Al igual que con las rutas: el Gobierno destinó casi el 70% de los fondos de obras hídricas para el equilibrio fiscal
El Ministerio de Economía reconoció a través de un pedido de acceso a la información que ejecutó sólo $ 116 mil millones de los $ 375.400 millones recaudados a través del impuesto a los Combustibles entre 2024 y mayo de 2026: el resto fue destinado a Letras del Tesoro y depósitos. Mientras el gobierno evita aclarar si continuará utilizándolos como caja para las metas del superávit, crecen las sospechas por los repartos de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) cada vez que el oficialismo requiere votos para aprobar sus leyes.
A la premisa del fin de la obra pública, el gobierno de Javier Milei consolidó un mecanismo financiero que priorizó la acumulación de recursos para el Tesoro por sobre la inversión en infraestructura básica. A través de la millonaria recaudación obtenida por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el Gobierno destinó la mayor parte de los fondos en instrumentos de deuda estatal, paralizando proyectos claves a lo largo y ancho del país. Esta estrategia, reconocida oficialmente como una vía para sostener el equilibrio fiscal, dejó relegado el mantenimiento en rutas fundamentales y provocó la parálisis total en la canalización de ríos y arroyos.
En paralelo a esta drástica subejecución, la porción minoritaria de los fondos que sí fue liberada terminó siendo utilizada como una herramienta de presión y negociación en el ámbito legislativo. El cruce de datos contables y calendarios parlamentarios expone que el Ministerio de Economía habilitó pagos discrecionales para obras y distribuyó Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) a distritos clave exactamente durante las jornadas en que el oficialismo necesitaba garantizarse apoyos o abstenciones en el Congreso de la Nación. Esta utilización política de la caja derivó en el 2025 en el fracaso de una ley impulsada por las propias provincias para coparticipar el tributo a los combustibles.
El desvío de los fondos y la parálisis de las obras hídricas
El Fondo de Infraestructura Hídrica, creado por decreto en 2001 y ratificado por ley en 2006, se financia con el 4,31% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y tiene una afectación específica inamovible: debe invertirse exclusivamente en proyectos, mantenimiento, recuperación de tierras productivas y mitigación de inundaciones.
Sin embargo, la actual administración de Javier Milei apenas ejecutó el 31% de los recursos disponibles para este fin. Según la información oficial aportada por el Ministerio de Economía ante un pedido de acceso a la información al sitio Chequeado, entre el año 2024 y mayo de 2026 se efectuaron pagos por obras hídricas por apenas $ 116 mil millones, mientras que la recaudación asignada para ese rubro alcanzó los $ 375.400 millones.
El análisis anual demuestra una subejecución sostenida, ya que en 2024 los gastos representaron solo el 12% de lo ingresado ($11.500 millones sobre$ 94.400 millones recaudados); en 2025 fue del 24% ($43.400 millones sobre$ 184.300 millones); y hasta fines de mayo de 2026 la ejecución llegó al 63% ($61 mil millones sobre$ 97.600 millones).
La enorme masa de dinero sobrante no quedó inactiva, sino que fue redirigida a la «bicicleta» financiera estatal: para junio de 2026, el fondo fiduciario retenía $ 290 mil millones invertidos en Letras del Tesoro, $247 millones en plazos fijos y otros $49 mil millones en depósitos a la vista. Esto implica que el Gobierno conserva un nivel de fondos disponibles que triplica lo que efectivamente gastó en obras a lo largo de dos años y medio de gestión.
Esta dinámica funciona en la práctica como un salvavidas financiero para el Palacio de Hacienda. De acuerdo con la economista Sofía Grassi, integrante de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la inversión de estos recursos en letras como las LECAP le otorga liquidez inmediata al Tesoro nacional.
La especialista detalló al sitio ya citado que, si bien esto no implica de manera directa financiar el déficit, le permite a la cartera económica afrontar vencimientos de capital de deuda o la acumulación de reservas, aprovechando el resultado fiscal positivo que se genera al percibir los ingresos impositivos sin realizar el gasto asociado a la obra pública.
La caja enorme caja de las rutas de $1,5 billones y la respuesta oficial
El panorama hídrico es un reflejo exacto de lo que ocurre con las rutas del país a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que captó más de $ 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles desde que asumió la gestión libertaria.
Una investigación de La Nación basada en balances contables reveló que la Casa Rosada aplicó apenas una cuarta parte de esos ingresos al mantenimiento de la calzada ($ 394.406 millones), consolidando una tasa de subejecución del 73,8%.
El remanente, que supera el billón de pesos, se encuentra inmovilizado en inversiones financieras gestionadas a través del Banco Nación por orden exclusiva del ministro Luis Caputo, volcándose masivamente a títulos públicos y Letras del Tesoro. De hecho, un informe de la consultora Analytica confirmó que la obra pública cayó un 32,4% interanual en términos reales durante el primer semestre de 2026.
La falta de mantenimiento vial generó un colapso en el interior del país y en los pasos fronterizos. El Sistema Integrado Cristo Redentor en Mendoza, principal ruta terrestre hacia Chile, lleva casi un mes clausurado tras un temporal de nieve. El problema central para la reapertura radica en la alarmante falta de recursos para despejar la calzada del lado argentino, lo que mantiene a más de 3.000 camiones varados, ocasiona pérdidas millonarias y llevó a Vialidad de Chile a ofrecer sus propias maquinarias modernas para despejar la nieve en territorio nacional.
Ante esto, las provincias comenzaron a buscar salidas unilaterales. En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto enviará a la Legislatura un proyecto para crear una «Tasa Vial» dirigida a los camiones que van hacia Vaca Muerta, luego de que Nación se negara a transferirle 600 kilómetros de rutas junto con los fondos recaudados.
En Neuquén, el intendente Mariano Gaido exigió una deuda de $ 48.105 millones argumentando que la provincia subsidia al resto del país. A su vez, en Río Negro avanzan las tratativas para licitar corredores nacionales por peaje, aunque la negociación técnica se traba por la exigencia local de instalar balanzas de peso.
La respuesta institucional de la Casa Rosada frente a este escenario combinó justificaciones macroeconómicas y promesas de privatización. El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció de forma oficial que los fondos retenidos del SisVial se destinan a las cuentas de Economía para sostener las metas fiscales.
El funcionario justificó la inacción argumentando que en un «Estado quebrado» y con altas tasas de inflación heredadas, adjudicar obras era muy difícil, por lo que el nuevo paradigma apunta a que las rutas se mantengan con inversiones privadas en lugar del dinero de los contribuyentes.
En ese marco, Ravier prometió que para octubre estarán en ejecución un total de 9.000 kilómetros de rutas licitadas bajo esquemas de concesión, y que otras dependencias cuentan con fondos del Tesoro para tareas menores como bacheo y pintura.
Negociaciones en el Congreso: fondos y obras como moneda de cambio
Mientras se profundizaba el congelamiento masivo de recursos, los limitados fondos que el Ministerio de Economía sí habilitó para la infraestructura vial fueron repartidos siguiendo un estricto patrón político. Según informó el periodista Hugo Alconada Mon, durante los primeros cinco meses del año, el Palacio de Hacienda giró $ 33.786 millones del SisVial a un puñado de provincias. Estos desembolsos, que representaron el 52,7% de todos los pagos por obras realizados en ese período, coincidieron milimétricamente con tres «ventanas legislativas» críticas en las que el Congreso debatió iniciativas sensibles para la Casa Rosada.
El ritmo de pagos desde el fideicomiso durante los días en que el Congreso trató la reforma laboral, la Ley de Glaciares, y los proyectos «Hojarasca» y Zonas Frías fue 3,44 veces superior al promedio del resto de los días del año.
Las transferencias beneficiaron casi en exclusividad a jurisdicciones como Jujuy, Tucumán, Salta y Misiones, cuyos legisladores nacionales, respondiendo a sus respectivos gobernadores (Carlos Sadir, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua), acompañaron al oficialismo en esas reñidas votaciones.
También se registró un pago único en todo el año a Vialidad Provincial de Santa Cruz en la víspera del debate sobre Zonas Frías, tras lo cual el legislador que responde al gobernador Claudio Vidal votó en línea con las posiciones del Gobierno.
Esta utilización de los recursos públicos como premio y castigo también abarcó la reciente distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Previo a una sesión en la que el Senado buscaba rechazar el veto presidencial a la ley impulsada por las provincias para automatizar el reparto de estos fondos, el Gobierno abrió el grifo y giró de manera discrecional $ 12.500 millones a Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Misiones, en un claro intento por torcer voluntades parlamentarias.
A esto se sumó la fuerte presión discursiva que tanto Milei como Caputo y el por entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, calentaron la previa de la sesión del Senado con declaraciones contra la oposición.
“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”, desafió Caputo en la red social X.
Milei compartió el mensaje y agregó: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”.
Por su parte, Adorni apuntó en conferencia de prensa contra el sostenimiento de las leyes de presupuesto universitario y Garrahan. “Quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta”, insistió el funcionario, y afirmó además que “el Presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia”.
El peso de estas negociaciones bilaterales entre Nación y los mandatarios provinciales provocó el naufragio de un proyecto de ley fundamental para las arcas del interior. La iniciativa, que proponía coparticipar lo recaudado por el impuesto a los Combustibles y arrebatarle esa caja al Gobierno central, había sido impulsada originalmente por los 24 gobernadores. Sin embargo, la ley cayó en la Cámara de Diputados debido a la sugestiva ausencia de alrededor de 14 legisladores que respondían directamente a mandatarios que habían sido parte del pacto inicial.
El rechazo final del proyecto se consumó cuando el titular de la Cámara, Martín Menem, impuso de forma sorpresiva el requisito de alcanzar una mayoría absoluta de 129 votos basándose en una interpretación constitucional que fue fuertemente repudiada por los bloques opositores, salvando así al presidente Javier Milei de tener que aplicar un nuevo veto.
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