Investigan contratos, licitaciones y concesiones vinculados a Manuel Adorni: denuncian sobreprecios e irregularidades

La Justicia federal puso bajo la lupa una serie de contratos, licitaciones tecnológicas y concesiones del Estado Nacional que salpican directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti. La investigación busca determinar si existió un esquema de direccionamiento, sobreprecios y conflictos de interés durante la actual gestión libertaria para favorecer a empresas vinculadas al entorno familiar del funcionario.

La denuncia que originó la pesquisa fue radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo y es producto de una presentación formal realizada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Según reveló Clarín, El expediente pone el foco en licitaciones de servicios de mensajería masiva, millonarias contrataciones en YPF y el futuro del predio de Tecnópolis.

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Las licitaciones bajo sospecha

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Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a un proceso de contratación del año 2025 para proveer servicios de mensajería masiva (SMS, correos electrónicos y llamadas) para el Estado. La licitación fue adjudicada a la firma ATX S.A. por un monto superior a los 3.650 millones de pesos, cuando aún Adorni era secretario de Comunicación y Medios.

La presentación judicial advierte sobre presuntos «vínculos societarios cruzados» entre las tres empresas que compitieron (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.).

Por ejemplo, señala que el presidente de Area Tech fue empleado del titular de ATX hasta 2022 y que varias firmas compartían domicilio legal. Para la Justicia, esto podría configurar una «simulación de competencia», creando una falsa apariencia de pluralidad en la oferta.

A esta presunta cartelización se suma la sospecha de sobreprecios: el documento menciona que, en una compulsa similar de la Secretaría de Innovación, el valor por cada mensaje de texto (SMS) trepó de US$ 0,045 a US$0,076.

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Los nexos con YPF y Tecnópolis

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El segundo gran interrogante que intenta despejar la Justicia es si existió un mecanismo de «retorno de fondos públicos» a través de la consultora «+Be», propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. Según la denuncia, esta firma tiene como clientes a pesos pesados que son recurrentes contratistas del Estado.

Entre ellos, figuran el Grupo Datco (proveedor de Aerolíneas Argentinas, AySA y AFIP) y el Grupo Foggia. Este último resulta clave, ya que está vinculado al proceso impulsado por el Gobierno para concesionar el predio de Tecnópolis por 25 años, un negocio millonario gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni.

Otro punto sumamente delicado es la relación con YPF. La denuncia expone que National Shipping S.A., una naviera contratista de la petrolera de bandera por cifras multimillonarias, también es cliente de la consultora de Angeletti. Esta conexión cobra especial relevancia porque Adorni fue designado como director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026.

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Las medidas solicitadas por el fiscal Stornelli

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El cúmulo de acusaciones incluyen presunta comisión de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. El fiscal Carlos Stornelli resolvió impulsar una contundente batería de medidas, según consignó Clarín.

El Ministerio Público Fiscal solicitó al juez Lijo:

• Copias de los expedientes administrativos de las áreas críticas de comunicación, para analizar los pagos por envíos masivos y soporte de software.
• Toda la documentación relativa a las condiciones bajo las cuales se está tramitando la concesión del predio de Tecnópolis.
• Informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre los legajos societarios de siete firmas tecnológicas (entre ellas ATX, Area Tech, Tsoft Informática y Lugalu) para identificar a los verdaderos beneficiarios y cruzar datos con funcionarios públicos.
• Que la Oficina Nacional de Contrataciones informe si empresas como Datco, National Shipping y Foggia Group son proveedoras recurrentes del Estado y si dichos procesos cumplieron con los estándares de transparencia.

Dado que la investigación no fue delegada en la fiscalía, el avance de estas medidas probatorias dependerá exclusivamente de la firma del juez Ariel Lijo, magistrado que paralelamente tramita otra causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, la cual sí se encuentra delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.