Marcha atrás del municipio de Bariloche que flexibilizó exigencias para guardavidas

El gobierno municipal había impuesto una residencia mínima para los guardavidas en Bariloche de 15 años. Ayer otra resolución bajó ese requisito a 2 años. Además, extendió la temporada al 28 de febrero.

El gobierno municipal volvió a modificar las condiciones de contratación para los guardavidas y también estiró unos días la temporada de playas, que terminará el 28 de febrero. El lunes pasado había fijado estrictas exigencias para los interesados y les impuso una residencia mínima en Bariloche de 15 años. Los guardavidas lo consideraron insólito e “inconstitucional” y ayer otra resolución bajó ese requisito a 2 años. 

El secretario general del sindicato de Guardavidas, Juan Rapoport, dijo que el piso de 15 años “más que absurdo, era una ilegalidad” y la rectificación “cambia un poco las cosas”, pero advirtió que igual la residencia obligatoria sigue siendo atacable desde lo jurídico. 

El plazo de inscripción de los guardavidas interesados en trabajar esta temporada venció ayer. El municipio incorporará a 40, cuando en principio quería eliminar el servicio y después había aceptado tomar a 20. También estableció que la temporada se extenderá desde el 23 de diciembre al 28 de febrero, cuando antes pretendía cerrarla el 23 de febrero. 

La resolución de ayer dice que los cambios fueron necesarios porque “se deslizó un error en el texto” de la anterior. 

Rapoport dijo que el municipio “no puede poner esas condiciones para acceder al derecho de la continuidad laboral” y adelantó que si no admiten a los guardavidas que trabajaron ya en años anteriores se considerarán despedidos. Ayer volvieron a marchar por las calles céntricas en protesta por la política aplicada este año para la vigilancia en las playas. 

El dirigente también cuestionó un párrafo de la resolución según la cual la admisión estará sujeta a la “buena trayectoria, disciplina y desempeño en el área de Protección Civil” que hayan mostrado en temporadas anteriores. Dijo que la antigüedad de residencia “es discriminatoria e inconstitucional” y las condiciones subjetivas de desempeño podrían ser otro factor de conflicto. “Si alguno queda afuera por eso vamos a ir a la Justicia”, afirmó.


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