El Gobierno envió proyectos al Congreso para aplicar cambios en las leyes de Salud Mental y Discapacidad
La iniciativa busca actualizar la normativa vigente, mejorar los criterios de internación y reforzar controles para evitar fraudes en beneficios por discapacidad. El oficialismo espera activar el debate la próxima semana.
El Gobierno nacional envió al Congreso nuevos proyectos de ley que apuntan a reformar el sistema de salud mental y endurecer los controles sobre las pensiones por invalidez, con el objetivo de reducir irregularidades y actualizar el marco normativo vigente.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Salud y forma parte de una estrategia más amplia para reorganizar áreas sensibles del sistema sanitario y de asistencia social, en medio de cuestionamientos por la falta de controles y la desigual aplicación de normas en distintas jurisdicciones del país.
En lo que respecta a salud mental, el proyecto propone modificar la ley actual para hacerla más precisa en términos diagnósticos, incorporando criterios basados en clasificaciones internacionales y dejando atrás conceptos considerados ambiguos.
Proyectos por la salud mental y pensiones por invalidez: cuáles son las propuestas
Uno de los cambios centrales es la redefinición del criterio de riesgo, que pasará a enfocarse en situaciones que impliquen peligro para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. Esto permitiría intervenciones más rápidas y preventivas.
También se introducen modificaciones en el régimen de internaciones. Si bien seguirán siendo un recurso excepcional, se habilita a los psiquiatras a disponer internaciones involuntarias en casos urgentes, que luego deberán ser revisadas por equipos interdisciplinarios y notificadas a la Justicia en plazos más amplios.
El proyecto reconoce además las limitaciones actuales del sistema para reemplazar completamente los hospitales especializados, por lo que plantea una red de atención más flexible, que combine instituciones monovalentes, hospitales generales y dispositivos comunitarios.
Con este paquete de reformas, el Ejecutivo busca avanzar en un sistema más controlado y eficiente, aunque se espera que el debate parlamentario genere controversias, especialmente en torno al equilibrio entre derechos de los pacientes, criterios médicos y control estatal de los beneficios sociales.
En paralelo, la iniciativa incorpora un capítulo orientado a combatir el fraude en las pensiones por invalidez, con auditorías más estrictas, revisión de beneficios y nuevos mecanismos de control para evitar otorgamientos indebidos.
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