Ley de Soberanía: cuáles son los puntos más controversiales que cedió el Gobierno para lograr el dictamen en Diputados

El oficialismo aceptó introducir modificaciones sustanciales en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Tras intensas negociaciones encabezadas por la Secretaría Legal y Técnica y las autoridades del bloque libertario, la Casa Rosada acotó las sanciones comerciales por la causa Malvinas, dio marcha atrás con el cuestionado delito de «desinformación masiva» para resguardar la libertad de prensa y aceptó un mayor control del Poder Legislativo.

Con estos cambios, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, busca firmar esta semana el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.

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Punto por punto: los cambios clave acordados en el proyecto

Flexibilización en las sanciones a empresas y proveedores:

• Criterio de intencionalidad: se acotó el régimen de sanciones a quienes operen en la plataforma continental y en Malvinas sin autorización. Para penalizar a un proveedor, la ley exigirá demostrar que los bienes o servicios suministrados eran indispensables para la actividad ilegal y que la empresa conocía, o no podía desconocer, su destino.
  
• Excepción a accionistas minoritarios: quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión sin poder de decisión sobre los activos.
  
• Baja de penas y multas: la pena mínima de prisión para proveedores de bienes esenciales bajó de cinco a dos años. Además, las multas por celebrar nuevos contratos se fijaron entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido, o entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo. La recaudación se destinará al Ministerio de Defensa para reequipamiento e infraestructura militar.

Mayor control parlamentario y exclusión política interna:

• Comisión Bicameral: se creó un órgano parlamentario de seguimiento integrado por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo de Seguridad Nacional deberá informarle en un plazo de 48 horas sobre sanciones, rechazos de inversión extranjera o medidas operativas de emergencia (como la interceptación de vuelos o embarcaciones).
  
• Límite a la seguridad interior: se prohibió expresamente que el Consejo intervenga en seguridad interior, acotando su función a la protección marítima y de infraestructura crítica.
  
• Tensión en el Ejecutivo: el texto sumó entre las autoridades del Consejo al presidente provisional del Senado, al titular de Diputados y a los gobernadores, pero omitió de forma expresa a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

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De la «desinformación masiva» a la «injerencia extranjera»

• Sustitución del tipo penal: se eliminó el polémico concepto de «desinformación masiva», que preveía hasta 12 años de cárcel por manipular la opinión pública.
  
• Nueva tipificación: fue reemplazado por la figura de «campaña de injerencia extranjera», la cual requiere probar maniobras clandestinas, engañosas o coercitivas junto a un agente externo.
  
• Garantía para el periodismo: el articulado aclara formalmente que el delito no alcanza al ejercicio de la actividad periodística, la investigación académica, la función diplomática ni la libre expresión de opiniones.

Supervisión de inversiones en infraestructura crítica

• Control de capitales estatales externos: se incorporó un capítulo para revisar inversiones de Estados extranjeros en áreas clave como defensa, telecomunicaciones, energía, minería e hidrocarburos.
  
• Facultad de desinversión: el Presidente podrá decretar el rechazo o exigir la desinversión de un proyecto mediante decreto fundado en razones de seguridad nacional.
  
• Excepciones para el RIGI e Internet: quedaron resguardados los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con solicitud previa a la sanción de la ley. Además, se fijó una cláusula para evitar que estas atribuciones se utilicen para bloquear o monitorear contenidos en internet.