El Gobierno nacional reconoció que usa fondos de las rutas para el equilibrio fiscal: «Una parte va a Vialidad»
El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles no van en su totalidad al mantenimiento vial y se destinan a sostener las cuentas de Economía. Los detalles y el impacto en provincias de la Patagonia.
(Foto: Juan Thomes)
El Gobierno reconoció oficialmente que utiliza para las metas de equilibrio fiscal del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Se trata del fondo fiduciario constituido por el Decreto 976/2001 y nutrido por la Ley 23.966 del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya legislación impone una asignación específica y taxativa: financiar de forma exclusiva la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales.
La admisión estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, en declaraciones a El Diario de La Pampa. Al ser consultado sobre el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles en medio del marcado deterioro de los corredores nacionales, el funcionario argumentó:
«Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal», confirmó Ravier.
El vocero presidencial ya había quedado en el centro de la escena a principios de julio, cuando declaró en el canal de streaming oficialista Carajo una proyección para el dólar: «Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad«. Una afirmación que va a contramano de planes oficiales y del mensaje oficial a los mercados.
El fideicomiso SisVial y la retención de $1 billón en bonos
En línea con lo que publicó Diario RÍO NEGRO, a través del Sistema Vial Integrado (SisVial) —un fideicomiso fiduciario creado por el Decreto 976/2001 y nutrido por la Ley 23.966 del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)—, la administración de Javier Milei acumuló una recaudación superior a los $1,5 billones mediante el tributo a los surtidores.
Sin embargo, los balances oficiales muestran un esquema de marcada subejecución: el Estado nacional aplicó apenas el 25% ($394.406 millones) a trabajos sobre la calzada. El resto de los recursos, operados a través del Banco Nación bajo las órdenes de la Secretaría de Finanzas, permanece inmovilizado en colocaciones financieras como Letras del Tesoro (LECAP, BONCAP y LECER), registrando una tasa de subejecución acumulada del 73,8%:
- Año 2024: Se ejecutó solo el 11,3% de lo recaudado ($40.668 millones sobre $360.238 millones).
- Año 2025: La ejecución subió al 39% ($270.592 millones sobre $692.514 millones).
- Primeros cinco meses de 2026: El desembolso cayó nuevamente al 18,5% ($83.144 millones sobre $450.500 millones).
El impacto en La Pampa, Río Negro y Neuquén
El congelamiento de la caja vial profundizó el conflicto con algunos de los gobiernos del interior productivo, que enfrentan el deterioro de los corredores por el tránsito pesado sin recibir la contrapartida de los impuestos que la ciudadanía abona al cargar nafta.
En La Pampa, ante la falta de mantenimiento nacional, el gobernador Sergio Ziliotto enviará un proyecto a la Legislatura para cobrar un peaje a los camiones de más de cinco ejes que transportan arena desde Entre Ríos hacia los yacimientos de Vaca Muerta. Ziliotto había solicitado el traspaso de 600 kilómetros de rutas nacionales, pero exigió que vinieran acompañados por los fondos del ICL que Nación recauda y no ejecuta.
Por su parte, la capital de Neuquén –tal como consignó este medio– mantiene la exigencia ante Nación por una deuda superior a los $48.105 millones (valores expuestos en por el gobierno municipal a madidados de 2025) en contratos y obras paralizadas.
En Río Negro, tras la emisión del Decreto 256/2026 —que habilita a las provincias a licitar por peaje rutas nacionales de su jurisdicción—, el ministro de Obras Públicas rionegrino, Alejandro Echarren, planteó que la provincia no cuenta con margen financiero para asumir costos federales, pero reconoció que los distritos se ven forzados a evaluar alternativas para evitar que los corredores queden destruidos.
El Gobierno reconoció oficialmente que utiliza para las metas de equilibrio fiscal del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Se trata del fondo fiduciario constituido por el Decreto 976/2001 y nutrido por la Ley 23.966 del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya legislación impone una asignación específica y taxativa: financiar de forma exclusiva la construcción, mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales.
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