Nación avanza contra los celulares en las cárceles: cómo funcionará el nuevo sistema de bloqueo
La medida fue confirmada a través del Boletín Oficial, designando a la Subsecretaría de Articulación Federal como autoridad de aplicación. Se convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la iniciativa.
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de celulares en establecimientos penitenciarios. La iniciativa se suma a la normativa que se dictó semanas atrás la cual apunta a reforzar el combate contra el uso ilegal de dispositivos móviles en cárceles federales y provinciales.
Programa para bloquear celulares en las cárceles
La medida se confirmó con la publicación de la resolución 806/2026 en el Boletín Oficial. En ella se convocó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema mediante un convenio específico anexado a la normativa.
De acuerdo con lo informado, el bloqueo alcanza al IMEI (identificador único del dispositivo), el IMSI (identificador asociado a la tarjeta SIM) y la línea telefónica vinculada, con el fin de dificultar que los internos coordinen maniobras ilícitas desde la cárcel, incluso si logran cambiar la SIM del equipo intervenido.
La encargada de llevar adelante el programa en las jurisdicciones que lo soliciten será la Subsecretaria de Articulación Federal. Con la publicación de la resolución, quedó aprobado un modelo de convenio de adhesión para que cada provincia, si lo decide, acceda al sistema nacional de detección y bloqueo.
En tanto, la cartera de Seguridad Nacional actuará como ventanilla única para canalizar los pedidos hacia las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil. La decisión ya había quedado asentada en la resolución 734/2026 del 13 de agosto donde explicaron que se trataría del punto de entrega de información de los dispositivos detectados en los establecimientos penitenciarios a las compañías prestadoras a fin de que procedan a su bloqueo de conformidad.
El procedimiento se basa en antecedentes normativos como la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en cárceles, y la resolución previa del ENACOM que precisó las obligaciones de los prestadores.
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