó un recurso de amparo presentado por el ingeniero Claudio Roberto Santos quien el último 26 de diciembre reclamó la posibilidad de disponer de un dinero colocado a plazo fijo en un banco local.

En este caso específico, el juez Alvarez Canale rechazó el amparo que contra la medida del Poder Ejecutivo Nacional presentó el ingeniero Santos y remitió el caso a la Corte Suprema.

No obstante, y a pedido del fiscal federal Castaño juzgó que el artículo 12 del decreto 214/2002, que dispuso la prohibición de accionar judicialmente contra el "corralito" financiero por 180 días "es inconstitucional".

También consideró el juez Alvarez Canale que dicho decreto transgrede lo dispuesto en el Apartado 1 del artículo 21 del Pacto de San José de Costa rica.

El ingeniero Santos, al que le fue rechazado el recurso de amparo presentado reclamando su dinero, está actualmente desocupado.

Intenso "caceroleo" contra los bancos en la "City" porteña

BUENOS AIRES (DyN) - Con la infaltable percusión de las cacerolas como música de fondo, pero con el agregado de coronas mortuorias y ramos de flores, cientos de ahorristas recorrieron a modo de caravana fúnebre los bancos de la city porteña en rechazo al corralito financiero y a la pesificación dispuesta por el gobierno nacional.

Pacífica desde su inicio en el corazón financiero de Buenos Aires hasta su finalización frente a la Casa de Gobierno marcharon los manifestantes, en su mayoría por hombres y mujeres que peinaban canas.

Las calles San Martín, Reconquista, Sarmiento y Bartolomé Mitre, marcaron el recorrido de los ahorristas, haciendo parada en los bancos , donde manifestaron sus malestar por las medidas que afectan sus intereses económicos.

"No bonos, no pesos. Sí dólares", señalaban algunos carteles mientras se ofrendaba una corona al pie de los frontispicios de las entidades bancarias.

La caravana logró entrar a algunos de los bancos, como el caso del Banco Río de la calle Bartolomé Mitre, pero enseguida comenzaron a bajar masivamente las persianas de otras sucursales.

Perfil del "cacerolero"

La mayoría de las personas que participaron en el cacerolazo del pasado viernes en la Capital Federal, no están afectados ni por el corralito ni por deudas no pesificadas, con lo cual la flexibilización de las restricciones bancarias no aplacaría el fenómeno.

Así lo reveló una encuesta de Carlos Fara & Asociados, según la cual el 68% de los "caceroleros" no tiene dinero atrapado en el corralito, y el 88% no tiene deudas en dólares no pesificados.

En el plano político, Fara señaló que la mayor parte de los encuestados no iría a votar o no sabría por quien hacerlo, si hoy hubiera elecciones presidenciales. El 43% de los que participaron en el cacerolazo no tiene más de 30 años y "dos tercios no tienen más de 45", señaló Fara.

La encuesta señala que "más de la mitad" de los manifestantes tienen estudios terciarios y están ocupados.


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