Petróleo en Malvinas: la estrategia de Argentina para frenar Sea Lion y los próximos pasos contra Reino Unido

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Luego de dos audiencias, celebradas los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Argentina y el Reino Unido esperan la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar respecto al futuro del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. El proceso, desarrollado ante un panel de 21 jueces presidido por Maurice Kamga, constituye la primera instancia en la que ambos países se enfrentan en un tribunal por la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.

Argentina busca frenar el avance de Sea Lion en Malvinas: la estrategia y los próximo pasos contra Reino Unido

Durante las exposiciones, la delegación argentina -encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto al embajador Mario Oyarzábal y asesores legales externos- solicitó cuatro medidas provisionales concretas.

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El pedido busca que Reino Unido:

• Suspenda cualquier nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada a Sea Lion
• Se abstenga de utilizar la información recolectada en las tareas de exploración en detrimento de los derechos argentinos
• Cese de obstaculizar las obligaciones de protección ambiental de Argentina bajo la Convención de las Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar)
• No otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa

Por su parte, la defensa británica, liderada por la fiscal general Ellie Reeves, centró su argumentación en cuestionar la competencia del Tribunal, sosteniendo que la presentación argentina encubre un reclamo de soberanía que excede la jurisdicción del organismo. Asimismo, la representación de Londres recurrió al discurso pronunciado por el presidente Javier Milei en septiembre ante la ONU para señalar una supuesta falta de voluntad de negociación por parte de Buenos Aires.

Frente a este planteo, el embajador Oyarzábal respondió de manera formal que las declaraciones presidenciales también ratificaron el compromiso con la paz y la resolución de conflictos dentro del marco del derecho internacional, diferenciando las cuestiones políticas de los fundamentos estrictamente jurídicos del litigio.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el arbitraje en Alemania forma parte de un esquema de acción más amplio diseñado por el Gobierno nacional dentro de la causa Malvinas. Esta estrategia combina frentes diplomáticos, legislativos y judiciales.

En el plano parlamentario, el Congreso se prepara para tratar la próxima semana el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía de Malvinas, el cual recibió cambios respecto de su redacción original. En paralelo, en el ámbito penal, avanzan las causas abiertas contra los directivos de las empresas operadoras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El canciller Pablo Quirno confirmó que las compañías mencionadas y sus autoridades incurren en delitos contemplados por la legislación argentina, en línea con las intimaciones formales enviadas en septiembre a la cúpula de Rockhopper advirtiendo sobre posibles procesamientos penales, multas y penas de prisión.

Ahora las expectativas se concentran en el próximo 28 de noviembre, fecha estipulada para concoer el dictamen del Tribunal del Mar. El Ejecutivo nacional mantiene cautela aunque destacan la solidez de los argumentos presentados frente a la representación británica.

Desde Cancillería señalan que, más allá de que el organismo no resuelve la cuestión de fondo sobre la soberanía, un fallo favorable que ordene medidas provisionales tendría un impacto político relevante al confirmar la existencia de una controversia activa sobre el territorio, debilitando la postura histórica del Reino Unido de dar por cerrado el diferendo.