Consulta previa en Neuquén: diputados debatirán la ley después del receso
El tratamiento del proyecto que presentó el gobernador Omar Gutiérrez en la apertura de sesiones está previsto para agosto. Se haría con una convocatoria amplia que incluirá a representantes de los consejos zonales y del Ejecutivo. La herramienta serviría para evitar futuros conflictos.
El proceso para protocolizar la consulta previa se inició a fines de julio del 2022. Foto: archivo Matías Subat.
La Legislatura de Neuquén buscará debatir y sancionar en el segundo semestre del año el proyecto para convertir en ley la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas de la provincia. El actual decreto fue remitido a los diputados por el gobernador Omar Gutiérrez en el inicio de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, y en las últimas semanas había reclamado celeridad para que comiencen a tratarlo.
La consulta previa es una herramienta que busca cumplir con la disposición del Convenio 169 de la OIT y, principalmente, evitar futuros conflictos cuando alguna obra o proyecto pueda afectar a las comunidades mapuches de la zona.
La convocatoria del gobierno a los consejos zonales de la Confederación Mapuche a debatir un primer borrador se inició hace casi exactamente un año, demandó varios encuentros y finalmente se acordó bajo la forma de un decreto del Poder Ejecutivo en enero de este año. El proceso no estuvo exento de conflictos, ya que hubo comunidades que reclamaron participación directa por no sentirse representadas por las autoridades que hoy están alineadas, en su mayoría, con el vocero Jorge Nahuel.
Desde la Legislatura, el vicegobernador Marcos Koopmann anticipó a Diario RÍO NEGRO que impulsarán el debate en agosto, cuando se retomen las tareas después del receso de invierno, y lo harán bajo un formato de participación amplia. «Queremos asegurarnos de que todas las voces hayan sido escuchadas», afirmó.
Además de los consejos zonales, estará invitado a hablar el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, uno de los principales negociadores con las comunidades de la provincia. Esta área del gobierno será la que actúe como autoridad de aplicación, según el procedimiento aprobado.
Koopmann también adelantó que buscará traer la experiencia de Canadá, un país cuyo 5% de población pertenece a comunidades indígenas y que, además, tiene áreas con perfil similar al de Neuquén en cuanto a proyectos de explotación de recursos naturales como los hidrocarburíferos y de minería.
En ese país de América del Norte hay zonas que tienen experiencia en materia de consulta o consentimiento previo desde hace 20 años.
El texto que se consensuó para Neuquén y que fue enviado para su ratificación en la Legislatura tiene 17 artículos. El gobernador planteó, en los fundamentos de su elevación a la Cámara, que era necesario convertirlo en ley para «dotarlo de mayor jerarquía normativa». Hasta el momento, los diputados provinciales nunca habían tenido participación en el debate, que se limitó al Ejecutivo y los representantes de las comunidades.
El gobierno todavía tiene pendiente de concluir el relevamiento territorial de la ley 26.160, además de cumplir con el compromiso de crear un Registro Especial de Comunidades Indígenas de la Provincia del Neuquén. Esa promesa fue incluida en el decreto 108 que aprobó el procedimiento de consulta previa, con un plazo de 90 días que ya está vencido.
Las claves del procedimiento de consulta previa
Quiénes deben hacerla: los órganos de la administración pública provincial centralizada y descentralizada que dicten medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas reconocidas de la provincia.
Cuándo: antes de autorizar proyectos de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras de las comunidades indígenas y siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras.
Autoridad de aplicación: secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.
Duración: el plazo para realizar la consulta es de 120 días corridos. El resultado es no vinculante para la provincia, aunque persigue como objetivo lograr el consentimiento de la comunidad involucrada.
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