Intendente Luis Bertolini: la jueza aceptó la formulación de cargos y mañana define si lo detiene
La acusación es por negociaciones incompatibles con la función pública. También está imputada la subsecretaria de Hacienda del municipio, el hijo de ésta y un empresario. A los dos últimos les embargaron las cuentas bancarias.
El futuro de Luis Bertolini se definirá este miércoles al mediodía, cuando la jueza Carina Álvarez le imponga prisión domiciliaria por seis meses, como pidió la fiscalía, o lo deje en libertad como solicitó la defensa. La decisión es apelable ante un tribunal de revisión. Lo que ya está firme es la formulación de cargos contra el intendente de Plottier por negociaciones incompatibles con la función pública.
Además de Bertolini, están imputados su subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, el hijo de esta, Mauricio López y el empresario Pedro Vilchez. Los acusan de haber montado un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores por un monto global estimado en más de 2.300 millones de pesos entre enero de 2024 y marzo de 2026.
La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y consideró que, en esta etapa inicial, los hechos descriptos por la fiscalía cuentan con la entidad suficiente para permitir el avance de la investigación.
Prisión, inhabilitación y multa
La pena por ese delito es de 1 año de prisión como mínimo hasta 6 años como máximo, inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos -en el caso de los funcionarios- y multa equivalente al doble de la maniobra; en este caso 4.600 millones de pesos.
La fiscal del caso Rocío Rivero dijo que habían analizado todas las medidas cautelares posibles, y en el caso de Bertolini la única eficaz para evitar el entorpecimiento de la investigación era la prisión domiciliaria en su propia vivienda.
Para Ramírez, la fiscalía pidió que se le imponga prohibición de acercamiento a la municipalidad. La funcionaria reside en Cipolletti.

Por otra parte, solicitó una inhibición general de bienes de los imputados -la jueza lo rechazó- y el embargo de las cuentas bancarias de López y Vilchez. La magistrada hizo lugar a esta medida.
La de este martes fue otra maratónica audiencia en la que la defensa del intendente, ejercida por Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez, presentó más objeciones al trabajo de la fiscalía y más pedidos de nulidad que fueron rechazados.
Los cuatro fundamentos
En cuanto a la detención domiciliaria, la fiscal Rivero la fundamentó en cuatro ejes vinculados con el posible entorpecimiento de la investigación.
Primero, el temor de los empleados municipales que son testigos. Algunos dijeron expresamente que les preocupaba perder el trabajo por declarar ante la fiscalía y aportar elementos que ayuden a probar la maniobra.
Dejó sobreentendido que quien tiene poder para despedirlos es Bertolini, y que desde su casa no ejercerá el cargo por lo que perderá esa facultad. Invocó la llamada «doctrina Irurzun», utilizada por la Cámara Federal de Casación Penal para encarcelar a exfuncionarios del kirchnerismo por su «poder residual» una vez que dejaron el cargo.
En segundo lugar, la fiscal Rivero citó «la dificultad, la imposibilidad de encontrar información que debería estar a la vista de cualquier ciudadano. Tuvimos que hacer gran cantidad de allanamientos; encontramos serios obstáculos para dar con la documentación».
Puso como ejemplo que la subsecretaria de Hacienda se llevó cajas con expedientes a su casa y aparecieron recién un día después del primer allanamiento.
Como tercer bloque mencionó que «todavía no aparecen los registros de las transferencias bancarias» y en cuarto lugar, la «manipulación y destrucción parcial de algunos expedientes».
Rivero dijo que el 26 de marzo pasado, cuando ya sabían que estaban siendo investigados formalmente, el intendente Bertolini y la subsecretaria de Hacienda Ramírez le transfirieron a Vilchez 80 millones de pesos.
Debido a la cantidad de planteos que realizaron las defensas, la jueza dispuso un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía para comunicar su decisión.
El futuro de Luis Bertolini se definirá este miércoles al mediodía, cuando la jueza Carina Álvarez le imponga prisión domiciliaria por seis meses, como pidió la fiscalía, o lo deje en libertad como solicitó la defensa. La decisión es apelable ante un tribunal de revisión. Lo que ya está firme es la formulación de cargos contra el intendente de Plottier por negociaciones incompatibles con la función pública.
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