Polémica por el presupuesto contra la violencia de género en Neuquén

Organizaciones denuncian que el proyecto de Emergencia está paralizado y le reclaman un posicionamiento político al MPN. Algunas de las partidas no cubren la inflación.

El femicidio de la joven de 18 años, Laura “Cielo” López, le dio un nuevo impulso a los proyectos presentados en la Legislatura para que se declare la emergencia por violencia de género y se derive dinero de otras partidas a medidas urgentes. Sin embargo, las organizaciones que piden su aprobación denuncian que la propuesta está paralizada y le exigen al MPN un posicionamiento político.

Las críticas de las agrupaciones se resumen en que el presupuesto no alcanza. Lo que oían en los distintos organismos gubernamentales cuando iban a pedir ayuda se cristalizó en una sesión de la comisión de Desarrollo Humano y Social, donde se discute la emergencia. Una de las profesionales del Servicio de Prevención de Violencia Familiar explicó que cuentan con tres trabajadoras sociales, tres psicólogos, tres operadoras y dos administrativas para atender 27 denuncias diarias y que es difícil ampliar el equipo por las condiciones salariales.

También contó que el aporte económico, que va de $6 a 8 mil para que las mujeres que huyeron de sus casas puedan alquilar, es insuficiente.

“Río Negro” intentó entrevistar a las profesionales del Servicio, pero las trabajadoras no fueron autorizadas por la Dirección provincial de las Violencias. Finalmente, la que respondió fue la ministra de Ciudadanía a cargo de Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad, Vanina Merlo: “el primer paso para solucionar los problemas es reconocerlos (…) sería terrible que yo te dijera que ya está todo cubierto”.

La funcionaria consideró que el tema fue jerarquizado con la creación de la Subsecretaría de las Mujeres (antes era Consejo) y el desarrollo de numerosos dispositivos durante la gestión de Omar Gutiérrez, pero aseguró que el impacto profundo se verá con el correr del tiempo porque es parte de un cambio cultural.

Sobre el presupuesto, la ministra aclaró que si bien hay montos específicos, como los de la Subsecretaría de las Mujeres (para el 2020 percibirá casi $28 millones, unos $6 millones menos que en 2019), el proyecto se elabora con perspectiva de género y cada área destina fondos para políticas que trabajen el tema.

Entre las novedades del presupuesto para el 2020 se encuentran las capacitaciones sobre género para que los tres Poderes del Estado (ley Micaela) para las que se destinaron $17 millones. Este fue uno de los compromisos adoptados por el Estado neuquino luego de reconocer su responsabilidad en la violación de los Derechos Humanos de Ivana Rosales, víctima de violencia de género.

La primera experiencia comenzará el 25 de noviembre, Día de la no violencia, y estará destinada a ministros y subsecretarios. La otra es la del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, creado en agosto, que contará con $1.700.000.

El programa que abarca la Atención a la población vulnerable y a la prevención de la violencia recibirá $8 millones y medio con un incremento del 48.85% que no llega a cubrir la inflación.

La suba para la Línea 148 de atención a las violencias es del 67.57%, con 34 millones de pesos. El dispositivo fue provincializado luego del doble femicidio de Las Ovejas y su actividad ha ido en constante crecimiento. En lo que va del año atendió más de 2.000 situaciones, la mayoría de violencia familiar.

Este es uno de los pocos datos que se conocen del 2019.

Si bien Merlo resaltó que las cifras son fundamentales para diseñar las políticas públicas, el informe de este año del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres recién será publicado a fines de mes. En el último, surgió que el 22% de las denunciantes (1909 casos) vivieron nuevas situaciones de violencia en 2018.

También en los próximos meses se conocerá los primeros balances del equipo de patrocinio jurídico gratuito, que actualmente cuenta con tres abogadas especialistas que reciben a mujeres derivadas por el Centro de Atención a la Víctima. La ministra no descartó su ampliación, pero explicó que se decidió evaluarlo con el dispositivo en funcionamiento.

Esta medida fue otra de las anunciadas luego de los femicidios de Carina y Valentina, estrategia criticada por quienes impulsan la declaración de la emergencia.

“No queremos, cada vez que hay un femicidio, un anuncio de medidas que después tardan un año y medio en aplicarse”, resaltó Micaela Gomiz, secretaria general de ADUNC (docentes universitarios) e integrante de la organización feminista “Libertas”.


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