Empezó un nuevo juicio contra Juan Reggioni: claves del caso Techo Digno en Río Negro

Comenzó el segundo juicio oral y público contra un exintendente de Río Negro en el marco de la megacausa Techo Digno. El imputado es el exjefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, quien ya registra dos condenas por hechos de corrupción. En el proceso también está acusado el empresario de la construcción de Roca, Néstor Raúl Sarasola.

El tribunal está integrado por los jueces Alejandra Berenguer, Guillermo Baquero Lazcano y Julio Sueldo. La audiencia se desarrolló en la sala 6 de los tribunales de Cipolletti, donde durante las primeras jornadas se expondrán los lineamientos de la acusación y las estrategias de las defensas.

Minutos después de las 8:41, el tribunal dio inicio formal a la jornada. La audiencia comenzó con la presentación de las partes intervinientes: los fiscales Santiago Márquez Gauna y Natalia Poblete, y los defensores Julio Oviedo, representante legal de Juan Reggioni, y Carlos Gadano, abogado de Néstor Raúl Sarasola.

Sin embargo, ante la demora en el arribo del doctor Julio Oviedo, el cuerpo resolvió disponer un cuarto intermedio antes de avanzar con la exposición inicial.

Mientras tanto, el juez Baquero Lazcano se tomó unos minutos para preguntar a las partes si existía la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo que evitara seguir adelante con el juicio. Sin embargo, no hubo acuerdo quedando así agotada la instancia de diálogo para soluciones alternativas.

Pasadas las 9:15 finalizó el cuarto intermedio, tras la identificación de los acusados se dio inicio al alegato de apertura.

La fiscalía a cargo de Márquez Gauna sostuvo que el juicio va a girar en torno al «correcto» accionar de los funcionarios públicos de la provincia basándose en la «legalidad».

Además, señaló que el eje del juicio estará puesto en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas en Fernández Oro y en el rol que tuvo el entonces intendente en ese proceso.

Durante su exposición, precisó que al exjefe comunal se le atribuyen los delitos de administración fraudulenta y peculado, mientras que al empresario se lo acusa por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipe necesario.

Luego de esa introducción, se dio paso a la lectura formal de los hechos imputados y de la calificación legal, donde se detallaron los convenios firmados, los montos involucrados y las obligaciones que —según la acusación— debían cumplirse.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre marzo y diciembre de 2015, cuando el Municipio de Fernández Oro, representado por Reggioni, recibió más de 18 millones de pesos provenientes del Programa Federal de Viviendas Techo Digno.

Dicho fondos estaban destinados exclusivamente a la construcción de unidades habitacionales, conforme al Acuerdo N° 2157/2014 firmado con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

Los fiscales, Santiago Márquez Gauna y Natalia Poblete, sostienen que una parte de esos fondos fue administrada en forma irregular y destinada a pagos indebidos a la empresa Eraiki S.A., representada por el empresario acusado, sin la debida certificación de avance de obra.

Se indicó, durante el control de acusación, que se abonó el 30,12 % del contrato cuando el avance real, constatado posteriormente por inspecciones provinciales, no superaba el 27,68 %. Esta diferencia representaría un sobrepago estimado en más de 83 millones de pesos actualizados.

Según la acusación, durante la ejecución del proyecto se habrían realizado pagos que no guardaban relación con el avance real de la obra. Además añadió que esta administración fraudulenta conlleva que el empresario, también imputado, recibiera sobrepagos. “Cuando hay una obra pública la forma del pago está establecida en la ley, y el constructor que acepta sabe cuáles son las reglas a cumplir. Sarasola sabía que se estaba ejecutando de manera irregular la obra y que recibía más de lo que debían según la ley y, de todas formas, participó”, explicó.

---

Qué dijo la defensa del empresario de Roca acusado en la causa Techo Digno

---

Luego del alegato de la fiscalía tomó la palabra el abogado Carlos Gadano, defensor del empresario Néstor Sarasola.

En su exposición sostuvo que la acusación contra su representado se apoya en una diferencia mínima entre lo que se habría cobrado y lo efectivamente construido. “La diferencia por la cual se incluye al ingeniero Sarasola como partícipe necesario es del 2,44%”, señaló ante el tribunal.

El letrado cuestionó la forma en que se realizaron las mediciones de la obra y mencionó que con el paso del tiempo surgieron informes técnicos con porcentajes distintos de avance. “Tenemos que definir qué valor se va a tomar en cuenta para determinar si hubo o no un sobrepago”, expresó, al remarcar que —según su postura— se trata de un punto central de la discusión.

También indicó que en los contratos de obra pública deben contemplarse las actualizaciones de precios y no solo el valor nominal original. Además sostuvo que la inflación y las cláusulas de redeterminación forman parte de las reglas del contrato.

En otro tramo de su intervención, Gadano señaló que su defendido «no tuvo participación directa» en las certificaciones de obra ni en la administración de los fondos públicos. Explicó que, según su postura, esas instancias correspondían al ámbito municipal y no a la empresa constructora, y que Sarasola se limitó a la ejecución de los trabajos contratados.

Sobre el cierre, Gadano remarcó que su defendido no intervino en certificaciones ni en la administración directa de los fondos y planteó que, lejos de existir una deuda, la situación mostraría lo contrario. “No solo no debe, sino que tiene un saldo a favor”, sostuvo ante los jueces.

Gadano solicitó cuestión de pleno derecho y que no haga el juicio bajo los argumentos que enumeró anteriormente. Sin embargo, el tribunal definió avanzar con el objetivo de conocer las prueba, testimonios, etc.

---

«No falta un centavo»: cuál fue el alegato de apertura de la defensa del ex intendente de Fernández Oro

---

Luego fue el turno de la defensa del exintendente, que centró su exposición en sostener la inocencia de su asistido y en cuestionar el origen mismo de la investigación.

Planteó que la acusación se construyó sobre una interpretación parcial de los hechos y no sobre el contexto completo de la gestión municipal. “No podemos mirar a la administración pública con una foto, sino como una película”, expresó ante el tribunal.

Uno de los ejes de su argumento fue la validez de las mediciones que dieron inicio al conflicto. Según indicó, esos informes se realizaron cuando aún existía un contrato vigente entre el municipio y la empresa constructora, lo que a su entender afectaba la autonomía municipal. “Esa medición es nula de nulidad absoluta”, afirmó, al considerar que se trató de una actuación administrativa indebida.

En relación al delito de peculado, la defensa sostuvo que el entonces intendente actuó dentro de las facultades otorgadas por ordenanzas presupuestarias aprobadas por el Concejo Deliberante. “No sustrajo ningún caudal público, estaba autorizado por ordenanzas municipales”, señaló, al remarcar que los pagos cuestionados respondían a una necesidad habitacional y contaban con respaldo legal.

Sobre el cierre, insistió en que no existió perjuicio económico para las arcas públicas y que la acusación carece de sustento. “No falta un centavo”, expresó, al pedir que al momento de resolver se tengan en cuenta las normas presupuestarias vigentes durante ese período.

Caso Techo Digno: primeros testigos en el juicio contra el ex intendente de Fernández Oro

---

Desde el ministerio público informaron que la cantidad de testigos convocados durante todo el debate suman 28 y está previsto que finalice el miércoles 11 de febrero con los alegatos de clausura. Entre los testigos requeridos por la Fiscalía se encuentran un ex intendente de Fernández Oro, personal del IPPV, funcionarios municipales, ingenieros, contadores y arquitectos.

En esta instancia declararon tres testigos, entre ellos Marchisella Mónica, Solar Grillo Ariel y el ex intendente Fernández Oro y actual responsable del IPPV, Mariano Lavín.

Mariano Lavín declaró como testigo y ubicó su intervención en el momento en que asumió la intendencia de Fernández Oro, en diciembre de 2015, tras haber sido concejal entre 2011 y 2015. Dijo que conocía a Reggioni por ser vecino y exintendente, y a Sarasola por ser el empresario de la firma que ejecutaba viviendas. Al describir el traspaso de mando, sostuvo que el municipio estaba “prácticamente en quebranto económico”, con “varios millones en rojo” en las conciliaciones bancarias y una deuda con proveedores.

Al entrar en Techo Digno, Lavín afirmó que al revisar la obra pública encontró una situación que lo alarmó: habló de planes de viviendas con documentación que marcaba avances que, según su relato, no se correspondían con lo que se veía en el terreno. “Encontramos constancias de que estaba certificado al 100% de ejecución cuando en realidad, solo tenían hechas las plateas”, dijo, al explicar por qué inició un proceso de revisión administrativa y búsqueda de respaldo técnico externo. En ese marco, sostuvo que pidió la intervención del IPPV/IPPL para medir el avance real y señaló que, de memoria, esa medición previa arrojaba “menor al 20%”, con un recuerdo de “17%–18%”.

Lavín vinculó esa discrepancia con el problema de financiamiento para terminar las casas: contó que viajó a Nación para pedir fondos porque, según explicó, había viviendas sin finalizar. “Yo fui al Estado Nacional a solicitarle el dinero para terminar la vivienda y la respuesta fue que ya se había enviado todo”, declaró. También mencionó que, además de los convenios para viviendas, existía un tercer convenio de infraestructura y aseguró que “no se recibieron fondos” por ese componente.

Sobre las cuentas y movimientos, el exintendente describió que en convenios de este tipo suele existir una cuenta específica y remarcó que los fondos no deberían mezclarse con rentas generales. Dijo que en Fernández Oro observó “movimientos de la cuenta que no se correspondían con ningún tipo de pago” y transferencias a otras cuentas municipales. Por eso, señaló que dio intervención al Tribunal de Cuentas y que ese organismo impulsó una denuncia penal.

Por su parte, la primera en declarar fue Mónica Marchisella, abogada e instructora sumariante del entonces Ministerio del Interior, quien explicó que trabajó durante más de una década en investigaciones administrativas vinculadas a planes federales de vivienda. Señaló que participó en más de 40 sumarios relacionados con el programa Techo Digno en distintas provincias y municipios.

Durante su testimonio indicó que, a partir de las auditorías y declaraciones que analizó, detectó un patrón repetido en varias jurisdicciones: adelantos financieros que no siempre tenían correlato con el avance real de las obras.

Al referirse puntualmente al caso de Fernández Oro, indicó que lo que observó fue una falta de correlación entre los fondos girados y el estado real de terminación de las viviendas. Señaló que, según su análisis y las auditorías en las que se apoyó, muchas obras presentaban faltantes o detalles sin concluir al momento de las inspecciones. “Las viviendas no estaban terminadas, faltaban cosas básicas”, expresó.

Por último, Ariel Solar Grillo se presentó como abogado con 39 años de matrícula y experiencia en control de obra pública. Señaló que trabajó en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego, entre 2015 y 2019, se desempeñó en la Subsecretaría de Vivienda de la Nación como auditor. Explicó que su función era intervenir cuando surgían alertas administrativas en los acuerdos firmados con provincias o municipios y elaborar informes técnicos sobre la documentación y el estado de las obras.

En relación con Fernández Oro, indicó que su análisis se inició a partir de un informe remitido por el organismo provincial de vivienda que advertía diferencias entre lo que figuraba como avance de obra en los expedientes nacionales y lo que se observaba en territorio. “El problema fue cuando me vino el informe del Instituto Provincial de la Vivienda, donde el avance físico verificado in situ no llegaba al 20%”, expresó, al describir el contraste que motivó su intervención.

Durante su testimonio también mencionó que, al revisar la documentación administrativa del acuerdo 2157, advirtió faltantes de firmas técnicas y observaciones formales que dejó asentadas en su informe.