Estafa con planes sociales: la conexión con el «voto seguro» y el control de afiliaciones al MPN
El informe que le encomendó la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén a su equipo de contadoras concluyó que el dinero acumulado en la "caja azul" era utilizado, entre otros fines, para sustentar las campañas del partido provincial.
¿Cuál era el destino de los fondos que se desviaban del ministerio de Desarrollo Social para apilarse en la «caja azul» administrada por Rircardo Soiza? Las contadoras de la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén aseguraron en su informe que ese dinero servía para cubrir los gastos operativos de la organización, generar un beneficio personal a algunos de sus miembros y «cooptar votos para campañas políticas del MPN».
La hipótesis de que la megaestafa con planes sociales- que se desarrolló coordinadamente dentro de la administración pública provincial- tuvo como único objetivo engrosar las cuentas de quienes ya asumieron su culpabilidad, o serán próximamente enjuiciados, es un tanto endeble a la luz del dictamen de las profesionales del Poder Judicial.
La fiscalía les encomendó a Melisa Jaccod y Agustina Martínez que detallaran la mecánica de la maniobra investigada, que identificaran roles, hicieran un análisis financiero y patrimonial de cada uno de los intervinientes, cuantificaran el perjuicio económico ocasionado y mencionaran cualquier otro dato de interés.
En el documento de 250 páginas se dedicaron a desmenuzar de qué forma se apropiaban de los fondos del programa «Subsidio Provincial para la Desocupación Laboral», que estaba en cabeza de la Unidad de Gestión de Planes y Programas Sociales del ministerio de Desarrollo Social. Esa área, a cargo de Soiza, establecía los criterios de ingreso, permanencia y egreso de los beneficiarios.
La explicación sucinta es la siguiente: referentes barriales de partidos -en algunos casos planta política de la Unidad de Gestión- presentaban notas en las cuales requerían incorporar personas para que accedan al subsidio.
Reclutaban interesados a quienes les ofrecían acceder a un plan por importes que rondaban entre los $4.000 y $8.000. Exigían como requisito la entrega de las tarjetas de débito asignadas en el BPN, una vez abierta la caja de ahorro.
Dentro de los listados había pedidos de agrupaciones como FOL, Polo Obrero, Flor de la Esperanza de Jerusalén, Frente Unido. Posteriormente se incorporaron beneficiarios contactados por empleados del ministerio.
La modalidad de pago comprendía transferencias bancarias a cajas de ahorro y cheques. Las personas beneficiarias, por transferencia, eran de tres tipos:
*Quienes eran reclutadas por referentes barriales y se les exigía la entrega de la tarjeta de débito, objeto de las extracciones ráfaga.
*Las que efectivamente percibirían las sumas de dinero correspondiente a los planes sociales, pero su permanencia o no, dependía de una afiliación partidaria al Movimiento Popular Neuquino y el cumplimiento de voto en elecciones.
*Las incorporadas en cumplimiento con otras agrupaciones políticas/sociales.
Las personas beneficiarias que entregaron sus tarjetas a referentes cobraban sumas entre los $40.000 y $49.000. Los testimonios colectados por la fiscalía indican que lejos de recibir ese dinero se quedaban con apenas $3.000 y $8.000, en concepto del pago de subsidio.
La historia de las extracciones ráfaga con tarjetas de débito (hechas en el mismo momento, en cajeros automáticos contiguos y usando muchos plásticos a la vez) es ampliamente conocida por la audiencia del Diario RIO NEGRO, en toda su cobertura de la investigación.
Hay personas beneficiarias, que aún teniendo los plásticos, igual debían entregar una parte de las sumas a sus referentes. Pudieron ser identificadas 198 tarjetas de débito utilizadas en esta maniobra.
En cuanto a los cheques eran endosados por empleados del ministerio, independientemente de la persona que figuraba beneficiaria. Se distribuían los valores que eran depositados en cajas de ahorros de bancos.
En resumen, dicen las contadoras, cumplían los pasos administrativos necesarios para «obtener los fondos y ponerlos a disposición de la Unidad de Gestión de Planes Sociales para abastecer la «caja azul».
«Soiza/No votaron»
Hay un apartado en el informe contable que se llama «Incidencia política», en el que las profesiones profundizan sobre el contexto de la megaestafa y dan pistas de por qué la caja era tan azul.
El primer aspecto que mencionan son las declaraciones de quienes participaron en algún nivel de la maniobra que afirman que los fondos recaudados tenían como destino «el pago a referentes barriales vinculados al Movimiento Popular Neuquino (M.P.N), así como el de diversos gastos que podrían definirse como asociados al mantenimiento de la estructura del sistema».
Plantean que el pago a determinadas personas beneficiarias estaba supeditado al «control de afiliaciones partidarias» y al seguimiento de los votos.

Para sostener esta tesis citan un informe pericial informático y enumeran una serie archivos digitales (de Office y Excel) encontrados durante la investigación.
Por ejemplo, hay uno de ellos que se llama «Soiza-No votaron», el cual contenía una lista de beneficiarios con el monto de subsidio, señalan las contadoras, «todos ellos bajo la coordinación de “Ricardo Soiza”, con sus referentes y en una última columna titulada “Voto” se describieron todos aquellos que figuraron con la leyenda “no”. El archivo data del 26 de octubre de 2021, período comprendido dentro de la maniobra.
También localizan el documento «votos seguros_33926», que contiene una nómina de personas con sus datos y “Responsable a cargo”.
El «voto seguro» es un mecanismo que el MPN tiene bien aceitado: la militancia registra en una planilla con nombre y apellido a la persona que se comprometió a concurrir a la elección (interna o general), y lleva un estricto control para luego rendir cuentas de si efectivamente fue.
Las contadoras marcan archivos referidos «a cuestiones electorales» como «Elección Internas Abiertas 25-06-2017, indicando cada caso en la columna partido político “MPN” /“Ind”.
El comicio aludido fue para definir candidatos y candidatas a concejales en la ciudad de Neuquén. La lista azul se impuso por el 70% de los votos. La lideraba Alejandro Nicola (actual secretario de Coordinación e Infraestructura del municipio) y Vanina Merlo (defensora general ante el Tribunal Superior de Justicia).
Hay otro archivo «MODELO INFORME_24510» en el que las contadoras observan un listado de personas beneficiarias en el que se «punteaba en cada caso el estado de sus asignaciones, indicando en algunos casos que se les habría ejecutado la BAJA por causales tales como «No votó en las elecciones municipales», o «no votó en las elecciones generales». Fue creado y firmado en diciembre de 2021, de acuerdo a las propiedades del documento.
Se trazó el seguimiento en dos casos en los que se constató que recibieron el subsidio de julio hasta octubre por $7.000 mensuales. Allí se interrumpió.

La elección municipal a la que se refiere es la del 24 de octubre de 2021, en la que se renovó la mitad del Concejo Deliberante de la capital y se aprobó la enmienda a la Carta Orgánica, promovida por el intendente Mariano Gaido. El MPN se quedó con cuatro bancas. El actual diputado provincial, Claudio Domínguez, era el primero de la lista.
Fueron identificados, además, archivos Excel del tipo «MESA 345» en la que se cruzan padrones, sondeos de a quién votarían, si estaba incluida la persona como beneficiaria del subsidio y su referente.
En la sede del local comercial «El Faraón», de Soiza, se secuestraron listados de avales para elecciones internas del MPN de agosto 2021, con firmas de afiliados. En ellos figuran personas que fueron identificados como referentes políticos.
La «caja azul» no nació en 2020. Las contadoras enumeran archivos del 2019 con esquemas de distribución de dinero.
Mantenimiento de una estructura partidaria
El dictamen concluye: «que la maniobra de obtención de fondos provenientes del Subsidio por Desempleo Laboral fue efectuada de manera sistematizada, coordinada y continuada a lo largo del período objeto de la investigación, es decir desde el 09/2020 hasta el 07/2022″.
«Esta organización resultó permeable a los eventos que ocurrían en su exterior, importando por ello modificaciones en su esquema de funcionamiento a los fines de sostener el objetivo que le dio origen: el mantenimiento de una estructura partidaria«, agrega.
Para las contadoras «si bien pudieron detectarse exteriorizaciones patrimoniales que permitieron presumir el enriquecimiento o beneficio por parte de alguno de los miembros que la conformaron, lo cierto es que dicha circunstancia puede entenderse como colateral y no parte de la actividad principal de la misma«.
«No tenemos prueba directa»
El 18 de febrero comenzará la audiencia en la que se definirá si los 19 imputados irán a juicio por la megaestafa, que implicó para el Estado un perjuicio de $935.185.943,43 (monto actualizado).
Sólo en tres casos se rechazaron los acuerdos de responsabilidad. El Tribunal de Impugnación revisó esta decisión, y ordenó que se hicieran los juicios abreviados contra Valeria Honorio, Rodolfo López y Ariel Meza Lizama. Serán el 14 de febrero, y no el 4 como se habían fijado originalmente. Estarán a cargo del juez Cristian Piana.

Diario RÍO NEGRO le consultó al fiscal Juan Manuel Narváez si iban a mencionar en la acusación que uno de los destinos del dinero era «comprar votos» para las campañas del MPN, como se desprende del informe de las contadoras y que es parte del ofrecimiento de prueba.
«Siempre hablamos nosotros de conjeturas, siempre una sospecha, pero lo cierto es que no tenemos prueba directa para probar donde fue ese dinero«, afirmó el fiscal. Dijo que en casos puntuales se pudo determinar que algunos imputados incrementaron su patrimonio.
Narváez enfatizó: «al juicio nosotros vamos a ir con lo que sabemos que vamos a probar. Esas son no conjeturas en si, sino que son sospechas que tenemos y que plasmó en el informe, pero sólo a los efectos de contextualizar la situación».
Cuando en 2023 se conoció la existencia de la «caja azul», ya había indicios de que ese dinero se usó para financiar actividades políticas. Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli insistieron en que todavía no había forma de demostrarlo: «Es plata en negro, obviamente no hay recibos«.
¿Cuál era el destino de los fondos que se desviaban del ministerio de Desarrollo Social para apilarse en la "caja azul" administrada por Rircardo Soiza? Las contadoras de la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén aseguraron en su informe que ese dinero servía para cubrir los gastos operativos de la organización, generar un beneficio personal a algunos de sus miembros y "cooptar votos para campañas políticas del MPN".
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