El Gobierno definió las primeras reformas que enviará al Congreso y busca recuperar la agenda

En medio de la turbulencia política generada por el caso $LIBRA y los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Casa Rosada busca correr el eje de la discusión, copar la agenda y recuperar el terreno perdido. Para eso, la “mesa política” de la administración mileísta definió el envío de las primeras reformas al Congreso, un lugar que le garantizó victorias al oficialismo el mes pasado.

El paquete legislativo fue diagramado en un encuentro del que participaron, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los asesores Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La reunión marcó el reencuentro cara a cara entre los funcionarios tras el viaje a Estados Unidos y la polémica alrededor de la participación de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial. Decidido a dejar ese escándalo atrás y pasar el frente, el Gobierno se dedicó a puntear los primeros proyectos que remitirá al Congreso en el período ordinario.

Al tope del listado, Adorni ubicó la reforma del Código Penal, con la que buscan un endurecimiento general de las penas. Todo indica que la discusión, una vez más, será capitalizada por Bullrich, quien promovió el tema cuando era ministra de Seguridad. En estos días se define si se creará una comisión bicameral específica para tratar el proyecto.

Otro ítem de la agenda serán las “leyes sobre propiedad privada”, que configuran uno de los ejes del Consejo de Mayo. Se trata, más precisamente, de modificaciones a cuatro normas: la Ley de Expropiaciones, la de Tierras Rurales, la de Manejo del Fuego y la de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana.

En el caso de la Ley de Manejo de Fuego, la intención del Gobierno es derogar artículos impulsados por el diputado Máximo Kirchner en el año 2020 que prohíben realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas en un terreno entre 30 y 60 años después de un incendio.

“Si hay un incendio, aún si es accidental, los dueños o locatarios de un campo no pueden alterar su finalidad productiva entre 30 y 60 años posteriores al incendio. Los productores pueden sufrir una catástrofe doble: además de sufrir un incendio, no pueden adaptarse a los cambios productivos, lo que disminuye su capacidad para recuperarse económicamente y reduce el valor de su campo”, advirtió el Consejo de Mayo en su informe final.

En cuanto a la Ley de Tierras, el objetivo es, lisa y llanamente, liberar la compra por parte de privados extranjeros. El Gobierno advierte que la ley vigente desde 2011 prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, “lo que desalienta la inversión en el sector”.

Para la Ley de Expropiaciones, lo que se propone es que cualquier indemnización por expropiación sea pagada al valor de mercado previo al anuncio de la expropiación, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que se determine mediante tasaciones “independientes”, evitando cualquier conflicto de interés.

Lo que sostuvo el Consejo de Mayo sobre este punto es que la indemnización previa al propietario afectado por una expropiación “no puede quedar al libre arbitrio de tasaciones hechas por el propio Estado, ya que ello desnaturaliza la protección constitucional y expone al ciudadano a arbitrariedades”.

El último de los proyectos sobre propiedad privada busca modificar la Ley de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, para que las viviendas que sean regularizadas puedan ser transferidas con posterioridad a personas jurídicas, algo que hoy se prohíbe.

Discapacidad y universidades, también en agenda

En el listado para las sesiones ordinarias también se incluyó una modificación de la actual Ley de Discapacidad. Un tema más que sensible luego de la pelea del año pasado por la Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por el presidente Javier Milei pero ratificada por el Congreso, y aún así, no se cumple en su totalidad.

Para la puesta a punto del nuevo debate, se conformará este miércoles a las 14 la Comisión de Discapacidad de Diputados: el oficialismo no quiere tropezar con la misma piedra y se asegurará la presidencia, de modo tal de poder digitar el tratamiento. Estaban en carrera para asumir la conducción Johanna Longo y Gladys Humenuk, dos de las ingresantes libertarias por provincia de Buenos Aires.

También se constituirá la Comisión de Educación, que intervendrá en el debate del nuevo presupuesto universitario. Es otro de los proyectos que Adorni ubicó como parte de la agenda prioritaria. La iniciativa, enviada el mes pasado, tiene apoyo de un sector de los rectores. Se concede una recomposición de los salarios docentes y no docentes, aunque mucho menor a la ley vigente, que tampoco se aplica.

Por último, el Gobierno buscará completar el tratamiento de la Ley de Glaciares, que ya fue aprobada en el Senado y se encuentra en Diputados. Los presidentes de las comisiones que intervienen (Nicolás Mayoras de Asuntos Constitucionales, y José Peluc de Recursos Naturales) definieron este lunes el mecanismo de las audiencias públicas, donde ya se anotaron casi 80.000 personas.

El próximo 25 de marzo serán las exposiciones presenciales y, al día siguiente, las virtuales, para quienes estén entre los primeros anotados de cada provincia. Así, buscan garantizar la representación de las 24 jurisdicciones. El resto podrá enviar ponencias escritas o videos de hasta cinco minutos al canal oficial de YouTube de Diputados. Todo el material será incorporado al expediente legislativo como antecedente del debate.

Corresponsalía Buenos Aires