Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema para suspender su aplicación
El recurso extraordinario fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación. El Estado argumentó que no pueden cumplir con la ley porque "no prevé una fuente de financiamiento".
El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo liderado por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para suspender la aplicación de los dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
Se trata de los artículos 5 y 6 que establecen la actualización automática de salarios y becas universitarias según la inflación (IPC) desde diciembre 2023. Estos puntos se plantearon en un intento por recomponer el poder adquisitivo tras la pérdida contra el índice de precios.
El Gobierno busca suspender la ley de financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada dos veces en el Congreso, pero pese a esto en el Ejecutivo marcan que el «el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento».
La presentación del nuevo recurso es una estrategia más para frenar la aplicación de la normativa, pero aún así el Gobierno no cree que la Corte Suprema logre tomar el caso, sin embargo está estirando los plazos para cumplir con la ley. Cuando se agoten todas las instancias judiciales, el Poder Ejecutivo se verá obligado a transferir a las universidades nacionales un total de $2,5 billones.
Nación considera que en «ningún momento se previó donde obtener esas partidas. De manera posterior se trató el Presupuesto 2026 y quienes impulsaron esta ley podrían haber dicho de dónde tenían que salir las partidas y tampoco lo hicieron. Frente a esta situación y al agotamiento de los plazos, estamos presentando el recurso hasta que se pueda definir la forma de financiamiento».
Para la administración libertaria, esta obligación implicará el retorno del déficit fiscal y reconoce que hasta el momento, no dispone de los fondos necesarios para cumplir con el fallo.
Una fuente de la Casa Rosada, precisó a Infobae: «Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos».
Es necesario resaltar que la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario fue el resultado de una coalición parlamentaria opositora que en 2025 logró rechazar el veto presidencial e instalar el reclamo judicial. El oficialismo intentó en varias ocasiones bloquear la propuesta, pero perdió margen de maniobra ante el avance de los sectores aliados y opositores.
La legislación obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en septiembre de 2025. Además también se exige la recomposición de todas las becas estudiantiles. Si el Ejecutivo no apelaba frente a la Corte Suprema, debía empezar a hacer frente con los pagos más inmediatos que supone la ley sancionada el año pasado.
Con información de Infobae
Comentarios