Las fotomultas y radares en Bariloche, bajo la lupa
La defensora del Pueblo municipal inició una investigación por reiteradas consultas y reclamos de conductores. Evalúa la legalidad de los registros.
En Bariloche se reiteran los reclamos por las fotomultas que se generan con radares móviles y semáforos. Foto: Archivo
La Defensora del Pueblo de Bariloche, Analía Woloszczuk, inició una investigación para verificar “la legalidad y legitimidad” de las infracciones labradas en la ciudad por faltas de tránsito, que se incrementaron en los últimos meses con la incorporaciones de cámaras y radares.
Woloszczuk dijo que ante la creciente inseguridad de tránsito “los Estados tienen que tomar medidas, pero sin entrar en colisión con el debido proceso y con el derecho de defensa”.
Señaló que tiene previsto indagar en el tratamiento que se le da al tema de las multas gestionadas con registros electrónicos en otras localidades -”porque es un tema que preocupa a nivel nacional”-, para luego elaborar un “dictamen jurídico”, pedir informe a las áreas municipales involucradas y evaluar si correspondería adecuar la normativa o el procedimiento.
La Defensoría no tiene poder sancionatorio y solo puede, llegado el caso, emitir una “recomendación” a los poderes públicos. También puede acudir a la Justicia.
Woloszczuk dijo haber recibido “permanentes consultas” en el último verano de barilochenses que recibieron intimaciones por correo para el pago de multas de tránsito en esta ciudad “y también en otras”, entre las que mencionó a Villa Regina, Chimpay, Morón, Tucumán y Salta.
La resolución de “abocamiento” al tema, que envió esta semana al Concejo, informa sobre la decisión de investigar “los procedimientos existentes y aplicables” en la ciudad en materia de tránsito y anticipa en parte su postura frente al tema al señalar que el empleo de nuevas tecnologías en materia de tránsito vehicular “no debe hacernos olvidar que la finalidad de las infracciones debe ser, principalmente, de carácter preventivo y no meramente recaudatoria”.
La Defensora dvirtió que las infracciones “son cuestionadas por las y los vecinos en su legalidad y en su legitimidad”.
Woloszczuk aclaró que el Estado debe sancionar las inconductas cuando representan un riesgo para sí y para los demás y que “el conductor sabe que tiene que hacer las cosas bien”, pero refirió que existe un déficit si la estructura montada para sancionar “no está acompañada de suficientes campañas de educación vial”.
Según la Defensora, “es un tema muy complejo y hay que dedicarle el tiempo que sea necesario, ver la integralidad, considerar también la perspectiva el peatón y estudiar cuáles son los recursos empleados para sancionar, sus características técnicas y su homologación”.
El municipio contrató hace ya dos años el equipamiento para registrar violaciones por exceso de velocidad y al cruce de semáforos en rojo mediante radares y cámaras de alta definición. La implementación fue en etapas y comenzó durante la pandemia. En enero pasado, un informe emitido desde Tránsito dio cuenta de que la cantidad de multas había aumentado un 50%.
Woloszczuk subrayó que las cifras de siniestralidad son alarmantes y que según el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se produjeron en todo el país durante el último año 3.886 víctimas fatales. Pero dijo que los sistemas de control e infracción deben emplear “prodecimientos que tengan plena validez”.
Aclaró que no es propósito de la Defensoría tomar decisiones “apresuradas” sin chequear cómo funciona la fiscalización en otros lugares y destacó que en materia de tránsito “hay de por medio una cosa muy profunda de educación”. Y también dijo que a su juicio el municipio de Bariloche, además de sancionar, debe atender “la crisis provocada por la cantidad de autos que circulan, las deficiencias del transporte y la necesidad de pensar más medidas en favor de los peatones”.
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