Islas Malvinas: denuncian por contrabando a pesqueras que operan en el mar argentino con licencias británicas
La Justicia Federal investigará a corporaciones internacionales acusadas de evadir controles y explotar recursos en el mar argentino con permisos británicos. La medida se suma a las causas por exploración de hidrocarburos y revive el fuerte debate que generó la reforma pesquera impulsada en la Ley Ómnibus.
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes 14 de septiembre una denuncia penal contra los directivos, administradores y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas. Las empresas están acusadas de explotar recursos vivos marinos en el mar argentino utilizando autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La presentación judicial fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano. Los letrados sostuvieron que estas actividades extractivas afectan de manera directa la soberanía del Estado nacional, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. La denuncia individualizó a corporaciones de origen español, específicamente de la región de Galicia, entre las que se encuentran Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, las cuales operan de manera conjunta con sociedades mixtas constituidas en las islas.
Evasión, clandestinidad y el antecedente petrolero
De acuerdo con el escrito judicial, las maniobras de las pesqueras configuran el delito de contrabando mediante dos conductas principales.
En primer lugar, se denunció la evasión del control aduanero, dado que las firmas extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional para luego realizar exportaciones, transbordos en alta mar o descargas directas en Puerto Argentino o en terminales de terceros países, omitiendo deliberadamente la fiscalización de la República Argentina.
En segundo lugar, los letrados señalaron la existencia de clandestinidad y engaño, ya que al ampararse en permisos otorgados por una potencia ocupante de facto, las empresas evitarían el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes.
Estas acciones encuadrarían en los artículos 863, 864 (inciso a) y 865 del Código Aduanero de la Nación, invocándose agravantes por la afectación patrimonial del Estado, la participación organizada de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir a la Prefectura Naval Argentina y a la Aduana. Para avanzar con la investigación, los abogados propusieron librar oficios a la Prefectura, al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a la Dirección General de Aduanas y a la Inspección General de Justicia (IGJ) para verificar los vínculos comerciales y operativos de estas compañías en el territorio continental. Además, solicitaron investigar un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión de vigilancia y patrullaje.
Este frente judicial avanza en paralelo a las causas que tramitan en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py, impulsadas por la Cancillería debido a las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
En dicho expediente, el Gobierno ya identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con los proyectos petroleros. La investigación incorporó recientemente a empresas como Rockhopper Exploration Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited, profundizando además la pesquisa sobre personas relacionadas con la compañía de Israel, Navitas Petroleum.
Islas Malvinas: El Gobierno evalúa incluir la pesca y retrotrae el debate sobre la Ley Omnibus
El gobierno de Javier Milei impulsará en el Congreso extender los alcances de la Ley 26.659, popularmente conocida como la Ley Pino Solanas, la cual fue aprobada el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner, que pena la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina bajo control extranjero.
Asimismo, según reportó Infobae, el Ejecutivo analiza incluir otras actividades -como la pesca- tras un reclamo de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), que argumentó que entraría en los mismos criterios que impulsa el oficialismo en relación a la actividad petrolera.
De esta manera, en caso de concretarse, la administración libertaria dejaría atrás su intento de modificar la Ley Federal de Pesca 24.922, que había intentado cambiar a través del proyecto de Ley Ómnibus en el 2024. El texto original proponía derogar el artículo 27º bis, el cual limita las operaciones en aguas jurisdiccionales argentinas a quienes no tuvieran un permiso otorgado por la Autoridad de Aplicación o tuvieran vínculos con quienes realizan explotaciones sin dicho aval.
El experto en Atlántico Sur y Pesca, César Lerena, alertó en su momento que la eliminación de ese artículo facilitaría el ejercicio ilegal británico al otorgar licencias de pesca. Lerena subrayó que el marco vigente facultaba a la Argentina a aplicar sanciones a empresas que pescan ilegalmente con licencias de los isleños británicos, quienes se llevan un promedio de 250.000 toneladas anuales de productos pesqueros, según denunció a Agenda Malvinas.
El especialista advirtió que derogar esas facultades implicaba un grave retroceso y una violación a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, atentando contra el objetivo permanente de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía.
Además de la derogación de sanciones, la Ley Ómnibus buscaba eliminar el artículo 25, que obliga a descargar la pesca en puertos nacionales, y el artículo 40, que exige contratar personal de embarque de nacionalidad argentina. También proponía licitaciones públicas internacionales sin atender el historial de capturas ni la capacidad de inversión de las empresas locales.
Estas reformas despertaron el rechazo inmediato de los gobernadores patagónicos, entre ellos Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, quienes emitieron un sólido comunicado advirtiendo que las medidas abrían el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros y afectaban gravemente la economía nacional.
Tras el reclamo de los mandatarios provinciales y reuniones de urgencia en Casa Rosada, el por entonces ministro de Interior, Guillermo Francos, anunció que se realizarían «clarificaciones» en los artículos pesqueros. Finalmente, la presión política forzó al Gobierno a dar marcha atrás con los puntos más polémicos, garantizando que se mantendría la soberanía nacional dentro de las 200 millas de la costa y protegiendo la exclusividad del trabajo y la industria argentina.
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