Río Negro | Tres proyectos en debate para que tengan prisión preventiva los involucrados en más de un delito

La reiterancia delictiva entró en agenda y la próxima semana se incluirá en el temario de la primera sesión de la Legislatura de Río Negro, tras el inicio de sesiones de este año, que fue confirmada para el jueves.

Pero este concepto-refiere a una persona investigada por más de un hecho delictivo- que pretende ser incorporado en el Código Procesal Penal no surge ahora con el impulso del Poder Ejecutivo que tomó nota de una demanda social, ya existían dos proyectos de ley presentados en 2024 por tres fuerzas opositoras afines a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, que tienen diferentes planteos, pero el objetivo final es el mismo.

El Gobierno envió a la Legislatura a principios de mayo su proyecto amplio en el que incorpora en el Código Procesal Penal la huella genética, para aportar un elemento valioso a la investigación penal, y en el mismo texto plantea la modificación de la ley 5020 en el artículo 109 referido a la “procedencia” de la prisión preventiva.

Allí incorpora el punto 5 entre los motivos que puede tener la fiscalía para solicitar la prisión preventiva de una persona vinculada a un hecho delictivo que establece: “Que exista reiterancia en la comisión de delito, entendida como la concurrencia de una causa penal en curso con al menos otro proceso penal activo en el que se haya confirmado la formulación de cargos, o con al menos dos declaraciones judiciales de flagrancia”.

Este apartado incorporado aclara que “no se considerará a tal fin procesos archivados, sobreseídos o prescritos”.

Posiblemente, como ha ocurrido con otras propuestas con varias iniciativas, será el proyecto del Ejecutivo el que prime en el debate, pero es válido mencionar qué otros aportes se realizaron desde la oposición en la misma materia.

Una incorporación simple

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El año pasado ante el “indudable aumento de la criminalidad”, los legisladores Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y César Domínguez -sin bloque definido hasta el momento y separados en la actualidad- tomaron nota de la demanda social y presentaron el primer proyecto (que tiene el número 317/2024) vinculado a la reiterancia con el objetivo de “dar herramientas” a los fiscales.

El texto, simple, incorpora el punto quinto entre la “procedencia” de la prisión preventiva que establece el artículo 109 de la Ley 5020 y simplemente suma: “Que haya sido reiterante en la comisión de delito”.

Más elementos para la prisión preventiva

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También en el 2024, las legisladoras Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) y Martina Lacour (PRO) , con acompañamiento de todo el bloque del partido que conduce Juan Martin, dieron cuenta que otras provincias ya incluyeron la posibilidad de la prisión preventiva en los casos de reiterancia y sumaron su iniciativa resaltando el “interés estatal de prevenir daños a la comunidad”. Apuntan a hechos dolosos.

El proyecto incorpora dos modificaciones a la Ley 5020: por un lado, agrega el artículo 15 bis que define la “reiterancia delictiva” como un elemento a tener en cuenta a los efectos de la determinación de la prisión preventiva “o de otras medidas que coarten la libertad o los derechos del imputado”.

Puntualiza que “se deberá considerar la reiteración en la comisión de delitos, entendida como la existencia de conductas dolosas transgresoras de la ley penal repetidas en más de dos oportunidades sin que mediare condena, que hubieren dado lugar a la formulación de cargos cualquiera sea el estado o el resultado de los procesos”.

El proyecto suma un segundo artículo específico para incorporar el artículo 109 bis definido como “peligrosidad procesal” con un carácter más amplio que otras iniciativas rionegrinas mediante el cual indica que “podrá ser causal suficiente para decidir una medida de restricción de libertad” no solo cuando el imputado hubiera incurrido en reiterancia sino también cuando “durante la ejecución del hecho delictivo, o con posterioridad para asegurar sus resultados utilizaren armas de fuego, o cuando se hubieren violado medidas de coerción establecidas en el mismo proceso o en otros anteriores, o cuando la seguridad de la víctima o de testigos se encuentre en peligro o bajo amenaza si el imputado permanece en libertad cuando existieren antecedentes o indicios pertinentes”. 

Agrega además “cuando en el hecho investigado existieren evidencias de grave violencia hacia la integridad física de las personas.”