El Senado aprobó la modificación de la Ley de Glaciares y el proyecto pasa a Diputados

El Senado debate este jueves en el recinto la reforma a la ley de Glaciares, un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

En una votación que se anticipaba ajustada, la modificación fue finalmente aprobada con 40 votos a favor y 31 en contra, mientras que un senador se abstuvo.

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La Ley de Glaciares pasa a Diputados: nueva victoria para el oficialismo

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En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, podría haber fugas ya que es incierta la postura que podrían tomar ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), por tomar algunos ejemplos.

Al margen de cómo se distribuya el voto en la principal fuerza de la oposición, el oficialismo contaría con las voluntades suficientes para aprobar la iniciativa, ya que se introdujeron modificaciones de último momento en el dictamen en el marco de negociaciones con el radicalismo y otras fuerzas dialoguistas.

Horas antes de que comenzara el debate en el recinto de la Cámara baja se produjeron incidentes en las afueras del Congreso, que terminó con una docena de activistas de Greenpeace detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión.

Pero el episodio más lamentable ocurrió cuando un camarógrafo de A24 fue reprimido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar los ataques con gas pimienta de la policía.

El oficialismo encaró el debate por la ley de Glaciares después de haber aprobado por amplia mayoría el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

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El proyecto

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El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.

A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El debate

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El senador nacional de la Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma a la Ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa”.

«Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos», aseguró el oficialista fueguino.

Por su parte, el senador por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) reclamó “discutir de cara a la gente” ya que “esto no es una mera norma técnica”.

«Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua», advirtió.

Su par del bloque Justicialista Carlos Linares también se expresó en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, y consideró que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.

“La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino. Es necesario que los gobiernos provinciales le hagan sentir el rigor a las empresas porque cuando terminan estos pueblos quedan abandonados”, expresó el chubutense.

El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera remarcó que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”.

«Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias», explicó el libertario sanjuanino.

A su turno, Alicia Kirchner (Justicialista) sostuvo que “con este proyecto hay retroceso institucional”.

«El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica», apuntó la ex ministra de Desarrollo Social de Néstor y Cristina Kirchner.

El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”.

«El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario», dijo.

En tanto, su coprovinciano Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales» sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.

“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió.

Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”.

“Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.

La también rionegrina Ana Marks (Justicialista) denunció que con la reforma planteada por el oficialismo “quieren seguir profundizando este país que entrega y permite que se saqueen sus recursos en función de los intereses de las corporaciones”.

«Sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no hay posibilidad de producción y tampoco hay seguridad sanitaria», expresó la senadora kirchnerista.

“Tenemos un gobierno flexibilizador, entreguista, que busca el saqueo, que le interesan más los bolsillos de las corporaciones que nuestros pibes tomen agua sin contaminar cuando abran la canilla”, disparó.

En insistió en que el objetivo es “flexibilizar para responder a los intereses del saqueo de empresas foráneas”.

Maximiliano Abad (UCR) reconoció que alrededor del tema existe una natural «tensión entre la preservación de ecosistemas y el progreso económico»,

«Los países con alto nivel de desarrollo la solucionaron con instituciones sólidas, controles eficaces y reglas que cumplen, puntualizó.

Y concluyó que “el proyecto no ofrece una mirada de equilibrio”, por lo que anticipó su voto “no positivo”.

El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) también se manifestó en contra y sostuvo que “la Argentina necesita generar trabajo y un desarrollo productivo real y para eso tiene que crecer de manera sustentable, cuidando los recursos para no eliminar esos activos”.

«Si queremos seguridad jurídica necesitamos una norma técnicamente robusta», agregó el senador opositor.

En la misma sintonía, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) aseguró que este proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares ”está signado por la improvisación» y “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares».

El senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez explicó hoy la razón por la cual votará este jueves la reforma a la Ley de Glaciares de modo diametralmente opuesto a cómo lo había hecho en 2010 cuando se sancionó la iniciativa, y aclaró que no se considera a sí mismo “un falso, un cínico ni un hipócrita”.

“Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico”, lanzó el cordobés, recientemente incorporado a las filas libertarias.

“No soy un falso, un cínico ni un hipócrita. Hace 16 años yo levantaba la mano y lográbamos tener un estándar básico y mínimo. 16 años después, sin borrar el codo lo que escribía con la mano, apoyo esta ley que le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a lo que votamos en el 2010”, argumentó.

Juez recordó que aquella votación se ganó 35 a 33 y que apuntó que la mayoría de los senadores del peronismo habían “votado decididamente en contra”.

“Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares pero en aquel momento votaron decididamente en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo”, comentó durante la sesión en la Cámara alta.

Edith Terenzi (Despierta Chubut) sostuvo que “impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad juridica que es lo que el gobierno está persiguiendo sino todo lo contrario: va a generar más incertidumbre”.

“El proyecto presenta vicios inconstitucionales muy importantes. Desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales de Escazú y ahora Mercosur-Unión Europea, y resulta incluso incompatible con la legislación ambiental vigente”, completó.