El Gobierno restringió el acceso de la prensa a Casa Rosada y dio de baja las acreditaciones: los motivos
El Gobierno bloqueó el ingreso de periodistas a la Casa Rosada tras denunciar penalmente a cronistas de TV por presunto espionaje ilegal. Con la eliminación de las huellas dactilares del sistema y la baja de las acreditaciones, la Casa de Gobierno permanece cerrada para la prensa por razones de seguridad nacional.
La administración nacional dispuso este jueves una restricción total al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida, que entró en vigencia de manera inmediata, incluyó la desactivación del sistema de acceso biométrico (huellas dactilares) para todos los representantes de medios de comunicación que operan habitualmente en Balcarce 50.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión alegando razones de seguridad nacional. La medida se mantendrá por tiempo indeterminado, supeditada a resoluciones judiciales y a un proceso de reestructuración del sistema de acreditaciones.
Los motivos de la restricción: causas judiciales y sospechas externas
El Gobierno fundamentó esta restricción en dos frentes que considera críticos para la seguridad del edificio. El primero es una causa penal contra periodistas de la señal Todo Noticias (TN) por la difusión de filmaciones de pasillos y áreas internas de la Casa Rosada. El Gobierno sostiene que se trató de un acto de espionaje ilegal al exhibir sectores considerados sensibles.
“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, indicaron fuentes del Gobierno a La Nación.
En paralelo se mantiene bajo reserva una investigación sobre presuntas campañas de desinformación vinculadas a intereses externos. Esta sospecha ya había motivado auditorías parciales en las últimas semanas.
La medida representa un hecho inédito para el funcionamiento de la Sala de Periodistas, que tradicionalmente ha operado como un espacio de cobertura permanente. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado técnico que especifique la fecha de reapertura o el nuevo protocolo que deberán cumplir los medios de comunicación para recuperar el acceso a la sede del Poder Ejecutivo.
Denuncia penal y «secretos de Estado»: el trasfondo judicial
La medida fue impulsada por la Casa Militar, el organismo encargado de la custodia del Presidente, tras la emisión del programa «Y mañana qué» de la señal TN. La denuncia, que consta de nueve páginas y recayó en el juzgado de Ariel Lijo, sostiene que los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno realizaron «actividades subrepticias e ilegales» al filmar áreas de uso común y pasillos del palacio de Gobierno.
Según el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ibáñez, la difusión de estas imágenes «generó las condiciones para revelar secretos de Estado» y expuso a los funcionarios a «riesgos injustificados». Por este motivo, se suspendió la acreditación de Salerno y se acusa a los cronistas de violar la Resolución 1319 de la Secretaría de Comunicación.
Desde Israel, el presidente Javier Milei ratificó la postura del organismo de seguridad con un duro mensaje en sus redes sociales. El mandatario calificó a los involucrados de «delincuentes» y «basuras inmundas», extendiendo la crítica al resto de los acreditados. «Espero que esto llegue hasta los máximos responsables», sentenció el Presidente, vinculando el episodio con una vulneración directa a la seguridad nacional.
Con información de La Nación.
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