La Libertad Avanza avanzó sobre un organismo que produce datos económicos estratégicos
Es la Oficina de Presupuesto del Congreso, un cuerpo técnico y apolítico que hecha luz sobre tópicos presupuestarios y financieros y que supo generar documentos que entraron en contradicción con la versión oficial. Cómo fue la maniobra.
De manera sigilosa y sin cámaras ni periodistas que registraran el hecho, La Libertad Avanza ejecutó una maniobra polémica: intervino la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo de asesoramiento técnico y apolítico del Poder Legislativo que elabora informes rigurosos sobre el costo fiscal de las leyes en tratamiento, la ejecución presupuestaria y otros temas, que en más de una ocasión entraron en contradicción con la versión oficial.
El oficialismo intervino la Oficina de Presupuesto del Congreso
El organismo funciona desde el año 2016 y los informes que produce sirven de insumo para el debate legislativo y también para fallos judiciales. Sin ir más lejos, cuando en marzo pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera “inmediata” con la Ley de Financiamiento Universitario, citó datos de la OPC para sostener que el impacto fiscal de esa norma era del 0,23% del PBI. “Dicha cifra representa un ahorro poco significativo para el Presupuesto Global de Gastos de la Administración Pública”, sostuvo el tribunal.
La oficina ya había implementado cambios en sus informes, en los que, por ejemplo, había dejado de publicar el detalle de los vencimientos de deuda pública. La información era valiosa para hacer un seguimiento del movimiento de las reservas en relación a los diferentes pagos que tenían realizarse con privados u organismos multilaterales.
La semana pasada, un movimiento de La Libertad Avanza llamó aún más la atención. Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras (el diputado Bertie Benegas Lynch y el senador Agustín Monteverde) convocaron a constituir la comisión bicameral que por ley debe supervisar a la OPC.
El grado de secretismo fue en aumento. La reunión, concretada el 2 de junio, no fue transmitida por los canales institucionales del Senado, por lo que no quedó registro audiovisual. Por si fuera poco, el encuentro no se celebró en ninguno de los salones del Palacio, sino en la Oficina 70 “C”, ubicada en un entrepiso del Senado.
Monteverde, cercano a Patricia Bullrich, fue nombrado como titular y la bicameral quedó conformada con mayoría oficialista: además de su presidente y Benegas Lynch, la integraron los aliados Daiana Fernández Molero (PRO) y Silva Schneider (UCR). El único representante de la oposición fue el kirchnerista Carlos Castagneto, extitular de la AFIP.
Una vez nombrados, los legisladores oficialistas y afines firmaron una resolución que encomendó a la OPC “reformular” el Plan de Trabajo Anual 2026 “para su correspondiente evaluación y eventual aprobación definitiva”, y la instruyó a “cumplir las restricciones de ejecución de actividades extraordinarias o no planificadas, debiendo someter al aval previo de esta Comisión de Supervisión Parlamentaria cualquier propuesta de análisis técnico”.
Más adelante, la resolución establece que “toda actividad, estudio o requerimiento de información de carácter extraordinario que surja por fuera del Plan Anual de Trabajo aprobado deberá contar de forma obligatoria con el aval previo y formal de esta Comisión de Supervisión Parlamentaria para proceder a su inicio, resguardando la no desviación de los recursos técnicos y humanos hacia tareas ajenas a las prioridades legislativas fijadas”.
La diputada Julia Strada, referente económica del bloque Unión por la Patria, salió a denunciar que le pusieron un “cepo” a la OPC. “Los legisladores oficialistas y aliados impulsaron una resolución que paraliza el funcionamiento de la OPC”, advirtió.
Según la legisladora, el apartado cuestionado significa que “la OPC ya no podrá elaborar informes, estudios ni responder requerimientos que no estén incluidos en un Plan Anual previamente aprobado”.
“Y ahí está el problema: la misma Comisión decidió devolver el Plan Anual de Trabajo presentado por la OPC y exigió su reformulación. Mientras ese plan no sea aprobado, la Oficina queda virtualmente paralizada, porque tampoco puede avanzar en actividades por fuera del plan sin autorización política previa”, explicó Strada.
En redes sociales, la diputada se preguntó: “Si el modelo económico está fantástico, ¿por qué le tienen tanto miedo a los datos y al rigor técnico?”.
Qué es la Oficina de Presupuesto del Congreso
La OPC es dirigida por Gabriel Esterelles, Licenciado en Economía y Magister en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Finanzas y Presupuesto Público. El organismo cuenta con una estructura pequeña, de cuatro directores en distintas áreas. Años atrás, uno de sus directores fue Carlos Guberman, quien hoy se desempeña como secretario de Hacienda del gobierno de Javier Milei.
Entre las funciones de la OPC están las de producir informes sobre el proyecto de Presupuesto que envía el Ejecutivo cada año; y realizar, a pedido de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras, estimaciones de impacto en materia de ingresos y gastos de proyectos de ley presentados por legisladores.
También tiene la misión de analizar la ejecución físico-financiera del Presupuesto y el impacto de políticas y programas del gobierno expresadas en él; evaluar el comportamiento de los tributos vigentes y el impacto de reformas tributarias propuestas; llevar a cabo estudios sobre federalismo fiscal y sustentabilidad intertemporal de la deuda pública; e introducir perspectiva de género en los documentos.
Corresponsalía Buenos Aires
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