Río Negro: la Legislatura se encamina en junio para elegir la nueva conducción de la Defensoría

La sesión será en la segunda semana. El binomio más firme se integra con la oficialista Ibero y el peronista Larreguy. Se trataría, además, la reforma del Código Procesal Administrativo.

La Legislatura sesionará la segunda semana de junio con un temario que incluiría la modificación del Código Procesal Administrativo y, además, los parlamentarios designarán a las autoridades de la Defensoría del Pueblo para el período 2022-2027.


Los mandatos de Adriana Santagatti y César Dominguez vencerán a mediados de junio, por lo cual, la Legislatura realizará la elección en la próxima sesión, prevista entre el martes 7 y viernes 10.

De los 21 inscriptos, Labor Parlamentaria seleccionó a 10 postulantes y los bloques trabajan en la búsqueda de los consensos porque la Constitución Provincial exige dos tercios de los legisladores para la designación de los titulares del mencionado órgano de control.

El oficialismo, con 28 legisladores, puntea en ese propósito ya que solo requiere tres parlamentarios más para obtener los 31 votos para esa mayoría especial. JSRN propone en la conducción de la Defensoría a la médica Mercedes Ibero, que hoy es funcionaria provincial y, además, el año pasado, fue segunda candidata de esa fuerza para la Cámara Baja.

El Adjunto se habría sido acordado con la bancada del Frente Renovador, que encabeza Nicolás Rochas y dispone de los tres parlamentarios necesarios. Sería Alvaro Larreguy, abogado que integra el equipo de la secretaría de Medio Ambiente y, además, es hijo del fallecido dirigente peronista Carlos Larreguy.

El bloque del Frente de Todos procuró -aparentemente, sin resultados- negociar con el oficialismo y proponer a Manuel Castañeda, asesor de esa bancada, o a Eva Scatena, integrante de la Defensoría, como segundo en ese organismo.

La lista de diez seleccionados se completa con la actual Defensora, Adriana Santagati; la ex titular, Nadina Díaz, el ex funcionario Rodolfo Artola; la directora del Tribunal de Cuentas, Edith Gertosio, José María Ramallo de Jacobacci, y la roquense Juliana Tamborini.

Comisiones de Constitucionales y Presupuesto

Simultáneamente, esta semana, las comisiones dieron tratamiento a distintos proyectos, entre ellos, dictaminaron favorablemente modificaciones al Código Procesal Administrativo, alentadas por el Superior Tribunal de Justicia.

La reunión de Constitucionales, con la participación del juez del STJ, Ricardo Apcarian. Foto: Gentileza.

En la Comisión, el vocal del STJ, Ricardo Apcarián destacó que “el proyecto busca unificar el criterio para el acceso a la revisión judicial, en todos aquellos procedimientos administrativos especiales, regulado con leyes especiales y que no se rigen por la ley “madre” de procedimiento administrativo”.

Resaltó que “es importante poder regular e integrar el código procesal administrativo, unificar en el código la forma de acceder a la revisión judicial de estos procedimientos, hoy dispersos en una gran cantidad de leyes”.

El plazo para apelar la decisión administrativa será de 30 días, que es el mismo previsto para el proceso ordinario en el Código Procesal Administrativo. Quedaría un único plazo para recurrir a todas las decisiones administrativas.

Este proyecto fue aprobado por las comisiones de Constitucionales y Presupuesto, como también, se dictaminó favorablemente la incorporación en el Código de Aguas de un artículo para regular el plazo de prescripción aplicables a los tributos y multas que percibe el Departamento Provincial de Aguas en cumplimiento de las facultades que tiene a su cargo.


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