No hay avances en denuncia contra juez designado
Se investiga una presunta falsificación de domicilio que presentó Juan Martín Arroyo, elegido por la Magistratura como juez de Ejecución Penal deBariloche.
CONCURSO MAGISTRATURA
El abogado Estanislao Cazaux, quien patrocina a su colega Marcelo Catalano, lamentó que no hubo ningún avance en la denuncia para que se investigue una presunta falsificación de domicilio, en la declaración jurada del letrado Juan Martín Arroyo, para cumplir con el requisito de residencia en la provincia, que exige la Constitución provincial, para concursar por un cargo de juez.
“Hace un mes que está la denuncia y ni siquiera avanzaron con las medidas de prueba que solicitamos”, afirmó Cazaux.
Recordó que el fiscal Martin Govetto resolvió dividir la denuncia y envió al fiscal de Viedma Hernán Trejo una parte del expediente, porque consideró que el supuesto hecho que se le atribuye a Arroyo se cometió en Viedma, donde presentó la documentación para participar del concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para el cargo de juez de ejecución penal de Bariloche.
Sin embargo, el abogado señaló que la designación la hizo el Consejo de la Magistratura chico, cuando sesionó el 11 de agosto pasado en esta ciudad.
Govetto resolvió que la otra parte de la denuncia, que plantea que se cometió un presunta irregularidad en el nombramiento de Arroyo, quedó en manos del fiscal Guillermo Lista.
El Consejo de la Magistratura chico designó por mayoría a Arroyo como juez de ejecución penal de Bariloche. Arroyo le ganó a Catalano, que era otro candidato al cargo.
Catalano intentó impugnar a Arroyo porque advirtió que no cumplía con el requisito de acreditar dos años de residencia en la Provincia, inmediatos anteriores a la designación, como establece la Constitución provincial. Pero el Consejo de la Magistratura chico desestimó la impugnación.
Luego, Catalano denunció que Arroyo presuntamente mintió cuando sostuvo en una declaración jurada, que vive en Cipolletti, en la calle Miguel Muñoz 344, 6º Piso, departamento A. A raíz de las denuncias que Catalano presentó, todavía no asumió Arroyo. Sostuvo que Arroyo trabaja y vive en la ciudad de La Plata.
En la ampliación de la denuncia, Catalano recordó que el artículo 253 del Código Penal reprime con una multa (de 750 a 12 mil pesos) e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a una persona que no cumple los requisitos legales. La misma pena se le puede aplicar, indica el artículo, a la persona que aceptare el cargo para el que no cumple los requsitos legales.
DeBariloche
