Inocencia fiscal, reforma del BCRA y ley de tierras: LLA prepara una supersesión en Diputados para agosto
El oficialismo busca avanzar con una agenda económica que incluye la reforma del régimen de Inocencia Fiscal, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
LLA prepara una supersesión en Diputados para agosto.
El Gobierno de Javier Milei prepara una agenda legislativa de fuerte contenido económico para la segunda mitad del año y busca convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados hacia fines de agosto.
El oficialismo ya ingresó el proyecto de reforma del régimen de Inocencia Fiscal y espera enviar próximamente la iniciativa para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). En paralelo, el Senado continuará negociando el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye cambios en las restricciones para la venta de tierras a extranjeros.
Si los tres proyectos confluyen en una misma agenda parlamentaria, la sesión podría convertirse en una de las jornadas legislativas más extensas del año.
Los cambios en el régimen de Inocencia Fiscal
La nueva versión del proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al régimen simplificado. De esta manera, ya no será necesario tener ingresos anuales inferiores a $1.000 millones ni un patrimonio menor a $10.000 millones.
El esquema quedaría abierto para todas las personas humanas, aunque los Grandes Contribuyentes Nacionales constituirían la principal excepción. Estos contribuyentes podrían utilizar la modalidad simplificada para la liquidación y el pago del impuesto, pero no accederían a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos por la ley.
El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuestionar la declaración simplificada.
La discrepancia se configuraría cuando la diferencia entre lo declarado y lo detectado por el organismo supere el 15% del impuesto determinado. Además, la diferencia debería superar un umbral equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria, actualmente cercano a los $5 millones.
En caso de una objeción, el contribuyente tendría 15 días hábiles para corregir la declaración, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.
La discusión por los funcionarios y las personas políticamente expuestas
Uno de los puntos que podría generar mayor debate es la posibilidad de que funcionarios públicos y otras personas políticamente expuestas puedan adherir al régimen.
La discusión cobró fuerza luego de que el entonces vocero presidencial Manuel Adorni presentara una Declaración Jurada Simplificada de Ganancias en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Diputados de Unión por la Patria y Provincias Unidas ya presentaron proyectos para excluir a funcionarios y dirigentes políticos del régimen.
El diputado peronista Eduardo Valdés sostuvo que quienes administran recursos del Estado tienen “un deber reforzado de transparencia” y deberían estar sometidos a mayores controles patrimoniales.
Sin embargo, desde el oficialismo consideran poco probable que se introduzcan cambios en ese punto y confían en repetir el respaldo parlamentario que permitió aprobar la ley original en diciembre.
La reforma del Banco Central
El segundo proyecto de la agenda será la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Según anticipó el Gobierno, la iniciativa buscará reforzar la independencia de la autoridad monetaria mediante la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro.
La reforma impediría que el BCRA otorgue nuevos adelantos transitorios al Tesoro, una herramienta utilizada históricamente por distintos gobiernos para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
El proyecto también apunta a redefinir los objetivos de la autoridad monetaria. Mientras la reforma impulsada durante el kirchnerismo en 2012 incorporó metas vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, el Gobierno de Milei busca establecer como prioridad central la preservación del valor de la moneda.
El Presidente sería el encargado de presentar los detalles de la iniciativa durante las próximas semanas.
El proyecto sobre la propiedad privada y las tierras
En paralelo, el Senado retomará el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la flexibilización de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La iniciativa sufrió un nuevo revés por la falta de apoyo de algunos aliados y su tratamiento fue postergado hasta el 6 de agosto.
La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para analizar posibles modificaciones que permitan conseguir los votos necesarios.
La estrategia del oficialismo es que el Senado avance con ese proyecto mientras Diputados prepara el tratamiento de las reformas económicas.
El Gobierno considera que la reforma de Inocencia Fiscal y los cambios en el Banco Central podrían contribuir a consolidar la estabilidad financiera, promover la formalización de dólares que permanecen fuera del sistema y ampliar el crédito.
La expectativa oficial es que estas medidas permitan “remonetizar” la economía y, al mismo tiempo, evitar que futuros gobiernos vuelvan a recurrir al financiamiento monetario del déficit fiscal.
El Gobierno de Javier Milei prepara una agenda legislativa de fuerte contenido económico para la segunda mitad del año y busca convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados hacia fines de agosto.
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