Certificados médicos falsos: el juez recién en noviembre definirá la competencia de la causa
El juez resolverá si la causa por el uso de certificados médicos falsos continúa en Viedma o pasa a los tribunales del Alto Valle. Las defensas cuestionan la jurisdicción y la Fiscalía sostiene que el Estado provincial fue perjudicado en la capital. La investigación alcanza a 119 agentes públicos, además de una médica y su pareja.
En audiencia por los certificados falsos, juez Adrián Dvorkak dialoga con los fiscales de la investigación. Foto: Marcelo Ochoa
El juez Adrián Dvorzak resolverá en la primera quincena de noviembre si la investigación por los certificados médicos falsos utilizados por agentes públicos continúa en Viedma o si acepta los planteos de las defensas y deriva el proceso a los tribunales de General Roca.
Falta esa resolución clave, aunque, para entonces, el Poder Judicial habrá sumado 15 convocatorias a audiencias para las acusaciones, con cuatro suspendidas. El primer debate se realizó el 4 de junio y, en pocos días, se cumplirán cinco meses de la etapa preliminar de imputación.
La causa, a partir de una denuncia del gobierno provincial, ya lleva dos años y se descuenta de un largo proceso.
La investigación, denunciada por el Gobierno provincial, lleva alrededor de dos años y alcanza a 119 agentes públicos sospechados de haber utilizado certificados médicos falsos para obtener licencias por enfermedad. La acusación también comprende a una médica señalada como responsable de confeccionar los documentos y a su pareja, ambos imputados como partícipes necesarios.
La resolución de Dvorzak llegará en noviembre después de una sucesión de audiencias en las que los abogados de los imputados cuestionaron la competencia de la Primera Circunscripción Judicial. La Fiscalía y la Fiscalía de Estado, que interviene como querellante, rechazaron esos planteos y reclamaron que la causa permanezca en la capital provincial.
Los cuestionamientos
En la audiencia de este miércoles, Vega cuestionó la competencia del Foro de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial. Argumentó que los hechos no ocurrieron en Viedma ni en las demás localidades comprendidas en esa jurisdicción.
“El delito de uso de documento falso se consuma cuando el certificado es presentado ante la repartición pública que se integra para justificar una inasistencia laboral”, sostuvo. Respecto de la presunta defraudación al Estado, afirmó que debe considerarse el lugar donde se produjo la disposición patrimonial.
El defensor agregó que las medidas de investigación, incluidos allanamientos, secuestros y recolección de pruebas, se realizaron en Cipolletti y General Roca. También señaló que los imputados y los posibles testigos pertenecen a esas jurisdicciones.
Otro de sus argumentos apuntó contra la sede administrativa provincial como criterio para establecer la competencia. Según planteó, aceptar esa interpretación implicaría que todas las investigaciones por delitos contra el Estado provincial debieran tramitar en Viedma, independientemente del lugar de los hechos.
La defensa de los tribunales de Viedma
El fiscal Francisco Marano reiteró que la causa debe continuar en Viedma. Sostuvo que, aunque las conductas investigadas se habrían desarrollado en distintas localidades de Río Negro, la sede administrativa provincial es el ámbito donde se encontrarían las arcas públicas afectadas.
La acusación consideró que, para determinar la competencia, deben analizarse tanto el lugar donde se habría desplegado la maniobra como aquel en el que se produjo la disposición patrimonial. También señaló que se investigan múltiples hechos, con personas que residen en distintas localidades o que fueron trasladadas, por lo que la residencia actual de los imputados no resulta determinante.
Marano rechazó, además, que las dificultades técnicas mencionadas por las defensas impidan continuar con el proceso en Viedma. La Fiscalía de Estado adhirió a esa postura y solicitó que se desestimen los planteos de incompetencia.
El juez Adrián Dvorzak resolverá en la primera quincena de noviembre si la investigación por los certificados médicos falsos utilizados por agentes públicos continúa en Viedma o si acepta los planteos de las defensas y deriva el proceso a los tribunales de General Roca.
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