Adepa rechazó la prohibición judicial de difundir los audios por las presuntas coimas grabados en Casa de Gobierno

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazaron «todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información» en medio de la sentencia de la Justicia que prohíbe la difusión de los audios grabados en Casa de Gobierno y que vinculan a Karina Milei con las presuntas coimas en Discapacidad.

«La reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa», manifestaron desde ADEPA.

En este sentido, resaltaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que cualquier medida «preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión». Salvo en casos en los que se proteja infancias o adolescencias.

Y remarcaron que la publicación de informaciones «solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores» y el Gobierno «puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a las grabaciones de los audios». Además de procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto.

«Las prohibiciones preventivas, en cambio, son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden -o no- influir en la formación de la opinión pública», indicaron.

La Justicia ordenó el «cese inmediato» de los audios que vinculan a Karina Milei con las presuntas coimas en Andis

El Poder Judicial ordenó este lunes el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional».

El juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).