Los tres acusados por el ataque al presidente del Concejo de Villa Regina seguirán en libertad
Esta mañana se presentaron con su abogado ante la Justicia. La Fiscalía intentó sostener el pedido de detención, pero el juez rechazó los planteos.
La agresión contra el presidente del Concejo ocurrió el martes por la noche, luego de la apertura de sesiones.
Los tres acusados por el ataque al presidente del Concejo Deliberante de Villa Regina se presentaron esta mañana ante la Justicia, para una audiencia en la que se resolvió que permanezcan en libertad. Desde el Ministerio Público Fiscal se insistió en el pedido para que sean detenidos, al menos hasta la formulación de cargos, pero el juez Gastón Pierroni rechazó ese planteo, considerando que no existen motivos justificados para privarlos de su libertad.
Los sospechosos formaron parte el martes por la noche del grupo que increpó al titular del legislativo reginense, Maximiliano Garré, luego del acto de apertura de sesiones ordinarias protagonizado por el intendente, Luis Albrieu.
La conducción y afiliados al gremio ATE intentaron ingresar al recinto y como no pudieron hacerlo, luego de la ceremonia mantuvieron un tenso cruce con el titular del Concejo. Fue en ese contexto en el que Garré sufrió un violento cabezazo en su rostro, que le provocó lesiones en la boca.
El funcionario presentó una denuncia, identificó al responsable de esa agresión y sumado a los videos y testimonios que aparecieron en las horas posteriores, la fiscal Vanesa Cascallares pidió el miércoles la detención de Ariel Leguizamón, de Andrés Mardones y de Damián Zavala.
Esos tres hombres se presentaron esta mañana en la sede judicial de Regina junto al abogado Diego Broggini, para una audiencia de control de detención.
La fiscal sostuvo allí la necesidad de que queden detenidos, detallando que la orden se expidió una vez que se los buscó en sus domicilios y no pudieron ser hallados y que, una vez requerida la detención, recién 24 horas después se presentaron en una audiencia.
Cascallares dijo que la orden estaba debidamente fundada en los riesgos de entorpecimiento de la investigación y fuga, ya que no habían podido ser hallados oportunamente en sus domicilios. A esa postura adhirió la querella.
Luego de más de una hora de debate, el juez Pierroni consideró en primer término que la orden era legítima, legal y ajustada a derecho en función de los argumentos dados por la acusación pública y privada en la audiencia. No obstante, dispuso la continuidad de su libertad de los imputados.
El magistrado valoró que se presentaron y manifestaron en la audiencia que se mantendrían a disposición. “Los tres tienen trabajo y son empleados públicos y la defensa se ha puesto a disposición”, indicó.
“Tampoco surgen manifestaciones de víctimas y testigos que puedan inferir algún tipo de coacción sobre ellos”, agregó.
“Entiendo que no hay justificación de momento para que los tres imputados sean detenidos en el marco del proceso”, expresó el Juez. Reiteró que «no hubo entorpecimiento”, pero para neutralizar cualquier peligro que la Fiscalía considere latente dispuso que los tres imputados deberán realizar presentaciones ante la Fiscalía dos veces por semana, durante el horario de atención al público y prohibió el acercamiento y contacto con víctimas y testigos para garantizar su protección y la investigación en curso.
La Fiscalía pidió la revocatoria de tal decisión, reiteró que no habían sido detenidos “porque estaban escondidos”.
“Tengo fundadas razones para detenerlos por 24 horas hasta tanto pueda efectuarse la audiencia de formulación de cargos. No estamos hoy discutiendo la prisión preventiva, sólo la detención por 24 horas hasta tanto formulemos cargos y ahí sí podamos pedir medidas cautelares”, sostuvo Cascallares.
La querella también se opuso a la determinación del juez y ambas partes requirieron la revisión de la misma, planteando incluso la necesidad de que esa audiencia se realice de manera urgente, este viernes.
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