DNU que habilita la expulsión de extranjeros que pronuncien “mensajes de odio”: qué opinan los constitucionalistas

En medio del debate sobre nacionalismo y soberanía que se instaló con el Mundial de Fútbol, el Gobierno intentó dar un golpe de efecto con un nuevo decreto que levantó polémica. Se trata del DNU 681/26, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que impide el ingreso y la permanencia en el país de los extranjeros que pronuncien “mensajes de odio” contra argentinos. Diputados de la oposición y abogados constitucionalistas se expresaron en contra y denuncian un nuevo avasallamiento al Congreso.

El DNU modifica la Ley 25.871 para impedir que entren al país o que permanezcan en él los extranjeros que hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia” contra el pueblo en su conjunto o algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad; o por haber “realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”. A su vez, habilita a la Dirección Nacional de Migraciones a cancelar la residencia y expulsar a los extranjeros por esos actos.

En el articulado se aclara que no se contemplarán “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

Diputados de distintos bloques de la oposición tildan al DNU de inconstitucional. Advierten que la reforma debería hacerse por ley del Congreso y señalan además que el Código Penal argentino no tipifica los “mensajes de odio”, por lo que el concepto es ambiguo y no se sabe cómo se aplicará.

“El DNU es un acto de patrioterismo desprolijo e inconstitucional. El Presidente, una vez más, se coloca por encima del Congreso para modificar la Ley de Migraciones incorporando causales de permanencia y expulsión del país, vinculadas a cuestiones de naturaleza penal, algunas que ni siquiera tienen un tipo penal previsto en nuestro ordenamiento”, denunció Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

También el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) advirtió que el DNU “no puede establecer un procedimiento administrativo sin debido proceso y sin poseer juzgamiento ni sanciones vinculadas a hechos que no tienen una contraparte en el sistema judicial de Argentina. Por lo tanto, es un decreto que más bien declama una intención, que tiene fines políticos, pero no tiene fines prácticos”.

También la radical bonaerense Karina Banfi, quien suele votar con el oficialismo, alertó sobre la falta de claridad del DNU. “¿Insultar a un presidente de otro país puede ser un mensaje de odio? No es lo mismo prohibir el ingreso al país (ley migratoria) que expulsar o prohibir la permanencia por la comisión del delito de discriminación por mensajes de odio (ley penal)”, distinguió.

Otra de las voces en contra fue Florencia Carignano, diputada de La Cámpora y responsable del área de Migraciones entre 2019 y 2023. Señaló que “lo irónico del DNU es que sea justo un gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado”, y agregó que si todos los países aplicaran esa medida, el propio presidente Javier Milei “no podría entrar en por lo menos ocho: Brasil, Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela”.

Más allá de lo legal, también apuntan a la dimensión política del decreto. Paulón denunció una “sobreactuación de nacionalismo” de Milei para “intentar explicar algunas actitudes que, lo largo del Mundial, los dejaron en falsa escuadra el presidente”, como intentar impedir el ingreso de banderas alusivas a Malvinas en la semifinal mundialista contra Inglaterra. Algo que fue desafiado por los propios jugadores de la Selección.

“En el equipo del presidente identifican que parte de la caída de su popularidad de las últimas semanas tiene que ver con la imposibilidad de identificarse y aprovechar el fervor mundialista, proceso en el cual lo de Malvinas tuvo mucho que ver. Por eso ahora aparece esta sobreactuación de nacionalismo sin efectos prácticos en un decreto que es inconstitucional”, advirtió el diputado por Santa Fe.

También señaló como una contradicción que, mientras dice defender el interés nacional con este decreto, el Gobierno promueve una modificación a la Ley de Tierras para liberar la venta a extranjeros (el proyecto se votará dentro de una semana en el Senado), a la vez que “no controla” las incursiones de buques británicos en el Atlántico Sur.

El decreto tiene fuerza de ley y está vigente desde su publicación, hasta que eventualmente el Congreso lo rechace. Para eso, se necesita el voto negativo de ambas Cámaras, por mayoría simple. Hay numerosos DNU acumulados sin tratamiento y con fuertes cuestionamientos, como el que reformó todo el Sistema de Inteligencia a principios de año. La oposición, hasta el momento, no consiguió articular una estrategia ni reunir los votos para voltearlos.

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Antecedente

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No es la primera vez que el gobierno de Milei modifica la Ley de Migraciones por DNU. En mayo de 2025, con el DNU 366/25, se endurecieron los requisitos para el ingreso el país, se reforzaron los controles migratorios y se restringió el acceso irrestricto a los servicios de salud y educación. La medida sigue vigente porque el Congreso no la rechazó.

“Otra vez la Ley de Migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución. Esta vez con una causal propia de la Venezuela de (Nicolás) Maduro”, advirtió el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Coincidió con Carignano en que “lo paradojal es que con esta normativa, Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su discurso de odio”.

Otro constitucionalista, Félix Lonigro, sostuvo que esto “debe ajustarse al principio de legalidad” y por lo tanto debe ser el Congreso el que trate el tema. Recordó que uno de los requisitos para dictar un DNU es que haya “circunstancias excepcionales” que impidan un tratamiento legislativo ordinario, pero observó que este no es el caso. “El contenido del decreto está bien, pero debe hacerse por la vía que corresponde, que es la ley”, sintetizó en declaraciones periodísticas.

Entre los argumentos del decreto, el Poder Ejecutivo mencionó que “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

“Ello constituye un riesgo para todos los argentinos y representa un quebrantamiento del respeto básico que se debe tener respecto de los nacionales de nuestro país por parte de los extranjeros que pretenden ingresar o permanecer en el territorio nacional”, fundamentó la administración libertaria.