Más juicios por corrupción y narcomenudeo: lo que espera la política del Poder Judicial de Neuquén en 2025

Este año todo lo que ocurra en Tribunales será incorporado como un insumo a la campaña electoral. Los casos Planes Sociales y Gloria Ruiz serán emblemáticos, no los únicos.

Hoy, primer día hábil de trabajo luego de la feria de verano, el Poder Judicial de Neuquén tendrá dos actividades de alto contenido simbólico para lo que se espera de este año: una capacitación en narcomenudeo y un juicio oral por un caso de corrupción.

Obtener resultados medibles en el combate al microtráfico y que haya condenas por casos de corrupción son dos aspiraciones de la política para este año en el que todos los escenarios estarán impregnados por la campaña electoral de medio término.

El gobierno provincial demostró que dispone de suficientes herramientas a su alcance como para no depender de los siempre cuestionados tiempos judiciales y avanzar con rapidez en las áreas que le interesan.

A fuerza de auditorías internas en ministerios y secretarías, y poniendo a trabajar a organismos superpoblados, caros y que históricamente miraron para el costado -fiscalía de Estado, Contaduría General, Tribunal de Cuentas- la administración provincial demostró que donde busca, encuentra. O hasta la profundidad que busca, encuentra.

Apenas asumió, hace más de un año, Rolando Figueroa dijo sin vueltas que quería «presos» a los que cometieron la estafa con planes sociales. En ese entonces había tres imputados con prisión preventiva; hoy no hay ninguno, y el juicio oral ni siquiera tiene fecha.

Mientras el Poder Judicial avanza como paquidermo, en ese año el poder político se las arregló para:

Destituir a la vicegobernadora Gloria Ruiz por inhabilidad moral. La fiscalía aún no la imputó formalmente, será otra de las causas emblemáticas en este año electoral.

Gloria Ruiz, el día que fue suspendida por la Legislatura de Neuquén. (Archivo/Matías Subat)

Terminar de abollar la ya golpeada imagen del exgobernador Omar Gutiérrez con una auditoría sobre las canchas de césped sintético promocionadas durante su gestión y que ahora está en duda si se hicieron o no, y a qué precio.

Acallar a las organizaciones sociales al dejar al descubierto detalles del acuerdo -también con el gobierno de Omar Gutiérrez- para el manejo de millonarias sumas de dinero.

Salpicar indiscriminadamente a empleados estatales, en particular docentes, por el festival de certificados médicos truchos que detectó una auditoría, en complicidad con el accionar inescrupuloso de algunos profesionales de la salud.

La política juega con otras cartas, y la utiliza a fondo.

Todos esos escándalos se convirtieron o convertirán en causas penales que este año podrán ser utilizadas como insumo en una campaña electoral en la que transparencia, corrupción, gasto estatal, serán algunos de los escenarios de la contienda.

«Salí hecho un desgraciado»


El uso político del Poder Judicial tiene antecedentes en la provincia. Quedó grabada en piedra la frase del exgobernador Jorge Sobisch cuando intentó justificar su maniobra para copar el Tribunal Superior de Justicia con aliados: “Yo salí de acá (de su primer gobierno), salí pobre, hecho un desgraciado, y me pasearon por todos los juzgados. Entonces uno empieza a tener miedo”. Lo dijo en una cámara oculta que nunca llegó a juicio.

No quiere decir que la historia se repetirá, pero los legajos penales ahí están, latentes: la historia de los Planes Sociales empezó mucho antes del 2020; es impredecible hasta dónde llegarán las esquirlas del caso Gloria Ruiz; quién sabe cuántas firmas figuran al pie de las canchas de césped sintético que no se hicieron… ¿Cuándo se despertará la vocación por profundizar estas investigaciones? ¿Se despertará?

Quién impulsa es la cuestión


El peso de impulsar la acción recae en el Ministerio Público Fiscal. El jefe, José Gerez, concentra energías en su gran apuesta para este año: el narcomenudeo. Ya no lo convocan para destrabar conflictos de toda índole como antaño, de modo que se muestra hiperactivo en sus reuniones con funcionarios del ministerio de Justicia de Nación y con fiscales de Rosario. Busca instalar a Neuquén a nivel nacional, como referencia.

Por ley, el fiscal general no puede intervenir de manera directa en casos en los que se investiguen delitos contra la administración pública o en los que se encuentren imputados funcionarios públicos.

Y si de impulsar la acción se trata, esos legajos por casos de corrupción tienen como querellante a la fiscalía de Estado que goza de las mismas facultades para pedir que se acelere el trámite.

La agenda


Un cronograma tentativo de lo que sucederá este mes y los próximos registra los siguientes acontecimientos.

El 14 de febrero habrá una audiencia con un grupo de imputados en la causa planes sociales que aceptaron declararse culpables y cumplir una pena de prisión en suspenso.

El 18 de febrero será la audiencia más importante hasta ahora de planes sociales. Se discutirán las pruebas que se utilizarán en el juicio oral, y eventualmente se fijará la fecha. Puede que nada salga como está previsto, la capacidad de sorprender que tiene esta causa es inagotable.

Este mes, o en marzo debería ser la audiencia de formulación de cargos en el sistema de causas que orbitan en torno de Gloria Ruiz. Esto incluye a la exvicegobernadora por actos cometidos en el ejercicio de ese cargo; a su hermano Pablo por los plazos fijos que armó como director de la Casa de las Leyes, a su suegra y al cuñado de ésta por todo lo relacionado con la compra de la camioneta Toyota SW4; ¿también a las empresas con las que contrató publicidad, banners carísimos, empleados que iban a trabajar y el sueldo lo cobraba la esposa, y demás?

Habrá que ver si la fiscalía incluye también maniobras detectadas durante su paso por la intendencia de Plottier. Y en ese caso, qué sucederá con el actual jefe municipal Luis Bertolini, cuya firma figura -según dijo el fiscal jefe Pablo Vignaroli- dando aval a actos que ahora están bajo sospecha cuando era secretario de Obras Públicas.

Uno de los allanamientos en Cae Babylon, por el dinero a las cooperativas y organizaciones sociales. (Archivo/Matías Subat)

• Está pendiente la formulación de cargos contra las organizaciones sociales por el manejo de fondos con las cooperativas de trabajo.

• Lo mismo respecto de profesionales que emitían certificados de salud truchos y estatales que supuestamente los compraban.

• El escándalo de las canchas de césped sintético ya tiene su investigación de oficio. Debería derivar en algún momento del año en una formulación de cargos.

La cancha de césped sintético de hockey de Ciudad Deportiva, una de las analizadas. (Archivo/Matías Subat).

• El año judicial comienza hoy con otro caso emblemático que también viene de la gestión anterior: en Cutral Co empieza el juicio de cesura por las muertes ocurridas en la explosión e incendio del 29 de junio del 2021 en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque.

Las víctimas fueron la docente Mónica Jara (34, era su primer día de trabajo); el gasista Nicolás Francés (70, contratado irregularmente, sin papeles, sin declarar, sin registrar) y su sobrino Mariano Spinedi (47, había ido para ayudarlo, solidariamente).

Si bien este caso en particular no fue tomado como ejemplo de la cruzada anticorrupción oficial (¿acaso porque es una bandera de ATEN?), quedó demostrado a lo largo del histórico juicio realizado el año pasado que existe opacidad en la obra pública en Neuquén. Y que es un camino de ida y vuelta con particulares; por eso fueron condenados Diego Bulgheroni, Héctor Villanueva (de la empresa Arte Construcciones), Carlos Córdoba, Sergio Percat y Raúl Capdevilla (de la secretaría de Obras Públicas). Resultó absuelto el subsecretario Roberto Deza.

Escuela para jueces y juezas


Hoy se realizará una capacitación en narcomenudeo a la que fueron convocados todos los jueces y juezas penales de la provincia (la invitación los sorprendió el 10 de enero en su casilla de correo). Será en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, de 9 a 13. Es decir que este lunes víctimas e imputados no tendrán acceso al servicio de justicia porque el workshop, en vez de hacerse en contraturno, se programó en el horario de las audiencias así que las suspendieron a casi todas. El Poder Judicial todavía se pregunta por qué figura en los últimos puestos de la consideración ciudadana.

¿En qué consistirá? Una parte central será el análisis de fallos federales que establecieron algunos criterios para aplicar las figuras de tenencia simple de estupefacientes; tenencia para consumo; o tenencia con fines de comercialización, entre otras.

Una frontera borrosa


El universo vinculado con los estupefacientes ilegales está regulado por la ley nacional 23.737. El Poder Judicial de Neuquén se hará cargo de investigar y juzgar el último tramo del negocio, la venta minorista, mientras que la justicia federal continuará a cargo de perseguir a las grandes organizaciones criminales.

Entre los muchos interrogantes, el primero es cómo se decide cuándo un caso es provincial y cuándo es federal. ¿Por la cantidad de droga secuestrada? ¿Por el modo en que fue hallada? ¿Si fue en una vivienda o en un traslado? ¿Por los antecedentes de quien la tenía en su poder? Las variantes son muchísimas.

Otras inquietudes que surgen es cómo determinar si la droga era para consumo personal, o si se trató de una tenencia simple, o una tenencia con fines de comercialización. No hay una tabla matemática que lo defina, y del criterio que se aplique depende la libertad de una persona, la continuidad de la investigación, y el juez o jueza que intervendrá.

Un caso práctico


Ejemplo. Una persona es sorprendida en plena ruta con 11 bolsas de marihuana. Según la justicia provincial es un clásico caso de transporte de estupefacientes y corresponde que intervenga la justicia federal. Pero según la justicia federal está muy claro que la droga era trasladada con fines de narcomenudeo, así que le corresponde el caso a la provincia.

Es lo que se llama un conflicto de competencia. Destrabarlo lleva tiempo. ¿Quién se queda con la investigación? Si a las fronteras difusas se le añade una comunicación defectuosa entre ambas jurisdicciones, además de tiempo se pierden recursos y eficacia.

Hay fallos a nivel nacional que ya se pronunciaron al respecto, pero en el Poder Judicial de Neuquén no están habituados a tratar esta materia. Por eso en la capacitación de este lunes repasarán la jurisprudencia.

No hay posturas uniformes


Secuestrar cocaína y marihuana; allanar inmuebles donde se venden estupefacientes; detener a personas dedicadas a la venta minorista: se prevé que se convertirá en paisaje cotidiano y el gobierno provincial le dará amplio despliegue publicitario. Necesita algo más: juicios orales rápidos y condenas a prisión efectiva.

Las sentencias las dictan jueces y juezas, que distan de tener una postura uniforme frente al fenómeno.

¿Cuánto tardará el gobernador en salir a pedir públicamente «queremos presos» por narcomenudeo, como dijo sobre los presuntos responsables de la estafa con planes sociales?

Lo cual nos lleva al siguiente nivel: la situación de las cárceles y comisarías. Ya no hay espacio para seguir alojando personas privadas de su libertad en condiciones dignas, y el gobierno no ha construido ni un metro cuadrado nuevo. Los conflictos son cada vez más frecuentes, e inventar motines ya no es una salida creíble.

Mazieres en la presidencia


El 17 de febrero Mazieres asumirá la presidencia del TSJ. (Archivo)

Este año trae la novedad de un nuevo presidente en el Tribunal Superior de Justicia. Gustavo Andrés Mazieres, el último vocal en llegar al cuerpo asumirá por primera vez la presidencia el lunes 17.

Mazieres es peronista y llegó a la vocalía producto de un acuerdo entre Omar Gutiérrez y el senador Oscar Parrilli. La mayoría de los otros vocales surgieron del MPN: Soledad Gennari, Evaldo Moya y Germán Busamia. El quinto, Alfredo Elosu Larumbe, hizo casi toda su carrera dentro del Poder Judicial y disimula bien su inclinación política.

Como ya publicó diario RÍO NEGRO, Mazieres tendrá que administrar un presupuesto de 260.197.239.015 pesos, de los cuales 121.300.000.000 de pesos le tendrá que pedir al Ejecutivo provincial porque la ley de Autarquía financiera en los hechos no está operativa. Esta subordinación implica que Hacienda audita -y aprueba o veta- cada erogación del Poder Judicial. La intangibilidad mantiene a los salarios fuera del cerrojo; el recorte del gasto se percibe en la demora en aprobar el Convenio Colectivo de Trabajo.

Desde la cumbre del Tribunal le tocará, justamente, mantener dentro de su cauce los reclamos del sindicato de empleados Sejun, que se ha revelado como el más díscolo de los estatales. Cada medida de fuerza rebota de manera directa en la población más necesitada y hace levantar la voz del Colegio de Abogados.

Además, al Tribunal Superior aterrizan toda clase de apelaciones. Las que hacen más ruido mediático son las causas penales, pero es importante el caudal de legajos civiles, laborales, ambientales y de la materia procesal administrativa. Allí especialmente pone un ojo el gobierno.


Hoy, primer día hábil de trabajo luego de la feria de verano, el Poder Judicial de Neuquén tendrá dos actividades de alto contenido simbólico para lo que se espera de este año: una capacitación en narcomenudeo y un juicio oral por un caso de corrupción.

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