Piden investigar a intendente que regaló vehículos del municipio y lotes a familiares
La actual gestión de gobierno en San Patricio del Chañar a cargo de Leandro Bertoya hizo una denuncia penal contra la gestión de Ramón Osés porque vendió vehículos que entregó horas antes de irse del municipio a cambio de cheques sin fondos y porque entregó lotes gratis a familiares propios y de funcionarios y a los que no eran de la familia les cobró el terreno.
La actual gestión de la municipalidad de El Chañar a cargo de Leandro Bertoya denunció a su antecesor Ramón Osés, ambos del MPN. (Gentileza municipalidad de San Patricio del Chañar)
Por entregar lotes gratis a familiares de funcionarios y concejales, vender vehículos del municipio a cambio de cheques sin fondos, fue denunciado por defraudación agravada por fraude a la administración pública el anterior intendente Ramón Oses por parte de la actual administración municipal a cargo de Leandro Bertoya.
Los vehículos entregados de noche
Carlos Fernández era el apoderado del municipio de San Patricio del Chañar y había denunciado la existencia de una serie de hechos que tendrían carácter delictivo vinculados a la venta de parte del parque automotor de la comuna. La licitación fue adjudicada a la única empresa ofertante Servicios Belu representada por Mario Costich.
La empresa pagó con seis cheques por unos $3,8 millones que no sólo tenían errores en su confección sino que no tenían fondos. Según indicó en la denuncia ante el fiscal, el abogado Juan Manuel Coto le sumó, ahora, que los bienes fueron entregados en la noche del 9 de diciembre de 2019 y la madrugada del 10 de diciembre de 2019, a horas de la asunción del intendente Leandro Bertoya.
Previo a recurrir ante la justicia penal, Bertoya envió una carta documento, el 15 de enero del 2020, para que Costich cambie los cheques porque no tenían fondos. El pedido que se hizo a la Justicia es que se pidan informes fiscales a la AFIP sobre los años 2019, 2020 y 2021 de Juan Ramón Osés, Mariela del Carmen Jara, Gustavo Miguel Moine, Irma Alejandra Lorenzo Palacios, Freddy González González, Jaime Benedicto González González y Mario Costich.
También se pidió que se pida al escribano Martín Luis Dalla Villa quien pese a tener domicilio en Picún Leufú y trabajar en esa jurisdicción fue contratado por la comuna en la gestión de Oses para realizar actas notariales.
Las máquinas y el contrato
La segunda denuncia de la comuna de El Chañar hace referencia a que la comuna contrató, en la anterior gestión, al banco BICE para un contrato de leasing por el cual el Concejo Deliberante concedió la autorización a favor de Nación Leasing SA para comprar vehículos por un monto máximo de $40 millones.
Bice Leasing absorbió a Nación Leasing pero el monto de la operación superó ese límite. Como el crédito iba a superar la gestión, la Carta Orgánica establece que requiere una doble lectura del Concejo Deliberante, trámite que se obvió. Los contratos fueron por 36 meses que se contaron desde mayo de 2019 cuando la gestión de Oses vencía en diciembre.
En este punto fueron también los concejales los que participaron de la maniobra porque no la frenaron a sabiendas que se estaba incurriendo en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La autorización por $40 millones pero se gastó $99 millones de los cuales $70 millones eran afectación de la coparticipación municipal y afectaba a futuras gestiones.
Las elecciones del 2019 fueron en marzo, cuando ganó Bertoya, y desde esa fecha hasta que asumió en diciembre «la municipalidad de San Patricio del Chañar venió y compró bienes muebles e inmuebles, se endeudó por más de $100 millones, benefició a familiares, amigos y allegados de agentes municipales en funciones, efectuó pagos, recibió cheques incobrables, todos hechos imputables al intendente Ramón Osés y a sus concejales», dice la denuncia.
Loteos pagos y gratuitos
En la tercera denuncia, se explicó que el 28 de noviembre de 2019, el municipio de El Chañar procedió a la venta sin licitación o remate púlbico y adjudicó 340 lotes en el contexto de una ordenanza de emergencia habitacional y urbanística.
La ordenanza creó un reglamento para acceder a «Mi primer terreno» donde se privilegiaba a personas con hijos, si estos tienen discapacidades, si tenía trabajo, estado civil, profesión y prohibiciones.
Se llamó a inscripción y se anotaron 800 personas por lo que la comisión evaluadora procedió a confeccionar dos listados por un lado para los 340 y otro para 420 restantes, todas aspirantes a obtener lotes de contenido social producto de la compra que hiciera el municipio de 14 hectáreas.
Qué pasó: el listado de 420 aspirantes fue destinado una empresa privada, Segesta, que tiene un loteo en la localidad para tener prioridades de compra sin mayores beneficios en cuanto al precio y la forma de pago, diferente a cualquier otro vecino.
A las 340 personas que integraron el primer listado se les otorgó tenencia precaria en noviembre, a días del cambio de gestión.
La operatoria no tuvo el voto de los concejales Yanina Capece y Verónica González quienes «evidentemente no se hallaban de acuerdo con el accionar de los funcionarios involucrados ya que en el listado en cuestión se hallaban un sinnúmero de familiares directos tanto del intendente como de los concejales».
Para ser más claros, en la denuncia se indicó que en el listado de los lotes que debían ser pagados al privado no había familiares pero en el de los lotes entregados gratuitamente estaban todos los familiares del intendente y los concejales.
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