Ley de Etiquetado Frontal: un proyecto para alimentarnos bien y con conciencia

La Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos continúa esperando su debate en Diputados, luego de obtener media sanción en octubre. En una nota con Río Negro Radio, la licenciada en Nutrición Victoria Tiscornia comentó los puntos más importantes del proyecto.

¿Sabemos lo que comemos? Seguramente la respuesta más común sea que sí. Todos creemos estar al tanto de lo que consumimos, y muchas veces aseguramos con holgura que es una elección: “Como esto porque quiero”, “hoy me doy un gustito” y muchas frases de este estilo forman parte de nuestro vocabulario. Sin embargo, las estadísticas nos contradicen.


“La realidad es que hoy no conocemos lo que estamos comiendo. Esto ha sido demostrado por una encuesta nacional que muestra que menos del 15% de la población comprende la información nutricional de los envases. Frente a esta situación, resulta necesario que el Estado cumpla su obligación de asegurar el derecho a la información de sus consumidores y a una alimentación adecuada”, aseguró Victoria Tiscornia, Magister en Nutrición Humana y Licenciada en Nutrición, quien charló con En Eso Estamos por Río Negro Radio sobre la Ley de Etiquetado Frontal.

Dicho proyecto de ley fue aprobado casi por unanimidad en octubre en el Senado, aunque sigue en discusión en Diputados. Pero, ¿de qué se trata? “Lo que el proyecto de ley nos asegura es que se cumpla el derecho a la información de los consumidores, a conocer realmente qué alimentos tienen nutrientes críticos en exceso”, explicó Tiscornia.


Se consideran nutrientes “críticos” para la salud pública a las grasas, azúcares, sales y demás.“Esos nutrientes, consumidos en exceso, producen enfermedades crónicas como obesidad o diabetes, que en Argentina tienen alta prevalencia. Según relató la licenciada, siete de cada diez adultos en el país tienen exceso de peso. Con todo esto en cuenta, es fundamental el impuslo a un proyecto que “está basado en los mejores estándares de la salud pública” y que, de aprobarse, significaría “un paso sustantivo y ejemplar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la mejora de la alimentación y en la salud pública, previniendo enfermedades, discapacidad y muertes”, tal cual afirmó UNICEF.

Este proyecto, que cuenta con un amplio apoyo popular, es considerado como una versión mejorada de lo que ya se ha implementado en otros países. “Es una ley modelo porque tiene, por un lado, un sistema gráfico de advertencias respecto al exceso de nutrientes críticos. Además, se utiliza el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud como medida. Se ha demostrado que ambos métodos son los más efectivos para ser utilizados acá”, deslizó Tiscornia.

Las etiquetas irán al frente de los envases, y tienen como objetivo señalar el exceso de nutrientes “críticos” para la salud.


Además, la licenciada resaltó que “es un proyecto integral, porque incluye una restricción de publicidades dirigidas a niños, niñas y adolescentes de alimentos y bebidas. Aquellos alimentos que presenten un sello negro en el frente del envase no podrán ser publicitados para niños, y no podrán tener promoción ni venta en entornos escolares”.

Es allí donde se abre un paréntesis importante: el proyecto no solo busca ayudar a modificar nuestros hábitos alimenticios, sino que también tiene como objetivo educar al respecto, para que las generaciones más nuevas conozcan la importancia de la alimentación saludable.


“Lo más importante es que el entorno te lleve a hacer elecciones saludable, que sea la elección más fácil. Es algo fundamental para niños y niñas el hecho de que estos productos procesados no se vendan en las escuelas ni se publiciten, porque ahí ya condicionas la elección y educás al respecto”, afirmó Tiscornia.

Las medidas que se implementarían de aprobarse el proyecto ayudan a comprender y adoptar una alimentación saludable con las elecciones correctas: ya no más productos considerados light pero con excesos encubiertos. “Los alimentos que presenten uno o más sellos no van a poder presentar información nutricional complementaria. Esto es por ejemplo cuando dicen ‘Light’ o ‘Reducido en azúcares’. Hoy la industria usa eso a su favor, para publicitar a sus productos como saludables; pero está evidenciado que eso confunde al consumidor y le hace creer una cosa, cuando el producto puede tener por ejemplo tres cucharadas de azúcares y no lo informan. Con este proyecto de ley nos aseguramos que no se presente información contradictoria al consumidor, para que pueda elegir alimentos efectivamente saludables”, comentó Victoria.

La intención es desalentar el consumo de alimentos ultraprocesados, que suelen ser los peores.


En este momento, la ley está “trabada”, y según deslizó la licenciada mucho tiene que ver la “falta de voluntad política para que avance”. No es el único motivo, claro: “Hay también un fuerte lobby de parte de la industria, a la que no le conviene que la ley salga. Al mismo tiempo, desde nuestro lado estamos esperando que se apruebe el protocolo para que el proyecto de ley pueda tratarse en comisiones. Ahora es momento de su tratamiento en Diputados y es fundamental que el proyecto se apoye sin demoras y sin modificaciones”.

Así, mientras se difunden campañas al respecto, los impulsores del proyecto esperan que finalmente este sea el año indicado para su aprobación definitiva. “El fin último de la ley es desalentar el consumo de productos procesados y ultraprocesados con alto contenido de nutrientes críticos. Esos productos generan la obesidad, diabetes y enfermedades no transmisibles. Es fundamental volver al consumo de alimentos más naturales y las preparaciones caseras”, cerró Tiscornia.


Tres puntos clave de la ley



El proyecto establece que los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas y ultraprocesadas deben tener un sello de advertencia en caso de exceso en azúcares, sodio, grasas y calorías.

En relación a la publicidad, el proyecto “prohíbe toda forma de publicidad, promoción o patrocinio de alimentos o bebidas que contengan al menos uno de estos sellos”.

El proyecto, aprobado casi por unanimidad el 30 de octubre en Cámara alta, debe ser tratado en tres comisiones de Diputados: Legislación General; Acción Social y Salud Pública; y Defensa del Consumidor.


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