Ordenan el desalojo de tres personas por usurpar un terreno privado en Viedma
El juez informó que el desalojo deberá incluir solo a las tres personas que les formularon cargos y que el plazo de cumplimiento es de dos meses.
La toma se inició a fines de julio pasado. Foto: Marcelo Ochoa
Hoy se desarrolló una nueva audiencia por la ocupación de tierras en el kilómetro 1 de la ruta provincial N°1 de Viedma, y por pedido de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen se dispuso el desalojo de las tres personas imputadas, en un plazo de 72 horas a partir de la firmeza de la resolución cautelar.
El juez de la audiencia fue Adrián Dvorzak, estimó que el plazo de cumplimiento no sería menor a «un mes, dos meses», especulando con los recursos ancipados por el defensor Diego Sacchetti. En ese marco, el magistrado recomendó a las partes seguir conversando sobre alternativas.
Además, estuvieron presentes Mario Sánchez y Andrés Fredes, en representación de las áreas sociales del Municipio y de la Provincia, respectivamente.
Inicialmente el juez consultó si habían avanzado en algún acuerdo con los organismos proteccionales. Previamente, se había establecido un plazo para buscar una solución alternativa. Al ser negativa la respuesta, la fiscal solicitó el desalojo.
El abogado defensor dijo que en la toma había muchas más personas. Que las tres personas no tenían un grado de representación con las demás. Informó que se había comunicado con Mario Sánchez, titular del área social del Municipio, que le relató las políticas de acceso a la tierra por parte de la comuna.
Sostuvo que se oponía al desalojo. Dijo que se trataba de una problemática social: “ Es imposible referirse al tema sin considerar que debe resolverlo el Estado. La legalidad es mucho más amplia que el código de procedimientos penales. Existen pujas de derechos y conflictos de derechos”, expresó.
También afirmó que los propietarios tienen la tierra desde el año 1984 y no hicieron ningún aprovechamiento. Citaron el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a una vivienda digna. “Esta puja de derechos ha sido resuelto en el ámbito internacional, donde se ha planteado la ilegalidad de los desalojos forzosos”, reafirmó.
De esta manera, “el Estado no puede desentenderse. No puede generarse en pos de defender un derecho (en este caso la propiedad privada) violar otros derechos”.
Por su parte, la fiscal dijo que correspondía el desalojo. Argumentó que las tres personas “están ocupando, aunque haya más”. Dijo que para tomar esta medida cautelar se cumplían todos los recaudos establecidos en la ley. “Hay un riesgo inminente que se siga avanzando, que estén ahí ayuda a que se sumen más personas”, aseguró.
Recordó que hubo muchas medidas previas: mediaciones en Fiscalía, luego formulación de cargos, se les dio plazo, que posteriormente se amplió, y “no han cambiado su postura. Llevamos más de 3 meses en que las víctimas han sido desapoderadas. Este conflicto es social y lo debe solucionar el “Estado, pero no con bienes de particulares”.
A la hora de resolver, el juez dijo que debían tenerse en cuenta las leyes vigentes. “Tuvimos plazos suficientes, tuvimos plazos razonables, participó el Estado”, recordó. Aseguró que el artículo 118 del Código Procesal Penal de Río Negro habla del peligro de demora.
Aseguró que se realizaron distintas audiencias, se escuchó a las partes, se dio intervención al Estado, por lo que “no me queda otra que dictar el desalojo de los lotes”. Esa medida deberá ser ejecutada por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención de las áreas sociales y la Senaf.
Recordó que el desalojo deberá incluir solo a las tres personas que les formularon cargos, independientemente que hubiera más en la toma. “Las demás tiene el mismo derecho a ser escuchadas y atravesar un proceso penal”, dijo.
El desalojo no puede ser en condiciones climáticas adversas y debe evitarse la nocturnidad. Recomendó, asimismo, la no utilización de la violencia. Finalmente, recordó que como toda medida puede ser apelada por las partes.
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