El kirchnerismo reclamó dividir en partes la “Ley Malvinas” para evitar un “caballo de Troya”

La Cámara de Diputados retomó este martes el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que envió el presidente Javier Milei con la causa Malvinas como mascarón de proa. Mientras el oficialismo avanza con la idea de votar el proyecto el próximo miércoles 21, Unión por la Patria reclamó dividirlo en partes para poder consensuar el eje Malvinas y ganar margen de rechazo a las polémicas reformas restantes en materia de defensa y seguridad.

Malvinas: objetaron el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” del Gobierno

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El debate se reanudó en las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, en un clima más civilizado tras el escándalo de la semana pasada por los insultos entre Juan Grabois y diputados libertarios. La jornada fue copada por invitados de la oposición que sembraron dudas sobre los verdaderos objetivos del Gobierno dentro de un proyecto que tiene ocho títulos y 133 artículos.

“Este proyecto merecería dividirse en por lo menos ocho proyectos de ley distintos. Nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates. Impera la desconfianza de que detrás de estas reformas pueda haber un caballo de Troya”, planteó el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, dispuesto a discutir los primeros 40 artículos.

El santafesino consideró que “si tienen la capacidad de separar los aspectos donde podemos tener consenso de aquellos donde impera una mirada crítica, le estaríamos haciendo un gran favor a la causa Malvinas”. De lo contrario, alertó que se la estaría “tergiversando” con el solo objetivo de generar un “principio de revelación” sobre aquellos que no acompañen la ley.

La posición del Gobierno estará a cargo de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, quien asistirá al plenario este miércoles a las 11. La funcionaria es del riñón del asesor Santiago Caputo, quien intervino en la letra chica. La oposición reclama la presencia de los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa), pero el oficialismo no lo tiene en sus planes.

• Voces en contra

El proyecto sumó nuevas voces en contra. Excombatientes, organismos de Derechos Humanos, académicos y exfuncionarios advirtieron sobre un intento velado de “persecución” y “militarización”.

Además, denunciaron una concentración de poder en el Poder Ejecutivo y una avanzada sobre la propia Constitución Nacional.

El punto más cuestionado fue la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que será encabezado por el presidente y tendrá amplias facultades para diseñar la política de seguridad; coordinar y supervisar a organismos estatales; intervenir en el control de espacios aéreos, marítimos y fluviales; y adoptar medidas urgentes ante amenazas.

También hubo críticas a las nuevas atribuciones que se le otorgan a las Fuerzas Armadas para operar y hasta entrometerse en tareas de seguridad interior; y al artículo que penaliza, de manera ambigua, las “campañas de desinformación”.

Jerónimo Guerrero Iraola, responsable legal del CECIM La Plata (el centro de excombatientes que promovió la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras), llamó abiertamente a rechazar el proyecto, al sostener que “esconde la verdadera finalidad de perseguir a la oposición política”.

“Asistimos a una ‘galtierización’ del gobierno. Bajo el pretexto de la cuestión Malvinas, intentan incluir parámetros y dispositivos de control social que son riesgosos para la vida democrática y el Estado de Derecho argentino”, enfatizó.

A su vez, apuntó que el presidente “ya cuenta con las herramientas legales y legislativas para avanzar sobre el saqueo que están haciendo” sobre los recursos naturales, por lo que consideró que “no es necesaria una reforma legislativa”.

Paula Litvachky, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), pronosticó que si el Congreso sanciona esta ley, “le estaría dando al Poder Ejecutivo facultades que desbordan la Constitución Nacional y resultan inéditas desde 1983”.

La experta dijo que se proponen “reformas penales ambiguas y permanentes que le darán amplias facultades al presidente y a las fuerzas de seguridad e inteligencia”, y que “pueden derivar en un estado de sospecha peligroso”. También mencionó que buscan “controlar a la opinión pública” e “instalar y rearmar la lógica del estado antiterrorista”.

Daniel Filmus, exsecretario de Malvinas entre 2019 y 2021, consideró que “no hay ninguna urgencia para sacar esta ley” y que toda su segunda parte “ayuda al Reino Unido a que se perpetúe en las Malvinas”.

Guillermo Carmona, quien ocupó el mismo cargo entre 2021 y 2023, agregó que “se desnaturaliza la cuestión Malvinas introduciendo cuestiones extrañas”.

Carmona denunció que “utilizan la causa para perseguir argentinos y amordazar a partidos políticos”, y agregó que “están poniendo la hipótesis de conflicto adentro del territorio, no en una disputa de soberanía”. Habló de “una falta de respeto a la inteligencia del Congreso”.

Desde el ámbito académico, Luciano Anzelini, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, advirtió que se impulsa “la militarización de la seguridad y la policialización de las Fuerzas Armadas”. Finalmente, Raúl Ferreyra, abogado y doctor en Derecho de la misma institución, también describió el proyecto como un “caballo de Troya” y pidió fragmentarlo.