La interna de JSRN se desata en Bariloche y Gennuso busca los votos para proyectos clave

Concejales de Juntos Somos Río Negro obligaron al Ejecutivo municipal a hacer cambios en el proyecto de presupuesto 2023 y en la Fiscal y Tarifaria del año próximo. El gobierno tiene 48 horas para garantizarse los apoyos necesarios que permitan aprobar las iniciativas.

La fuerte interna que atraviesa Juntos Somos Rio Negro puso en entredicho la pretensión del intendente Gustavo Gennuso de cerrar diciembre con el presupuesto 2023 aprobado en el Concejo y desde hoy hasta el jueves oficialismo deberá batallar sin pausa para conseguir los votos, que todavía no están asegurados.

El presupuesto para el próximo año prevé ingresos y gastos por 21.600 millones de pesos y obtuvo hoy, luego de varios tironeos, el dictamen favorable del bloque de Juntos Somos Río Negro. Pero necesita al menos un voto más para convertirse en ordenanza, y los restantes concejales no adelantaron posición o bien confirmaron su rechazo.

Más complejo es el panorama para las ordenanzas fiscal y tarifaria, que actualizan alícuotas y coeficientes para garantizar un ingreso municipal que compense al menos el avance de la inflación.

En ese caso la incertidumbre es mayor porque incluso el bloque oficialista dictaminó “con reservas”, es decir que esperan más cambios para garantizar el voto positivo. Aun así no alcanzaría porque esos proyectos, al modificar tasas y gravámenes, necesitan una mayoría especial de ocho votos para convertirse en ordenanza.

El secretario de Hacienda, Diego Quintana, participó este martes de la reunión de comisión con el propósito de saldar las dudas, pero no consiguió gran cosa. Igual, al retirarse, le dijo a este diario que confía en un resultado favorable en la sesión del jueves. “Soy optimista por naturaleza -aseguró-. Gennuso y yo somos optimistas”.

Quintana se presentó en el Concejo acompañado de dos colaboradores de Hacienda y también de la jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, con quien se retiró aparte en un cuarto intermedio para evaluar un planteo escuchado de los propios concejales oficialistas que amenazó con desmoronar todo el armado político previo.


Rechazo a las facultades extraordinarias


El oficialismo había introducido en el proyecto de presupuesto dos artículos que le reservaban la potestad de modificar partidas de gastos si la recaudación supera lo previsto. Los concejales de JSRN Natalia Almonacid y Gerardo Ávila le advirtieron que así no lo votarían. Dijeron que colisionaba con la Carta Orgánica, que reserva esas facultades al Concejo.

Ávila dijo que si había “crédito excedente”, es decir se los ingresos superan lo estimado, el Ejecutivo no tiene otra opción que proponer una ordenanza de reestructuración del presupuesto.

En un principio Quintana se resistió y dijo que el proyecto “original” tenía la intención de modificar partidas “en forma proporcional” a lo aprobado en el presupuesto, si resultaba necesario. Pero no pasó el filtro, le sugirieron efectuar “consultas” en un un cuarto intermedio y luego de ese paréntesis el oficialismo aceptó retirar los artículos de facultades delegadas.

Solo después de asegurarse esos cambios, Almonacid y Ávila comprometieron su voto positivo, pero de las posiciones restantes poco se sabe. Gerardo del Río (PUL) y Oscar Cárdenas (UCR) hicieron reserva de sus votos hasta la sesión y Pablo Chamatrópulos (Podemos) se retiró de la comisión, al igual que sus pares del Frente de Todos.

Chamatrópulos le dijo luego a este medio que va a votar en contra del presupuesto y de la fiscal y tarifaria, porque entiende que el gobierno municipal ha recibido avales año tras año para aumentar sus ingresos por encima de la inflación y “los problemas grandes de la ciudad no tienen ninguna mejoría”.

Julieta Wallace (del FdT) también se manifestó en contra. Planteó reparos sobre la compensación de deudas con la CEB (lo mismo había hecho la oficialista Almonacid), subrayó que falta información sobre la millonaria deuda municipal y consideró “muy irresponsable la forma de tratar ambos proyectos” por parte del oficialismo.

Las definiciones llegarán recién el jueves. Gennuso enfrenta las dificultades más serías y desafiantes para aprobar un presupuesto en sus siete años de gestión.


La reforma tributaria también en duda


Atado al presupuesto está el proyecto que fija los ajustes y actualizaciones tributarias y que ya sufrió varias podas, pero aun así estaría lejos de conseguir los votos.

Ante la resistencia de los concejales (especialmente de los propios) el gobierno desistió de incorporar una nueva tasa para el uso del espacio aéreo, que tendría a la CEB como única contribuyente. También dio de baja una nueva zonificación para la tasa de Servicios y un capítulo suplementario de la tasa comercial para incorporar a los monotributistas, mediante un convenio con la Afip.

El Ejecutivo llevó el lunes un proyecto reformulado y este martes en la comisión surgieron nuevas diferencias, por ejemplo en relación a los descuentos para contribuyentes turísticos que regularicen sus deudas, las imposiciones a las entidades financieras y también sobre la quita admitida para determinadas multas.

Los concejales finalmente dictaminaron con “reservas” a la espera de ajustar mejor el texto del proyecto antes de la sesión y “a la espera de poder revisar y pasar en limpio los cambios”. Todo indica que el gobierno de Gennuso deberá trabajar arduamente antes del jueves en busca de los votos.

Quintana se mostró contrariado con la “politización” del debate en un tema que consideró “técnico”. Dijo por ejemplo que la tasa de espacio aéreo ya se la habían rechazo en años anteriores porque no estaba la conformidad de la CEB, algo que ahora cambió. “Ahora está la conformidad, es decir que no hay riesgo de una impugnación judicial, pero aun así no están de acuerdo -argumentó-. Son cambios pensados para el futuro, incluso para los gobiernos que siguen después de 2023. Gennuso paga los costos y deja herramientas al que venga, pero no lo ven así”.

El concejal Carlos Sánchez (el más cercano al intendente) ratificó los dichos de Quintana y defendió también la zonificación nueva, a la que tuvieron que renunciar por los rechazos, porque “se aplicaría en forma progresiva, a tres años” y también impactaría en futuras gestiones. Dijo que el criterio fue que esos nuevos tributos queden afuera del “paquete” y se presenten el año que viene en proyectos por separado.


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