Odarda: «Vamos a denunciar a cualquier juez que quiera desalojar a una comunidad»

Así lo aseguró la presidenta del INAI, Magdalena Odarda. Aclaró que no se puede expulsar a una comunidad cuando esté en proceso el relevamiento territorial previsto en la ley 26160, que deben cumplir los magistrados.





“Los jueces no pueden desalojar a ninguna comunidad mientras está en marcha el proceso de relevamiento”, sostuvo este jueves la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda.

Vamos a denunciar a cualquier juez que quiera desalojar a una comunidad cuando está en curso el relevamiento y vigente la ley 26160 (de comunidad indígenas)”, afirmó. Y desmintió que hayan allanado las oficinas del organismo que conduce por orden de la justicia federal.

Explicó que el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, requirió por exhorto al juez federal Julián Ercolini, de la ciudad de Buenos Aires, que busque la carpeta técnica, con toda la documentación del relevamiento, de la comunidad mapuche Lof Buenuleo de Bariloche.

El requerimiento está relacionado con la denuncia que el abogado Alejandro Pscunder presentó en el juzgado federal de Bariloche contra Odarda por el delito de abuso de autoridad.

“No allanaron. Estaban buscando la carpeta técnica de la comunidad Buenuleo”; afirmó Odarda. Explicó que personal del juzgado de Ercolini se presentó en el INAI porque habían notificado al domicilio de la exEsma, donde funciona el organismo que preside Odarda, pero por las medidas sanitarias no hay personal en ese edificio.

Afirmó que entregaron en un pendrive toda la documentación solicitada por el juez de Bariloche. “Se abortó la idea de Pschunder del allanamiento”, sostuvo Odarda.

Anunció que denunciará al abogado por el delito de falsa denuncia y hará una presentación en el Colegio de Abogados de Bariloche para que intervenga el Tribunal de Ética y evalúe el comportamiento de Pschunder, que representa a Emilio Friedrich, que demanda la restitución del lote de 92 hectáreas que la comunidad Buenuelo ocupó el 10 de septiembre del año pasado.

El caso

El juez de garantías Sergio Pichettó resolvió a mediados de septiembre pasado admitir la acusación de la fiscalía contra miembros de la comunidad Buenuleo por el delito de usurpación.

En ese momento, el fiscal jefe Martín Lozada, y el agente fiscal Tomás Soto acusaron a los imputados de haber despojado a Friedrich del lote que poseía. Los fiscales pidieron el desalojo para que se le restituya el inmueble al particular porque alegaron que había demostrado que tenía la posesión de esas tierras hasta el 10 de septiembre pasado.

La decisión de Pichetto fue impugnada en varias instancias por la defensa de los acusados. Pero el juez Marcos Burgos la ratificó. Y, tras una extensa puja judicial, que llegó hasta la Corte Suprema, el Tribunal de Impugnación Provincial resolvió el 22 de septiembre pasado confirmar la orden de desalojo de los integrantes de la comunidad Buenuleo y restituir el lote al particular en un plazo de 3 meses.

Un día antes, Odarda dictó la resolución en la que el INAI reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana, en Bariloche. Por eso, Pschunder la denunció.

Odarda defendió su decisión “porque cumple con la ley 26160 de comunidades indígenas”. “Por eso, la resolución del INAI fue considerada por el fiscal Lozada que retiró la acusación contra los miembros de la comunidad Buenuelo”, advirtió la funcionaria nacional.

Deber de cumplir la ley

“Nuestro deber es hacer cumplir la ley 26160”, afirmó y recordó que esa norma, sancionada en 2006 y prorrogada en dos ocasiones por el Congreso Nacional, tiene vigencia hasta noviembre del año próximo.

“Los jueces no pueden desalojar a ninguna comunidad mientras está en marcha el proceso de relevamiento”, sostuvo. Calificó la denuncia de Pschunder “como un manotazo de ahogado”.

“Nunca tuvimos conocimiento de cuándo salía la sentencia del Tribunal de Impugnación, porque pareciera que fue al revés. El tribunal sacó la sentencia al día siguiente de la resolución, pero no lo voy a poner en duda. La justicia tiene sus tiempos”, aseguró Odarda.

Aseguró que la carpeta técnica de la comunidad Buenuleo “está en perfecto estado técnico” porque destacó que trabajaron profesionales con expediente en el tema.

Dijo que Pschunder tiene la vía administrativa para impugnar la resolución o ir a la justicia. Aseveró que no cumplir la ley 26160 sí sería un delito, en referencia al incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Manifestó que desde que está al frente del INAI ya firmó unas 50 resoluciones relacionadas con los relevamientos de comunidades indígenas en el país, que estaban pendientes de resolución “porque en la gestión de Cambiemos no hicieron nada”.

Los barrios Pilar I y II

Respecto al temor que tienen algunas familias de los barrios Pilar I y II sobre sus lotes, Odarda sostuvo: “Está clarísima la resolución y dice expresamente que la comunidad Buenuleo cedió esos terrenos generosamente a la Municipalidad de Bariloche. Por lo tanto, esos lotes de los barrios no están dentro del relevamiento técnico”.

Atribuyó ese malentendido “a una campaña de confusión impulsada por el privado (Friedrich) que se siente perjudicado”. “Pero queremos llevar tranquilidad que de ninguna manera, con la resolución del INAI, se perjudica a algún vecino”, enfatizó Odarda.

Destacó que el reconocimiento de la ocupación tradicional de las tierras a favor de la comunidad Buenuleo “es una reparación histórica”. Dijo que en 1884, el Estado argentino le cedió más de 600 hectáreas a la comunidad. Por eso, ahora, se le reconocen 481.

Dijo que dentro de esas 481 hectáreas están las tierras que reclama Friedrich y las que ocupa Parques Nacionales.

Aclaró que la resolución del INAI “no es un título de propiedad, es la posesión”. Cuando se le preguntó qué pasa con la situación de Friedrich que alega que compró legalmente las tierras, Odarda dijo que “eso lo va a tener que comprobar en la justicia”.


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