Está acéfala la Defensoría del Pueblo en Bariloche

La falta de acuerdo en el Concejo para cubrir la Defensoría del Pueblo municipal derivó en la acefalía de ese cargo desde el miércoles pasado, cuando venció el mandato de la abogada Analía Woloszczuk, quien había sido designada en 2021 y ya entregó “el inventario y el saldo de cuentas” para quedar formalmente desvinculada del organismo.

Aclaró que la Defensoría todavía recibe denuncias y otorga trámite administrativo a expendientes en el horario de 8 a 15, porque tiene cuatro empleados de planta, pero “no hay firma” ni funcionarios políticos a cargo.

El Concejo había comenzado en febrero el proceso de selección, con tiempo suficiente para inscribir aspirantes, cumplir con la audiencia pública (que se realizó el 4 de abril) y designar Defensor antes de la fecha límite del 4 de junio.

Pero la falta de acuerdos para elegir un nombre con mayoría especial de 8 votos (como obliga la ordenanza) trabó todo el proceso. Hace cuatro años ya había ocurrido algo similar y el cargo estuvo vacante durante 15 días, hasta que Woloszczuk reunió el apoyo suficiente.

La decisión debe ser tomada por el Deliberante en una sesión extraordinaria, que hasta ahora no fue convocada, por la falta de consenso, dificultada por la cantidad de bloques. El Concejo tiene once miembros y ninguna fracción política reúne más de tres representantes. Las bancadas más grandes (con ese número) son la del oficialismo del partido PUL y la de JSRN.

Varios concejales consultados dijeron que hay aspirantes que reúnen 6 y hasta 7 votos, pero ninguno consigue el número necesario de 8. “Estar al borde no garantiza nada, en cualquier momento puede surgir alguien que no sonaba al principio y que pueda alinear las voluntades que hacen falta -explicó uno de ellos-. Lo que está claro es que no hay candidaturas claras por partido político. Lo que más influyen son los perfiles y los proyectos”.

El único candidato que rompe esa regla es el abogado y extitular de Anses en Bariloche Juan Manuel Mandagarán, promovido por La Cámpora, que está representada en el Concejo por Roxana Ferreyra (Nos Une Bariloche). “Podría ser un buen Defensor del Pueblo, pero esa identificación tan marcada un poco le juega en contra”, opinó uno de los concejales.

La intransigencia de Ferreyra para aceptar acuerdos y votar a cualquier otro es uno de los factores que demora la elección. Hay bloques, en cambio, que tienen cuatro o cinco candidatos a los que podrían votar, lo que genera expectativa de una pronta resolución.

Otras aspirantes con buenas posibilidades son Jorgelina Ojeda (de 38 años) y Nora Ceballos (58 años), ambas empleadas de planta del municipio. Ceballos integra desde hace años el equipo estable de la Defensoría y tiene a cargo las mediaciones.

También fue considerado como una opción viable Lihue Bariggi, un abogado de 31 años que en 2023 fue candidato a intendente por un partido vecinal y consiguió el 4,4% de los votos.

Otros nombres en carrera para ser defensor del Pueblo

La única de las inscriptas que renunció de manera formal fue Diana Garrafa, de origen peronista y tal vez la más cercana al intendente Walter Cortés, ya que hasta hace poco integró su gabinete, como subsecretaria de Cultura.

En la lista de interesados en asumir la Defensoría aparecen algunos que ya habían competido en convocatorias anteriores, como Emiliano Guenin, también el dirigente sindical de Peones de Taxi Luis Barrales, y referentes vecinales como Roberto Paillacoy, del barrio Lera, y Betina Fernández, de El Frutillar.

Otros competidores son Claudia Duró, Isamara Painefil, Dahiana Vargas, Claudio López, Esteban Zambrano y Mariana Minuth. Hubo otros cinco anotados que también llenaron el formulario pero no se presentaron a la audiencia.

Desde el Concejo afirmaron que no hay plazos, que la negociación es constante y confían en darle un cierre porque que la mayor parte de los bloques muestran “flexibilidad” para encontrar un nombre con el apoyo suficiente.

Woloszczuk dijo que “no está previsto” en la normativa municipal qué ocurre cuando la Defensoría queda sin “responsable político” a cargo y “sin firma” de resoluciones. Consideró que es una cuestión a contemplar en la futura reforma de la Carta Orgánica.