Desde invertarle un prontuario a Bullrich hasta filtrar mails de la Federal: así operaba la banda de hackers «Los Dictadores»
El grupo criminal vulneró los sistemas más sensibles del Estado para vender información y recetas médicas a través de Telegram. El detalle de sus ataques de alto perfil y el fallo judicial que desbarató su insólita coartada.
Tobías Silva, un joven desarrollador conocido en el entorno digital como «Sherlock», fue procesado y embargado por la Justicia Federal tras ser identificado como el líder y organizador de «Los Dictadores», una asociación ilícita cibernética. La organización criminal logró infiltrarse en las bases de datos más sensibles del Estado argentino —incluyendo el RENAPER, ANSES, PAMI y la DNRPA— para extraer información confidencial y comercializarla a través de canales clandestinos de Telegram.
La investigación, que contempla penas mínimas de cinco años de prisión, dejó al descubierto un negocio virtual basado en el robo de identidades y la alteración de registros públicos, llevando a la Justicia a acusar a la banda de atentar contra el orden público y poner en riesgo la paz social.
Uno de los golpes más resonantes y de mayor exposición de la organización tuvo como víctima a la actual senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según revelaron fuentes de la investigación a Infobae, los hackers publicaron información sensible de la funcionaria —como su número de teléfono celular— en la red social X.
Después, vulneraron el sistema de Gestión de Actuaciones Policiales (GAP) de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para generarle antecedentes policiales apócrifos.
El accionar delictivo también puso en jaque a la Policía Federal Argentina (PFA). Silva está responsabilizado de acceder ilegalmente a la plataforma institucional “MiMinseg” y al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Desde esas bases, lograron sustraer y filtrar al menos 70 correos electrónicos oficiales de la fuerza.
El negocio en Telegram: datos a la carta y recetas truchas
El principal mecanismo de recaudación y operaciones de «Los Dictadores» funcionaba a través de la aplicación de mensajería. Allí, el líder de la organización comercializaba el acceso a herramientas automatizadas de su propia autoría, bautizadas como «Sherlock Leaks» y «Sherlock Alerts».
Estos bots permitían a los compradores extraer información en tiempo real de las bases de datos gubernamentales. Los investigadores detectaron que el sistema se nutría constantemente de nuevas filtraciones y llegó a publicitar que poseía más de un terabyte (1 TB) de datos personales privados listos para ser consultados. El «servicio» se vendía mediante diversos planes de suscripción que habilitaban un número determinado de búsquedas según la tarifa abonada.
El catálogo criminal no se limitaba a la venta de identidades. La banda también ofrecía la generación de recetas médicas apócrifas y afiliaciones de salud falsas para la compra de fármacos controlados, incluyendo Clonazepam, Xanax, Modafinilo, codeína y viagra.
La insólita defensa del «emprendedor» y el revés judicial
Para desbaratar la organización, un agente encubierto digital del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA debió infiltrarse en la comunidad virtual administrada por Silva. Tras el avance de la causa, iniciada en marzo de 2025, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento del líder hacker y le trabó un embargo por $97.000.000. La medida también alcanzó a otros ocho miembros del grupo criminal, incluyendo a un menor de 16 años.
Durante su indagatoria, el supuesto cabecilla ensayó una particular defensa. A través de su abogado, se autodenominó como un simple «desarrollador de software» y minimizó su rol al de un «moderador digital» de un foro abierto compuesto por «emprendedores digitales autónomos» sin coordinación delictiva.
Además, argumentó que sus bots tenían un fin lícito orientado al «ciberpatrullaje, ciberseguridad y OSINT», responsabilizando a sus propios clientes por clonar la herramienta para darle un uso delictivo que él supuestamente no podía controlar.
La Cámara Federal de San Martín desestimó la coartada y ratificó el procesamiento en su contra. En las últimas semanas, el entramado volvió a cobrar notoriedad internacional tras la detención en España de Matheo Enzo Torres Palacios, un usuario vinculado a la comunidad virtual de Silva cuya actividad delictiva afectó infraestructuras de países como Estados Unidos, México, Uruguay y Argentina.
Comentarios