Malvinas: el Gobierno denunció a Reino Unido ante el Tribunal del Mar por el avance del proyecto Sea Lion
Tras vencerse el ultimátum de dos semanas, la Casa Rosada hizo oficial su presentación internacional para frenar el proyecto británico Sea Lion. La estrategia legal bajo el paraguas de la ONU, el factor ambiental y la carrera contrarreloj por los recursos del Atlántico Sur.
El presidente Javier Milei cumplió su advertencia diplomática. Ante la rotunda negativa de Londres de frenar sus operaciones hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, el Gobierno nacional presentó formalmente este martes un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para bloquear la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas.
La confirmación llegó a través de un duro comunicado de la Oficina del Presidente. La presentación internacional busca frenar en seco el avance del megaproyecto Sea Lion, emplazado en la Cuenca Malvinas Norte.
El ultimátum había llegado a su límite el lunes 12 de octubre. Exactamente dos semanas antes, el 28 de septiembre, la Cancillería argentina había notificado al Reino Unido que, de no suspender las obras de forma unilateral, la disputa escalaría a los tribunales internacionales de Hamburgo.
Ante el silencio británico, el Ejecutivo activó la ofensiva legal que venía anticipando desde el impulso de la Ley de Soberanía.
Las claves de la presentación argentina ante el Tribunal
El documento oficial detalla los fundamentos de esta medida de urgencia, amparada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Los pilares del reclamo son:
- Freno a la ilegalidad: la solicitud busca impedir actividades «autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido» para evitar que agraven la controversia ya reconocida por la ONU.
- Defensa ambiental y soberana: se invocó el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR. Este mecanismo permite pedir medidas urgentes para preservar los derechos de las partes o «prevenir daños graves al medio marino».
- El objetivo táctico: congelar las obras del consorcio británico antes de que comiencen a extraer el primer barril de crudo, algo proyectado comercialmente para el año 2028.
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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026
Una cautelar, no un fallo de soberanía: qué dice el pedido
Para entender la maniobra de la Cancillería, es vital aclarar un punto técnico: la Argentina no le pide a este tribunal que decida de quién son las islas. El Tribunal del Mar no tiene competencia territorial. Lo que el Gobierno exige es una «cautelar» gigante para proteger los recursos naturales.
El reclamo de fondo por la explotación unilateral se resolverá mediante un tribunal arbitral de cinco miembros que todavía debe conformarse (Argentina eligió la vía de Hamburgo, mientras que el Reino Unido prefiere la Corte Internacional de Justicia). Mientras esa pesada burocracia internacional avanza, la Casa Rosada busca asfixiar el avance petrolero.
El comunicado presidencial cerró con un mensaje directo hacia la comunidad global y el propio gobierno británico: «La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía (…) Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas».
Qué es Sea Lion, el proyecto petrolero en disputa en Malvinas
Sea Lion es un yacimiento costa afuera ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo desarrollan la israelí Navitas Petroleum, operadora y principal accionista, y la británica Rockhopper Exploration, con licencias otorgadas por el gobierno isleño. Ambas mantienen sus planes pese a la ofensiva argentina.
El Gobierno confía en un antecedente: en 2012, el mismo tribunal ordenó en dos meses liberar la fragata Libertad, retenida en Ghana por un reclamo de fondos buitre.
La estrategia, sin embargo, tiene críticos. Diplomáticos consultados por La Nación la consideraron arriesgada: recordaron que los gobiernos anteriores evitaron judicializar la cuestión Malvinas por temor a que un fallo adverso favorezca a los isleños. También advirtieron que el argumento británico de la autodeterminación suele tener peso en los tribunales internacionales.
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