Moderar el hiperpresidencialismo
ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar
La sensación de crisis política que se deriva de la enfermedad de la presidenta Cristina Fernández es la consecuencia de un sistema institucional que deposita demasiado poder en manos de una única persona. Cuando además se ejerce de un modo extremadamente personalista, el problema se amplifica. El episodio obliga a una reflexión sobre las características de nuestro régimen político. Parafraseando la conocida frase de Einstein, si se quieren obtener resultados diferentes, no se puede seguir sosteniendo un sistema de presidencialismo reforzado que periódicamente nos instala frente a problemas de similar naturaleza. El expresidente Eduardo Duhalde, en recientes declaraciones formuladas al diario “La Nación”, ha considerado que la Constitución nacional debería ser reformada para moderar el hiperpresidencialismo. Se trata de un estilo de gobierno que ha alcanzado su máxima expresión durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, pero que también nos ha traído problemas con Menem y adquirió especial dramaticidad cuando se produjo el fallecimiento de Perón y el poder quedó en manos de Isabel y el incalificable López Rega. En opinión de Duhalde, cualquier modificación constitucional –que definió como simple “retoque”– debería ser fruto de un acuerdo previo consensuado entre los principales candidatos presidenciales, con la intervención del papa Francisco como facilitador y garante del acuerdo. También ha insistido en otra de las propuestas que ha venido alentando junto con el exsenador Rodolfo Terragno: la necesidad de crear un ámbito para la discusión de cinco o seis políticas de Estado, de modo similar a la Mesa del Diálogo que funcionó bajo el auspicio de la Iglesia y del PNUD en los años 2001 y 2002. Los partidos políticos deberían estar representados en estas mesas para consensuar políticas con el compromiso de ser luego aplicadas por quien resulte consagrado en las urnas. Argentina se dirige raudamente hacia un cambio de régimen político que tendrá lugar indefectiblemente en diciembre del 2015 si la enfermedad de Cristina Fernández no adelanta los tiempos políticos. El sistema de autoritarismo informal, de rasgos similares a los que agobian a Venezuela, necesita ser definitivamente erradicado. Por consiguiente, hace falta que no se pierda más tiempo y que los partidos políticos y la sociedad en su conjunto comiencen a debatir el diseño de una nueva institucionalidad que evite los excesos del período fenecido. En esta ocasión, la crisis política se suma a una crisis económica solapada que amenaza a la economía argentina y que sólo podrá ser abordada sobre la base de fuertes acuerdos políticos. Erradicar la elevada inflación demanda un acuerdo tripartito, donde el Estado se comprometa a moderar su política monetaria y fiscal, al tiempo que empresarios y sindicatos acuerden aumentos salariales bajo metas descendentes de inflación. Por otra parte, desmontar el desbordante sistema de subsidios cruzados exige una política gradualista de reducciones pautadas pero sostenidas en un fuerte acuerdo político entre todos los partidos. La recomposición de la política energética requerirá también acuerdos sólidos y consistentes de largo plazo, que den seguridad jurídica a las imprescindibles inversiones internacionales. De igual modo, no es posible seguir alimentando políticas de expolio del Estado a manos de los partidos políticos que toman el poder. Resulta impostergable un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para avanzar en un proceso de profesionalización, autonomía y modernización de la administración pública. Como surge de lo expuesto, todas estas tareas deben estar sostenidas por acuerdos políticos que impidan que los procesos de reorganización del Estado se frustren por las pequeñas querellas entre los partidos políticos o la tradicional política de codazos y golpes bajos que se dispensan los competidores turfísticos de la larga carrera que emprenden para obtener el ilusionante premio mayor de la presidencia de la Nación. Si tantas son las exigencias de la hora para reordenar la economía y la gestión pública, debería aprovecharse la oportunidad para encarar también una reforma constitucional que ponga fin al riesgo inherente a nuestro sistema de presidencialismo reforzado. Después de vivir experiencias extremas como las de Isabel Perón, Menem y el matrimonio Kirchner, pareciera que ha llegado la hora de desvitalizar el sistema presidencialista para hacerlo más acorde con una cultura democrática antiautoritaria. Los “retoques” constitucionales necesarios para acabar con el hiperpresidencialismo son pocos y sencillos: eliminar el derecho presidencial de veto, establecer la caducidad automática de los DNU que no reciban la aprobación de la mayoría absoluta en el Congreso y definir un sistema de coparticipación que no pueda ser manejado a su antojo por el presidente. Pero la reforma más audaz, y que acabaría con el presidencialismo hegemónico, sería concederle al Congreso el derecho de designar y revocar al jefe del Gabinete por mayoría absoluta de votos, haciéndolo responsable de la gestión exclusiva del presupuesto y el aparato de la administración pública como lo marca el artículo 100 de la Constitución. Ante las incertidumbres que se derivan de la enfermedad presidencial, los partidos políticos y sus líderes están obligados a preparar sin demoras el escenario institucional de la nueva Argentina que se inaugurará indefectiblemente a partir del 2016 (o tal vez antes). Este rediseño institucional se abordaría en un momento especial donde, para decirlo en lenguaje gauchesco, nadie tiene todavía la vaca atada. Es la ocasión más indicada para quitarle al gallo presidencial sus espolones más afilados.
