Quieren que la justicia federal decida si Neuquén puede tener voz y voto en las represas

Desde la Unión Cívica Radical y de Unión de los Neuquinos se harán presentaciones judiciales para resistir la decisión del gobierno nacional de privatizar, otra vez, el manejo de las represas hidroeléctricas. El gobierno de Neuquén no ha dado muestras de aceptar el convite político.

La actitud de Nación de ignorar a las provincias en el manejo de las represas de los ríos Neuquén y Limay generó la reactivación de los reclamos ante el Poder Judicial bajo la consigna de que son las dueñas de los recursos naturales.

En la jornada de este jueves se difundirá sobre la presentación de una serie de recursos judiciales en contra de la privatización de las empresas hidroeléctricas y de los ríos, según reza la invitación que cursó la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén.

Estas medidas se sumarán a las que anunciaron los diputados de la Unión Cívica Radical Pablo Cervi (nacional) y César Gass (provincial) quienes harán una campaña para poder radicar el recurso que no tuvo eco en la Corte Suprema de Justicia en el juzgado federal de la ciudad de Neuquén.

«Lo grave de esta situación es que las provincias de Neuquén y Río Negro no han sido convocadas ni a ser parte ni a discutir sobre el futuro de las seis represas hidroeléctricas, cuyo insumo principal es el agua y que, como recurso natural, pertenece a las provincias«, se indicó en la convocatoria de la Defensoría del Pueblo de la ciudad.

La semana pasada, el gobierno nacional publicó la formación de cuatro sociedades anónimas con capitales de Energía Argentina SA, Enarsa, y Nucleoeléctrica Argentina, NASA, (la empresa que maneja las centrales nucleares). Los nombres de las cuatro sociedades son Hidroeléctrica Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Los objetivos sociales de las nuevas sociedades anónimas es administrar las represas una vez que se venzan las concesiones que tienen Enel (El Chocón y el compensador Arroyito), Aconcagua Energía (Cerros Colorados), Central Puerto (Piedra del Águila) y AES (Alicurá).

El vencimiento de las prórrogas de las concesiones (fueron otorgadas por 30 años) será el 11 y 29 de agosto.

Enarsa y NASA forman parte del listado que el gobierno de Javier Milei incluyó en la Ley Bases sujetas a privatización, según observó el dirigente de Unión de los Neuquinos, Mariano Mansilla, quien adelantó que buscará la forma de presentar recursos ante la justicia para remendar la situación.

Gass en declaraciones a RN Radio, dijo que la Corte Suprema es la que se encarga de velar por la legalidad de los actos que se producen a nivel gubernamental, y que, una vez conocida la formación de las SA, se buscará darle «mayor músculo, mayor fuerza, mayor intensidad» al reclamo.

«Creemos que hay que hacer una presentación también en el juzgado federal porque son cuestiones federales«, dijo y aclaró que la intención es que no sea, como el reclamo ante la corte que motorizó junto a Cervi, sino que «hay que confluir en un reclamo para evitar el despojo de la provincia, un despojo de sus recursos naturales y luchar todos con mayor fuerza».

Gass contó que le envió una nota al gobernador Rolando Figueroa par que convocara a todos los diputados nacionales y provinciales para hacer un frente común e incluyó a otros gobernadores patagónicos.

«Esto de pelear solo no va, esto de querer que negociando solo se logran algunas cosas no, se pierden más de lo que se logra», dijo y agregó que la intención es hacer esa convocatoria «de gran magnitud en la firma que lleve la mayor cantidad de diputados provinciales y nacionales«.

El gobierno de Rolando Figueroa a través de su ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, cuestionó la decisión y observó que tanto Enarsa como NASA no tienen experiencia en la administración de una represa de producción de energía, trajo a colación el reclamo para que se realicen obras que permitan controlar una crecida máxima del río Neuquén, y aseguró que buscará un acuerdo con la secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo.

La Legislatura de Neuquén sancionó una ley que faculta a Recursos Hídricos de la provincia a fijar un canon por el uso del agua del río Neuquén y la mitad del río Limay que aún no se ha publicado la reglamentación que precise el precio que debe ser por metro cúbico. Río Negro, en cambio, cobrará también pero como un porcentaje de lo producido.

El gobernador Rolando Figueroa, al ser consultado por Diario Río Negro, con relación a la creación de las cuatro SA dijo que la provincia insistirá en que se cobre el uso del agua a partir de que en la Constitución Nacional reformada en 1994 se estableció que las Provincias son dueñas de los recursos naturales.

Es decir, que el cobro del canon debería comenzar una vez que se produzca el fin del período de concesión en el próximo mes.

Fuentes que siguen de cerca el laberíntico proceso entre la Nación, las empresas concesionarias y las provincias, indicaron que el gobierno nacional es remiso a aceptar el canon que pretenden cobrar las provincias porque interpreta que ese pago ya está incluido en las regalías.

Estas se pagan a razón del 12% de una parte del precio final que venden las represas, no del total, y en el caso de Neuquén significa solo un pequeño porcentaje de lo que la Provincia cobra como dividendos por ser accionista, sin derecho a voto, de Hidroeléctrica El Chocón y Piedra del Águila.


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