“Le pedimos el retiro de tan vergonzosa propuesta”

Al diputado de la provincia de Neuquén, Tomás Eduardo Benítez: Respondo el contenido de una nota periodística aparecida en “Río Negro”, según la cual resultaría de su autoría un proyecto de ley presentado ante la Legislatura de la provincia del Neuquén proponiendo la creación de una “Defensoría del Policía”, lo que posteriormente se confirma con la información sobre su actividad que aparece en la página web oficial de dicha Legislatura. A la distancia, a pesar de la poca información sobre los fundamentos de tal iniciativa y aún presumiendo de la buena intención que la podría haber motivado, me permito hacer conocer a usted el más absoluto repudio a la misma por parte de la entidad que represento y que desde hace más de una década viene bregando por el reconocimiento al trabajador policial como ciudadano pleno y, por lo tanto, capaz de ejercer sus derechos constitucionales como cualquier otro habitante de este suelo. Señor diputado: su propuesta agravia y discrimina a los camaradas trabajadores policiales neuquinos y, por extensión, a todos los policías y penitenciarios argentinos, a los que, pese a la vigencia de 30 años de democracia, los sucesivos gobiernos les siguen negando derechos fundamentales. El derecho sindical para los trabajadores policiales y penitenciarios es reconocido en la mayoría y principales países del mundo y hasta en Latinoamérica. Países como Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia y otros lo hacen en forma total o solamente lo limitan cuando de fuerzas de seguridad nacionales se trata. El hecho de que en la República Argentina se sigan negando estos derechos, cuando la Constitución Nacional en su artículo 14 bis lo garantiza plenamente sin limitación o exclusión alguna y la ley que reglamenta este derecho (53.551 de Asociaciones Profesionales) no lo limita de ninguna forma, es nada más que una demostración del poco respeto que nuestra clase política demuestra hacia las bases de nuestra nacionalidad plasmada en la propia Constitución del país, desconociendo, por otra parte, la recomendación de garantizar este derecho a los trabajadores policiales en el informe de diciembre del 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la cual nuestro país es signatario. De allí que resulta también sorpresivo que un representante del pueblo en lugar de procurar la vigencia de este derecho, busque una salida tan antipática y discriminatoria hacia los ciudadanos policías como lo es una defensoría, que nos lleva a pensar que quienes visten el uniforme azul no resultan personas visibles de plena capacidad como bien lo señala nuestro Código Civil sino incapaces de defender sus derechos, inhábiles a los ojos del legislador para desempeñarse como personas capaces de “adquirir derechos y contraer obligaciones”. Aunque obligaciones, bien sabemos todos, le caben muchísimas, todo ello a pesar de no haber sido declarados incapaces en juicio como ese mismo código lo señala. No dudamos, desde nuestra entidad, de que seguramente la mejor intención puede haber impulsado su propuesta, pero tampoco dudamos de que el error es muy grave, aun sin agregarle el innecesario párrafo sobre la imposibilidad de que pueda resultar defensor quien sea o haya sido policía. Con esto se agrava la propuesta al pensar que la tarea estaría a cargo de quién, para colmo, ni siquiera conoce los problemas del trabajador policial. Sr. Diputado: desde nuestra Asociación nos hemos permitido dirigirnos a usted porque aún cuando podría llegar a pensarse que no es un problema que atañe a los trabajadores policiales de la provincia de Buenos Aires entendemos que todo lo que afecte o dañe a un trabajador policial en la República Argentina es nuestro problema y que, en épocas en que el mayor reclamo social es la deficiencia en la seguridad pública, es también el problema de todos. La clase política dirigente argentina debe dar a los ciudadanos-trabajadores-policías los derechos que les corresponden y ellos se encargarán de defenderlos y, de paso, se ahorrarán algunos sueldos en una ofensiva defensoría que, casi con seguridad, ocupará el amigo o familiar de alguien. A la fecha, una veintena de asociaciones que agrupan a personal policial de varias provincias argentinas componen la Fasipp (Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios), que esgrime como lema principal: “La seguridad es posible siempre y cuando se respeten los derechos del trabajador policial y penitenciario”. Dicha entidad ha sido informada oportunamente por nosotros de su proyecto y, seguramente, se expedirá al respecto como también hará conocer esta situación a la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, con sede actual en la República Oriental del Uruguay, de la que forma parte. En vistas de las razones expuestas nos permitimos sugerir el retiro de tan vergonzosa y denigrante propuesta. Miguel Ángel Reynoso Secretario general Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires

Miguel Ángel Reynoso Secretario general Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires