La racionalidad económica atrapada bajo fuego cruzado

El Ministro Guzmán pretende un sendero de orden fiscal, pero choca con la receta que impulsan desde las filas del propio oficialismo.

Rompecabezas de unidad. El oficialismo cerró filas ante el fallo de la Corte, tras dos semanas de furiosa disputa interna.

“Un político divide a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos”. La frase pertenece al célebre filósofo alemán Friedrich Nietzsche y si bien fue pronunciada en el ocaso del Siglo XIX, podría servir para describir acabadamente el escenario político vernáculo.


Mientras la crisis sanitaria no da tregua, los contagios y las muertes por Covid se multiplican por miles a diario, el sistema de salud colapsa, la inflación se mantiene en niveles récord y el empleo escasea, la clase política argentina solo tiene en mente la minúscula disputa electoral que se avecina en un par de meses. Es la única forma de interpretar la sucesión de desencuentros y decisiones en las últimas dos semanas, donde la especulación política es la principal prioridad, relegando los objetivos de política económica y sanitaria a un segundo plano.


Pero algo que probablemente Nietzsche jamás imaginó, es que en un escenario como el que ofrece la política argentina en 2021, la categoría “enemigos” puede incluir a quienes en los papeles deberían contarse en las filas amigas, y que el fuego puede llegar desde el frente pero también desde la retaguardia.

Es el lugar en que quedó colocado el Presidente Alberto Fernández junto al Ministro Martín Guzman, tras el escándalo en torno a la salida que no fue del Subsecretario de Energía Federico Basualdo. El entuerto estuvo a punto de llevarse puesto al Ministro, que finalmente se sostuvo en el cargo, pero quedo expuesto debiendo acatar el criterio que le fuera impuesto desde el kirchnerismo en cuanto a la política tarifaria.

Apenas unos días después, un fallo de la Corte Suprema de la Nación, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la presencialidad en las escuelas. Muchos interpretaron la noticia como una derrota política del gobierno. Sin embargo el fallo logró el resultado que dos semanas de negociación interna no había generado: después de varios meses el Presidente Alberto Fernández, la Vice Presidenta Cristina Fernández, el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, coincidieron presencialmente a la misma hora y en el mismo lugar.

Los números detrás del debate por las tarifas
El afán de Guzmán tiene asidero simplemente en los números. Pocos podrían señalar al Ministro por ser conservador o fiscalista. Conocida es su formación heterodoxa bajo el ala del premio Nobel Joseph Stiglitz. Difícilmente Guzmán sea recordado en los días postreros como “el Ministro del ajuste”. Sin embargo, lo que sí tiene el Ministro es conciencia de las luces rojas que arroja el tablero macroeconómico que le toca gestionar. También de la supervisión a la que está sometido de parte del Fondo Monetario, si el objetivo es alcanzar un acuerdo que destrabe el yugo de la deuda por los u$s 44.000 millones que llegaron desde mayo 2018 y se esfumaron en apenas un año. Una supervisión que Guzmán jamás pidió, que le fue impuesta por el desastre que le heredaron sus antecesores, pero a la cuál debe atender si desea alcanzar la meta de liberar el horizonte financiero.

La disputa que desencadenó el pedido de renuncia del Subsecretario Federico Delgado, se remonta a fines del año pasado, cuando al momento de elaborar el Presupuesto 2021 se debatía internamente en el gobierno si este año se implementarían uno, dos, o tres actualizaciones de tarifas. Desde las filas kirchneristas proponían un esquema segmentado con una sola actualización anual, en el que los sectores de mayor consumo (los de más alto poder adquisitivo) enfrentaran un incremento mayor, y los sectores populares un aumento menor. El Ministro en cambio, era partidario de aplicar tres actualizaciones este año, una en el primer semestre, una previo a las elecciones y otra a fin de año.

Al observar los datos es evidente que sea cual sea el esquema de actualización elegido, es insoslayable la necesidad de actualizar los precios que año tras año quedan descalzados en relación al costo de producción, lo que con el paso del tiempo se convierte en una masa de subsidios cada vez mayor.

El punto queda claro en el primer gráfico que acompaña la nota, donde se aprecia el porcentaje del costo de producción que pagan los consumidores. Se aprecia con claridad como el congelamiento de tarifas vigente hasta el 2015 hizo que la porción del costo de producción afrontada por los consumidores fuera cada vez más pequeña. Para que el sistema siga funcionando, alguien debe poner la diferencia. Y ese alguien es el Estado. Se observa además cómo los tarifazos aplicados entre 2016 y 2018, llevaron esa porción desde el 14% al 62%. La última actualización tuvo lugar en mayo de 2018, y desde ese momento, la dinámica volvió a revertirse. En 2021 la demanda solo atiende el 35% del costo de producción.


La contracara de ello, es el peso de los subsidios como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). En 2016, la masa total de subsidios se llevaba un 3,5% del PBI. Esa relación se redujo hasta el 1,6% en 2019, pero volvió a incrementarse en 2020 a raíz del aumento de gasto para contener la pandemia, y hoy ya representa un 3,1% del PBI.
Esa es la foto que Guzmán tiene delante. Esa es la principal carta que jugará el FMI en la mesa de negociación. Lo sabe el Ministro, y lo que busca es anticipar su propia jugada, mostrando la intención de corregir el desajuste antes que esa corrección se convierta en una exigencia como condición para un acuerdo.


El problema de Guzmán, es que en el ala dura del kirchnerismo, endilgan al FMI el haber financiado la carrera de Mauricio Macri a la reelección, y por lo tanto están convencidos de que el préstamo que ahora debe abonarse, fue ilegítimo no solo por su finalidad, sino por haber sido otorgado violando el propio estatuto del organismo. Creen por tanto, que el programa económico debe estructurarse en base a las necesidades de la economía nacional, y no con la mirada puesta en las posibles exigencias del Fondo.

La racionalidad económica en medio del fuego cruzado
Las diferencias que existen hacia dentro del oficialismo van mucho más allá de una simple discusión en cuanto al nivel de actualización de las tarifas. Se tratan más bien de distintas formas de entender la administración de los recursos públicos, de diferentes visiones acerca del rumbo que debe tomar la economía nacional, y de severas discrepancias en cuanto a las formas de alcanzar los objetivos.

Desde el ala kirchnerista del gobierno entienden que lejos de aplicar una receta de racionalidad fiscal como la que pretende empezar a esbozar Guzmán, el momento que atraviesa el país pide que el Estado abra la billetera y derrame recursos sobre los sectores más desprotegidos. En esa lógica, mantener las tarifas de los servicios públicos congeladas, es apenas uno de los ítem. En la lista de medidas que el kirchenrismo pretende imponer a Guzmán, figura también el regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un control más estricto sobre los precios de la canasta básica (especialmente los alimentos), la intervención del mercado interno de la carne y la suba de retenciones a la exportación de carne a fin de garantizar precios accesibles, y que la partida extraordinaria que el FMI enviará a los países socios para la asistencia de la crisis por el Covid, sea utilizada a tales fines y no para el pago parcial de los vencimientos de este año con el organismo, como pretendía el Ministro.

Cerrando filas. El gobierno se reagrupó, pero las diferencias de criterio siguen sin ser zanjadas.


El estado de situación en la discusión interna bien podría catalogarse como “stand by”. Cada uno mantiene su mirada y espera los tiempos políticos. El desenlace del “affaire Basualdo” es toda una señal. Guzmán afirma que Basualdo ya renunció, el Presidente dice que no renunció pero lo hará en breve, y en el entorno de la Vice Presidenta indican que Basualdo se queda. Al día de hoy pese a que sus superiores directos lo quieren fuera, el funcionario de tercer rango se mantiene en el cargo. Claramente alguien lo sostiene políticamente en ese lugar.

La racionalidad que Guzmán pretende comenzar a imprimir a la gestión, choca de frente con la retórica que aman cerca de la Vice Presidenta. Al Ministro no le perdonan el haber establecido a fines de 2020 el final del IFE. Mucho menos que el conductor de la política económica haya celebrado explícitamente en el mes de abril, que el primer trimestre del año 2021 culminó con el menor déficit fiscal de los últimos seis años.

En el kirchnerismo postulan que el plan económico debe idearse en base a las necesidades propias, y no con la mira en las exigencias del FMI.


Paradojas de la política argenta. Con el calendario electoral en marcha, sería natural que la oposición busque los resquicios por los cuales “entrarle” al gobierno. Lo que Guzmán jamás esperó es que los ataques más furibundos llegasen de las filas propias. Un Ministro de un gobierno que se reconoce a sí mismo como nacional y popular, que comienza a cerrar capítulos como la deuda con los privados, la deuda con los organismos multilaterales, y el déficit fiscal, típicos problemas heredados de una etapa caracterizada por políticas pro mercado, que en lugar de ser fortalecido y apuntalado, es jaqueado por los propios.

Nada de lo que una oposición desarticulada, insípida, cultora de la crítica por la crítica misma y carente de ideas propias no pueda ocuparse de solucionar: menudo favor al oficialismo terminó resultado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adverso para el gobierno y favorable al gobierno de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. La necesidad de cerrar filas hacia el frente, puso pausa a las discusiones puertas adentro, y logró la unidad frente a las cámaras. Una unidad que para sostenerse en el tiempo, deberá volver a cristalizarse en la conformación de listas para octubre.

Datos

35%
El porcentaje del costo de producción que pagan los consumidores. Era del 14% en 2015n y del 62% en 2019.
2018
El año en que se aplicó la última actualización de tarifas de los servicios públicos.

SUSCRIBITE A NOTICIAS DIARIAS
Todos los días un correo con las noticias más importantes del día.

Comentarios


La racionalidad económica atrapada bajo fuego cruzado