Balotaje 2023: roces entre LLA y el PRO por la fiscalización, aunque aseguran que podrán controlar en todo el país
Los resquemores entre ambas fuerzas habían surgido respecto a cuántos fiscales iba a aportar cada sector y en que distrito.
El amplio operativo de fiscalización del balotaje de mañana entre el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, generó tensiones durante toda la semana entre la fuerza libertaria y sus nuevos aliados del PRO, aunque en la previa de los comicios aseguraron que contarán con la cantidad de fiscales necesarios para cubrir todo el país.
Los resquemores entre ambas fuerzas habían surgido respecto a cuántos fiscales iba a aportar cada sector y en que distrito, en el contexto de un gran operativo que implica movilizar a más de 100.000 personas, una por cada mesa electoral.
Uno de los aspectos fundamentales del denominado Pacto de Acasusso, la cena posterior a la elección general del 22 de octubre en la cual Mauricio Macri y Patricia Bullrich acordaron con Javier Milei respaldarlo rumbo al balotaje, fue justamente el garantizarle al libertario la cantidad de fiscales necesarios en todo el país.
Este proceso -que del lado del macrismo estuvo a cargo en los últimos días del empresario Eduardo Batista a nivel nacional y de Cristian Ritondo a nivel de la provincia de Buenos Aires- generó rispideces entre el PRO y LLA.
Estos desencuentros fueron saldados en un encuentro mantenido durante la semana entre el propio Macri y Milei en el porteño Hotel Libertador, el búnker del economista libertario.
Allí se acordaron los términos de la fiscalización y la participación de los distintos sectores.
En provincia de Buenos Aires, la oposición contará con unos 45.000 fiscales, y desde el espacio de Patricia Bullrich salieron a aclarar en particular, ante versiones que indicaban lo contrario, que «en La Matanza desde el espacio de Patricia Bullrich junto con La Libertad Avanza, tenemos completamente cubierto el tema de la fiscalización».
«Es el mejor armado de control de la historia en dicha localidad», dejaron trascender cerca de la exministra de Seguridad.
Según pudo saber Télam, en territorio bonaerense, el 70% de los fiscales los aportará el PRO y el 30% restante LLA.
Una fuente encargada de los equipos de fiscalización explicó a esta agencia que «se trabajó mucho para que haya equilibrio en la fiscalización entre ambas fuerzas, por ejemplo que si en una escuela hay diez fiscales haya cinco de cada fuerza», o sea cinco del PRO y cinco de LLA.
También indicaron que si bien tienen fiscales en todas las escuelas «en algunos distritos del conurbano donde en el pasado hubo más denuncias de irregularidades se está poniendo gente extra, o sea no se fiscaliza al 100%, sino al 150%».
Uno de los temas abordados en la cumbre entre Macri y Milei fue la presencia de posibles «infiltrados» entre los fiscales opositores.
«Para ello se cruzó la fiscalización, mirando el rol que cada fiscal tuvo en elecciones anteriores, prestando atención a los voluntarios, y haciendo esta fiscalización cruzada entre ambas fuerzas», indicaron las fuentes sobre este esquema en el cual siempre estén mezclados los fiscales de Milei con los que aporta Macri.
Asimismo, la semana previa al balotaje incluyó advertencias de posibles irregularidades y presentaciones judiciales de LLA ante la justicia electoral.
La fuerza de Javier Milei entregó menos boletas que las requeridas por la justicia electoral con el argumento de que podían sufrir robos, ante lo cual la justicia electoral respondió que un eventual faltante de boletas será responsabilidad exclusiva de los libertarios.
Uno de estos cruces fue entre la conducción de LLA y la Junta Nacional Electoral de la ciudad de Buenos Aires, que advirtió a Javier Milei que deberán hacerse responsables si faltan boletas en las urnas.
Los jueces Jorge Morán, Sebastián Picasso y María Romilda Servini, quienes integran la Junta Electoral de CABA, indicaron que el partido de Milei no había cumplido con el requisito de entregar una cantidad suficiente de papeletas electorales.
Los jueces electorales explicaron que en la Ciudad de Buenos Aires cada agrupación política -UxP y LLA- debían entregar «10.000 paquetes de boletas, conteniendo un mínimo de 100 y un máximo de 350 boletas cada uno».
Mientras el peronismo entregó los 10.000 paquetes con el máximo de boletas, desde la oposición entregaron el 9 de noviembre 10.000 paquetes con entre 100 y 150 boletas cada uno, y por separado de 1.000 paquetes conteniendo una cantidad inferior a 100 boletas cada uno.
Desde la mirada libertaria, prefieren que las boletas que faltan las lleven sus propios fiscales, para evitar así que «se pierdan en el camino».
Otro round tuvo que ver con una presentación judicial hecha por los apoderados de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, en el cual solicitan se extremen los cuidados en el traslado de las urnas, sugiriendo, sin brindar pruebas, eventuales irregularidades cometidas en la manipulación de las urnas por efectivos de la Gendarmería en los comicios del pasado 22 de octubre.
En el texto presentado denunciaron que en esos comicios, luego de que las autoridades de mesa entregaban las urnas a la Gendarmería, integrantes de esa fuerza de seguridad modificaban «el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral».
En este escrito judicial también pedían que «se le otorgue participación más activa en el dispositivo de custodia y seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones a la Fuerza Aérea Argentina y a la Armada Argentina».
Luego de esta presentación, el apoderado del partido de Milei, Santiago Viola, fue citado a Tribunales para que brinde más detalles sobre el presunto «fraude» del que hablaban en el escrito presentado, aunque solo se remitió a decir que «no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas«.
Estas advertencias respecto de irregularidades generaron distintas visiones contrapuestas en el tándem conformado por LLA y el PRO, ya que mientras la dirigencia libertaria presentaba estos escritos ante la justicia, dos de los voceros mediáticos del espacio, Patricia Bullrich y Guillermo Francos, salían a matizar estas advertencias, aclarando que no se podía hablar de «fraude» sino de «irregularidades».
Por Damián Juárez, Para Télam
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